Proyecto FETA: Toma la palabra la población más vulnerable ante la transición energética
Vicente López
FETA es el acrónimo de “Fair Energy Transition for All”, un proyecto liderado por la Fundación King Baudouin (Bélgica) y financiado por un consorcio de grandes fundaciones europeas (Network of European Foundations NET) que cuenta con la participación de ISTAS-CCOO como socio en España. FETA tiene el propósito de corregir esta deficiencia y dar voz a lo que opina el colectivo de personas económicamente vulnerables respecto de los requisitos que debe tener la transición ecológica a la que estamos abocados para ser considerada JUSTA.
La Unión Europea ha iniciado el camino para un cambio de modelo energético. La sustitución de energías fósiles por energías renovables y las políticas de ahorro energético aparecen, junto con el proceso de digitalización, como uno de los pilares estratégicos de la construcción futura de las economías europeas. El objetivo básico de esta transición energética es compatibilizar la necesaria lucha contra el cambio climático y la dinamización de un modelo productivo basado en los procesos de digitalización y en las bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Una estructura productiva altamente competitiva y sostenible que debería asegurar una alta tasa de empleo y el mantenimiento de las políticas sociales necesarias para mantener altos niveles de cohesión social. En este contexto, el shock sanitario, social y económico provocado por la pandemia, ha conllevado la puesta en marcha por primera vez a escala europea de medidas económicas para la recuperación económica a través del llamado Fondo de Recuperación “NextGenerationEU”, donde aparece como línea estratégica de uno de sus instrumentos básicos, el “Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia”, las políticas destinadas a la transición ecológica.
Pero las medidas políticas encaminadas a este cambio de paradigma productivo (que no económico) pueden conllevar en el corto y medio plazo, efectos negativos sobre el nivel de empleo general de las economías y sobre las políticas de redistribución del ingreso, siendo especialmente negativas la población más vulnerable. ¿Cómo percibe la gente con menores recursos estos cambios?, ¿los consideran pertinentes?, ¿son conscientes de la importancia de la lucha contra el cambio climático?, ¿cómo creen que les va a afectar?, ¿qué políticas consideran importantes para que este cambio sea justo?
Hasta ahora, la población más vulnerable ha quedado al margen de las decisiones políticas sobre transición energética. FETA pretende precisamente darle voz a este colectivo para que las políticas sean más justas, pero también para conocer hasta qué punto son conscientes de la necesidad de estos cambios. ISTAS-CCOO fue seleccionada como partner en España y ha desarrollado de momento tres grupos focales con un total 45 personas en situación de vulnerabilidad económica. Si bien se trata de una aproximación parcial, los resultados del debate realizado en estos grupos nos señalan:
- La necesidad de políticas que aseguren mayores niveles de empleo,
- La cobertura de necesidades básicas, sobre todo en materia de vivienda y energía.
- La importancia consciente de la lucha contra el cambio climático, si bien, no aparece como prioridad entre sus demandas.
- La dificultad percibida para que los cambios que supone la transición energética se materialicen en mejoras en sus condiciones de vida.
- La desconfianza hacia los poderes públicos como gestores del cambio.
- Las dificultades de que este cambio también pueda ser “disfrutado” por las personas en situación más vulnerable económicamente.
La precariedad de las condiciones materiales de vida que padecen estas personas puede verse, y así lo trasladan en sus debates, empeoradas por la pérdida de empleos que pueda conllevar los procesos de digitalización o de transición ecológica. Estas personas acceden a empleos de baja calidad, temporales, sin contrato,… lo que les dificulta el acceso a la vivienda, incluso la vivienda social, (reconocido como el más importante al que se enfrentan cotidianamente) y al consumo de energía, tanto en la vivienda (iluminación, calefacción, o agua caliente sanitaria) como en el transporte (no utilizan el transporte privado y se quejan de las dificultades de acceso a un transporte público suficiente). En todos los grupos se observa la competencia por los recursos entre la población vulnerable que se visibiliza, sobre todo, a través de la diferencia entre la persona migrante y el autóctono. La justicia del proceso de transición energética para ellos pasa por las posibilidades de acceso a un empleo digno, unido de forma subsidiaria a las políticas que aseguren las condiciones básicas de vida (vivienda y energía).
Las personas económicamente vulnerables que hemos escuchado en estos grupos son conscientes de la importancia de cambiar la forma de producir y de vivir, pero también de que pueden estar excluidos por este cambio (“yo no tendré acceso a un coche eléctrico”), y que en todo caso, no puede suponer menos empleo (“si estos cambios conllevan menos empleo, nosotras estaremos peor”). Admiten la necesidad de que ciertos productos aumenten sus precios por el incremento de impuestos ecológicos, y consideran que el mayor ingreso público debe destinarse a mejorar la situación ambiental sin olvidar las necesidades básicas de la población, y que la gestión de estos recursos debe ser transparente y para ello participada por ONG o sistemas que aseguren la participación de los y las ciudadanas.
Para esta población, la frugalidad y el ahorro forman parte de las dinámicas vitales del día a día. “Es muy complicado vivir”, señalaba un migrante que vive ocupando una vivienda y “enganchándose” de forma ilegal a la luz. No tiene empleo porque no tiene papeles, ni tiene perspectivas en el corto plazo para mejorar su situación. Conoce la problemática que supone para el planeta y la humanidad el cambio climático y que hay que hacer algo; pero señala que si no se cubren las necesidades básicas de las personas, la lucha contra el cambio climático tampoco será posible.