El Pacto Verde Europeo y el Fondo de Recuperación Europeo: dos estrategias para un mismo fin
Mariano Sanz Lubeiro. Secretario Confederal de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO
Necesitamos una participación real de los agentes sociales en la toma compartida de decisiones si se pretende que la transformación del modelo de desarrollo económico prevea empleos decentes para las trabajadoras y trabajadores.
Hace un año estábamos a las puertas de la COP25, la Cumbre del Clima, que se celebró en Madrid de rebote. Una cumbre que, a pesar de la falta de ambición y compromiso de sus resultados, resultó un éxito de organización y demostró una capacidad de respuesta de nuestro país notable, dada la complejidad de desarrollar un acontecimiento como éste en poco más de un mes. Ese mismo mes de noviembre del 2019 se conformó el nuevo gobierno de la Comisión Europea, presidido por la política alemana Ursula von der Leyen, y se presentaron en el Parlamento Europeo las seis prioridades políticas de ese ejecutivo para los próximos cinco años: La lucha contra el cambio climático con el objetivo de ser el primer continente climáticamente neutro, una economía que trabaje para las personas y funcione para poner en marcha proyectos sociales y sea un impulso para la prosperidad, una Europa para la era digital, que empodere a las personas e impulse las tecnologías. Se busca una Europa más fuerte en el mundo, más líder global en la defensa de la democracia y referencia de determinación política hacia un desarrollo más sostenible.
Solo diez días después se presentó el Pacto Verde de la UE, un plan que incluye cincuenta acciones concretas para la lucha contra el cambio climático que pretende convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro en el año 2050. El objetivo de este “EU Green Deal” es que Europa tenga una economía limpia, con cero emisiones en 2050 y proteger nuestro hábitat natural para mejorar el bienestar de las personas, de las empresas y asumir el liderazgo en la acción climática en todo el planeta.
Como reflejan las encuestas, la ciudadanía europea está cada vez más preocupada por los temas medioambientales. Una creciente demanda social exige colocar en el centro de la prioridades políticas un desarrollo económico y social más sostenible y por supuesto la lucha contra el cambio climático y el respeto de los límites medioambientales.
Todo ello en un contexto de agravamiento de los efectos climáticos, fenómenos que cada vez inciden más en las condiciones de vida de la ciudadanía y que ha conllevado las declaraciones de “emergencia climática” en Europa en el mes de noviembre de 2019 o en España el 21 de enero de 2020. Esta es la respuesta de nuestro continente al llamamiento por parte de la comunidad científica de arbitrar políticas y actuaciones urgentes para luchar contra este problema. Así, junto con esta declaración, el gobierno de España se comprometió a desarrollar 30 líneas de acción, para implementar cinco de ellas en los 100 primeros días “para hacer frente a la crisis climática y aprovechar los beneficios sociales y económicos que ofrece la transición energética”.
Es importante tener en cuenta este contexto, tanto europeo como español, para entender la fundamentación de muchos de los requisitos que marcan los objetivos, prioridades y políticas a implementar para acceder a los fondos del Plan de Recuperación para Europa.
Por otra parte, también a finales de noviembre de 2020, estábamos muy pendientes de la evolución del brote de pandemia que acababa de estallar en China, el inefable Covid´19, pero creo que estábamos lejos de sospechar las gravísimas consecuencias que iba acarrear en nuestro continente, más de 3.500.000 de casos confirmados y de 200.000 muertos. Europa es el segundo continente más afectado por esta pandemia. En España, a mes de noviembre, hay más de 1´5 millones de personas infectadas, con una altísima mortalidad que se acerca a los 45.000 fallecidos. A ello hay que unir las gravísimas consecuencias en la economía, que según un reciente informe de la Comisión Europea calcula que España despedirá el 2020 con una caída del PIB del 12,4% siendo la mayor caída de todos los países de la Unión Europea, y con un aumento de la tasa de desempleo de 16,7%.
La respuesta para afrontar esta crisis económica ha sido, afortunadamente, diametralmente contraria a la forma utilizada en la anterior crisis de 2008 que impuso unas políticas de recortes cuyas consecuencias aún estamos sufriendo en forma de desigualdad, pobreza y deterioro de los servicios públicos. En esta ocasión, para impulsar la recuperación, la Unión Europea habilita la mayor inyección de fondos en los países a cargo de los presupuestos de la Unión Europea, desde que se creó. Esta decisión de provisión presupuestaria para la reactivación económica se reflejó en el Acuerdo Europeo del Consejo del 21 de Julio de 2020 donde se crea el Fondo de Recuperación Europeo, NEXT GENERATION EU, del cual le corresponden a España unos 140.000 M€, 72.000 en forma de transferencia y el resto en créditos en un periodo de 6 años. En España se estructurará la gestión de estos fondos a través del Plan de Transformación y Resiliencia de la economía para el periodo 2021-2023, de manera que estos fondos se van a incorporar en los Presupuestos Generales del Estado de los años 2021, 2022, 2023.
De hecho, ya en el borrador de Ley de Presupuestos 2021 presentado por el gobierno, se recoge una partida de 27.000 M€ procedentes de este fondo. Una parte muy importante de esos recursos económicos vienen vinculados al cumplimiento de una serie de objetivos y políticas en línea con los planteamientos y objetivos recogidos el Pacto Europeo Verde aprobado en el mes de diciembre pasado representando una inyección económica importantísima para afrontar la descarbonización y ecologización de nuestro continente. Esta situación imprevista, puede permitirnos avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo que nos lleve a alcanzar la neutralidad climática en 2050 creando empleo y una prosperidad respetuosa con el planeta. Se busca una Europa más digital, verde y resiliente.
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 destina un 132% más de financiación al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico respecto a 2020. Sin las dotaciones europeas (6.805 millones de euros que proceden del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea), el presupuesto solo habría crecido un 4% respecto al presupuesto 2020, que es un presupuesto prorrogado desde los tiempos de Montoro.
Además, la Comisión Europea ha habilitado también otro fondo derivado del Mecanismo para la Transición Justa, otro elemento fundamental para responder a las consecuencias, en los territorios y en el empleo, de los proceso de transición. Su objetivo es reorientar el desarrollo hacia una economía sostenible, sin emisiones y justa con los sectores y territorios afectados. Este fondo está previsto que movilice unos 17,5 mil millones de euros, unos 10.000 mil millones vendrán del Next Generation y 7,5 mil millones del nuevo Fondo de Transición Justa. De este fondo España recibirá unos 791 millones de euros (339 millones del Marco Financiero Plurianual y 452 del Next Generatión).
Todos estos datos y cifras deben de ir concretandose a través de la implementación de normativas y proyectos concretos que serán objetos de evaluación y que serán supervisados por un instrumento que está concretando la Comisión para determinar su idoneidad en consonancia con la condicionalidad de los objetivos y prioridades que recoge el acuerdo para el acceso a los fondos del Next Generation EU que es donde se determina que una parte importante del presupuesto es para inversión en las transiciones “verdes” y digital. En el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia de la Economía Española, el proyecto español para el desarrollo del Next Generation, asigna a estas transiciones el 37 y 33% del total de la financiación recibida por el Fondo, respectivamente.
Desde luego esta situación representa una oportunidad muy grande y así lo están entendiendo muchas grandes empresas y lobbies sectoriales de distinto pelaje para posicionarse a la hora de la pesca de estos fondos básicamente para seguir haciendo lo mismo que venían haciendo. Por todo ello, los gobiernos, especialmente el del Estado, debe desarrollar una gobernanza basada en la transparencia y la participación. Creo que deberemos estar atentos para no caer en la trampa de muchos encantadores de serpientes institucionales, empresariales o de otras instancias sociales que vendrán a regalarnos los oídos para que manifestemos el apoyo a sus proyectos. Por supuesto que habrá que apoyar algunos pero cuando en sus contenidos se haya tenido en cuenta nuestra opinión, posición y se prevea empleos decentes para las trabajadoras y trabajadores.
Necesitamos una participación real, no de “postureo”, debemos demandar ser activos en el debate y en la toma compartida de decisiones o exigir que quienes deciden sean conscientes de los posicionamientos sindicales. También debe haber participación de la sociedad, por supuesto, pero en lo referente a la transformación del modelo de desarrollo económico la prioridad es la participación de los agentes económicos y sociales. Debemos ser claros y exigentes sobre cuáles son las bases necesarias para ese diálogo, acceso a la información, capacidad de aportación, codecisión…pero también sin olvidarnos de establecer confederalmente los mecanismos necesarios para hacer un seguimiento de la evolución de este proceso y facilitar un enriquecimiento conjunto de las aportaciones de Comisiones Obreras.