En un día como hoy, en el que se celebra la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos que reconoce el derecho a la vivienda como intrínseco al derecho a un nivel de vida adecuado, merece una especial reflexión el papel que juega la eficiencia energética

En el actual contexto de emergencia climática, la implementación de medidas que contribuyan a la mitigación y a la adaptación al cambio climático debería ser una prioridad urgente. Los resultados de la reciente cumbre del clima COP 26 celebrada en Glasgow, poco satisfactorios según los expertos para evitar un aumento medio de las temperaturas a finales de siglo por debajo de 1,5ºC, apuntalan esa exigencia. Este escenario se ha vuelto aún más complejo como consecuencia de la pandemia de la COVID19, que ha venido a alterar un sistema productivo fuertemente globalizado e interdependiente, provocando una crisis económica con un aumento de la pobreza y de la vulnerabilidad en amplios sectores de la población. 

Nuestro país está ubicado en una de las zonas del planeta, la cuenca Mediterránea, que más va a sufrir los efectos del cambio climático donde la temperatura media respecto a mediados del siglo XIX ha aumentado ya entre 1,4-1,5 grados. Al mismo tiempo, España atraviesa una situación de emergencia social caracterizada por una elevada tasa de desempleo (del 16%, del 40% entre los jóvenes), una fuerte  temporalidad (alrededor del 25%) y con cerca de una  cuarta parte de la población en riesgo de pobreza o de exclusión social. Consecuentemente, muchos españoles se ven afectados por la pobreza energética. Los datos del “4º Estudio sobre Pobreza Energética en España” realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) en 2018, señalan que el 15% de los hogares de nuestro país, unos 6,8 millones de personas, sufría temperaturas inadecuadas o se retrasaba en el pago de las facturas de energía, o ambas cosas. Y todo ello antes de la escalada de precios de la electricidad que se viene experimentando a lo largo de este año 2021. Algo que en un día como hoy, en el que se celebra la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos que reconoce el derecho a la vivienda como intrínseco al derecho a un nivel de vida adecuado, merece una especial reflexión.

Esta situación requiere avanzar en el desarrollo de iniciativas concretas que aborden la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs), el aumento de la eficiencia energética y que atiendan a la emergencia social. La rehabilitación térmica de edificios, con lo que supone de mejora de las condiciones de habitabilidad, reducción del consumo y de emisiones, es una medida de adaptación al cambio climático que conlleva la posibilidad de generación de un empleo de calidad. Desde hace una década la Unión Europea trata de impulsar este tipo de actuaciones a través de Directivas destinadas a lograr un parque de edificios descarbonizado y de alta eficiencia energética para 2050, iniciativas como la “Oleada de Renovación” en el marco del Pacto Verde Europeo o su toma de consideración en el Plan Europeo de Recuperación NextGeneration EU. 

En sintonía con las  iniciativas europeas, España dispone de una “Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España” (ERESEE 2020)”, que persigue descarbonizar el parque edificatorio para el año 2050 y reducir  más de un 30% su actual consumo de energía. Prevé haber rehabilitado 7.100.000 viviendas en el 2050, a razón de  236.667 viviendas anuales, con una  inversión de 26.000 M€. Teniendo en cuenta que en España hay un parque de 25,5 millones de viviendas, las previsiones de la ERESSE significan una tasa de renovación de 1,37% anual, o del 1,9% anual si se consideran los 18 millones de viviendas que son principales. Se trata de valores por debajo del 2-3% anual que se necesita para alcanzar la neutralidad carbónica en 2050 del sector prevista por la UE.

El estudio “La rehabilitación energética como vector para la recuperación económica y la creación de empleo” realizado recientemente por ISTAS-CCOO, propone incrementar estas tasas aumentando el volumen del parque de viviendas sometido a rehabilitación a lo largo del periodo 2021-2050. El análisis llevado a cabo dibuja dos escenarios posibles, en los que estudia tanto las posibilidades de acelerar el ritmo y el alcance de la renovación como las de creación de empleo, ahorro y reducción de emisiones. 

El primero de los escenarios tiene como objetivo rehabilitar 12 millones de viviendas en 2050, con una media anual de 401.622 viviendas rehabilitadas, y tasas de renovación del 2,04% anual para todo el parque inmobiliario y de un 2,9% anual si únicamente se consideran las viviendas principales. Ello supondría una inversión de 29.756 M€, una tercera parte de los cuales serían de inversión pública estatal. El segundo de los escenarios eleva los objetivos a 15,5 millones de viviendas rehabilitadas en 2050, con una media anual de 518.000 viviendas, que se traduciría en tasas anuales de renovación del 2,75%  para la totalidad del parque edificatorio, y del 3,9% en caso de aplicarlo solo a las viviendas principales. Este escenario significaría una inversión de unos 37.000 M€, de los que 12.000M€ corresponderían a ayudas del Estado.

El empleo total que se podría generar (incluyendo empleos directos, indirectos e inducidos) fluctuaría entre los  200.000 y los 256.000 empleos anuales total, con un incremento del PIB del 0,2% al 1,3%. En cualquiera de los escenarios se produciría un amplio retorno fiscal. Las ayudas recibidas para la rehabilitación de viviendas se recuperarían vía dinamización económica generada en el sector de la construcción, e ingresos del Estado a través del IRPF y Seguridad Social procedentes del empleo generado. En esas condiciones, el ahorro energético para 2030 podría situarse entre los 8.764 GWh y los 10.872 GWh (el equivalente al consumo energético de entre 1,4 y 1,7 millones de hogares), evitándose  la emisión de 3,3 millones de tCO2 a la atmósfera. En cuanto al  ahorro económico anual en la factura energética en 2030 podría oscilar de 3.561 a 4.418 M€. La puesta en marcha de cualquiera de los dos escenarios debería incorporar un objetivo de intervención en hogares de colectivos vulnerables que cubra al menos una media del 20% del volumen total de viviendas renovadas anualmente.

A la vista de los resultados mostrados por el estudio de ISTAS-CCOO, se plantea la necesidad de que los planes estatales propuestos hasta la fecha se hagan más ambiciosos, apostando más decididamente por acelerar la intensidad en la rehabilitación energética de edificios, una medida de adaptación al cambio climático con numerosas implicaciones a nivel económico, social y laboral que inciden de manera muy directa en la vida cotidiana de la mayor parte de la ciudadanía.