Más allá del proceso de participación pública venimos exigiendo que se conformen mesas con los agentes económicos y sociales para el seguimiento en cada uno de los convenios junto con una mesa general para intervenir en su desarrollo estatal, así lo hemos hecho saber y en esa línea tenemos que seguir trabajando.
En el mes de febrero del 2019 se aprobó por el Consejo de Ministros el Marco Estratégico de Energía y Clima como respuesta de nuestro país, que se alinea con el compromiso de la Unión Europea de cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 y con un continente descarbonizado para el 2050.
El Marco Estratégico representa la hoja de ruta para alcanzar esos objetivos y está compuesto por el Proyecto de Ley de Cambio Climático (LCCyTE) y Transición Energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia Española de la Transición Justa (EETJ). Sin duda en todos estos documentos hay que profundizar, tanto en los que están aprobados con el PNIEC y la Estrategia, como en el que está en fase parlamentaria, el Proyecto de Ley de CCyTC, pieza clave en este puzle de la transición ecológica que tiene como primer hito solventar la puerta de esta transición hacia un continente descarbonizado, la transición energética.
Hace años que en este sindicato venimos hablando de la transición justa refiriéndonos a la necesidad acompañar estos procesos de cierre, transformación de sectores con medidas y políticas que impulsen otra forma de desarrollo, que den confianza a los afectados en que puede haber un futuro en territorios altísimamente dependientes de estas actividades económica y culturalmente.
Esta reivindicación del sindicalismo internacional fue calando hasta recogerse en el texto del Acuerdo de Paris de 2016 y que en España se articula a través de la Estrategia de Transición Justa. La Estrategia es el instrumento que debe facilitar el aprovechamiento de las oportunidades de empleo y mejorar la cohesión social y territorial orientando estas actividades a un desarrollo sostenible. La EETJ tiene carácter quinquenal e incluye objetivos y medidas directas a desarrollar por el Estado para hacer realidad este impulso a la transición ecológica de la economía pero sin duda también hacen falta medidas coordinadas y planificadas con las Comunidades Autónomas. También define algunos sectores identificados en la propia estrategia en los que se va a tener que actuar si se quiere desvincular el desarrollo económico de la emisión de gases de efecto invernadero. Sectores como el turismo, construcción, industria, movilidad, agricultura, pesca, forestal, agua, entre otros.
Una de las principales aportaciones de la Estrategia es la fórmula para actuar en las zonas afectadas por procesos cierres, los Convenios de Transición Justa que definen un procedimiento cuyo objetivo es concretar un Plan de Acción Integral con los proyectos para impulsar las economías las zonas delimitadas previamente como ámbito de afectación del Convenio previamente determinado.
¿Qué son los convenios de transición justa?
Los Convenios de Transición Justa no son convenios al uso, en la idea de negociación de las partes, el Convenio se establece mediante el acuerdo de compromiso del Estado de desarrollar los proyectos seleccionados para la reactivación de la zona afectada. Se suscriben entre los ministerios de MITECOR, TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL; INDUSTRIA y las autoridades autonómicas y locales incluidas en el ámbito del convenio. El procedimiento de desarrollo del convenio también señala que previamente a la fase de elaboración del convenio se debe firmar un protocolo general para facilitar la coordinación y el trabajo conjunto entre el Instituto Español para la Transición Justa y las autoridades autonómicas, aunque no es determinante para su puesta en funcionamiento. El documento definitivo del contenido del convenio es el Plan de Acción Integral de la zona donde se debe recoger el compromiso concreto para el desarrollo de los proyectos, cronogramas de cumplimiento y compromiso de financiación.
El proceso de elaboración de estos convenios tiene varias fases de desarrollo como la delimitación del ámbito geográfico del convenio, diagnóstico de la zona, proceso de participación pública, identificación de los potenciales proyectos, identificación de fuentes de financiación. Elaboración de Plan de Acción Integral y firma del Convenio de Transición Justa. El ente coordinador de este proceso será el Instituto para la Transición Justa, dependiente del MITECOR tiene por funciones la asistencia técnica, financiera y legal para los convenios de Transición Justa., la identificación y optimización de las oportunidades de actividad económica en esas zonas, la promoción y coordinación de las políticas industriales, de formación y empleo con las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.
En la actualidad hay trece convenios en proceso de elaboración del Plan Acción Integral que corresponden a zonas que están afectadas por el cierre de explotaciones mineras de carbón, centrales térmicas de carbón y nucleares. Los Convenios de Transición Justa ante el cierre de estas instalaciones eléctricas son un instrumento nuevo que trata de reactivar económicamente las zonas afectadas por esos cierres con una visión integral y coordinada de las mismas. Superan en ese sentido los acuerdos de minería que se desarrollaron durante varias décadas cuya eficacia fue limitada al no preverse en ellos una planificación de los proyectos. El nuevo mecanismo de los Convenios de Transición Justa supone, si se realizan adecuadamente, una verdadera oportunidad.
En este caso, los Convenios de Transición Justa son complementarios a las medidas recogidas en el Acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el período 2019-2027 y en el Acuerdo por una transición energética justa para centrales térmicas en cierre: el empleo, la industria y los territorios firmado en abril de 2020 por: las organizaciones sindicales, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Trabajo y Economía Social. También se han adherido a él las empresas propietarias de las Centrales: ENDESA, Iberdrola, Naturgy, Viesgo y está pendiente la adhesión EDP y Viesgo. Además en la Estrategia Española para la Transición Justa se incluye como anexo un Plan de Acción Urgente para comarcas del carbón y centrales en cierre 2019 – 2021.
El papel de los agentes económicos y sociales
Más allá del proceso de participación pública venimos exigiendo que se conformen mesas con los agentes económicos y sociales para el seguimiento en cada uno de los convenios junto con una mesa general para intervenir en su desarrollo estatal, así lo hemos hecho saber y en esa línea tenemos que seguir trabajando. La participación sindical dentro del marco de estos procesos debe ir orientada a la aportación de análisis, ideas y sugerencias para desarrollar medidas y proyectos empresariales, institucionales, públicos o mixtos para implementar en la zona. Para ello en este proceso es reseñable destacar el valor que han tenido para las propuestas presentadas los recientes estudios desarrollados por ISTAS para Asturias y León especialmente los referentes a las potencialidades industriales en energías renovables de estos territorios. Tenemos que aprovechar los estudios y análisis que hemos venido elaborando en nuestras organizaciones territoriales y federales para exprimir las propuestas.
Ante esta situación hemos desarrollado un trabajo confederal para coordinar nuestra participación en estos procesos, especialmente con la Federación de Industria la más afectada por el cierre de explotaciones y actividades en su sector. El carácter transversal de los procesos de transición justa afecta al territorio y también a diferentes sectores, a partir de ahí hemos organizado dos reuniones de coordinación, para profundizar en el conocimiento de estos convenios y para preparar nuestras aportaciones en los procesos de participación pública. En cada uno de estos convenios ha habido participación de Comisiones Obreras, me atrevo a valorar que con importantes aportaciones, fruto de las propuestas de las estructuras territoriales y federales.
Toda esta situación fue lanzada antes de la crisis sanitaria y económica que estamos soportando durante este año. Como consecuencia de ello y de la creación de los Fondos de Transición Justa y NEXT GENERATION EU se abre una puerta importante para la implementación de financiación de proyectos a estas y otras zonas con necesidades. Los ejes recogidos en el documento para la implementación concreta de esta transferencia es el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de la Economía Española que orientan otra forma de crecimiento económico y un impulso determinante a la transición ecológica y digital.
Desde Comisiones Obreras tenemos la esperanza de estar ante una fórmula que siente las bases de la elección de proyectos en la profesionalidad y en la calidad. No obstante, cambiar el modelo de desarrollo no pasa sólo por actuar en las empresas y proporcionar financiación, todo esto siendo imprescindible, debe acompañarse de políticas de acompañamiento en materia de investigación, educación, formación profesional o empleo que van a resultar fundamentales para insertarse y aprovechar la cadena de valor de muchos proyectos tractores.