Ahotzar Zelaieta: “Zaldibar muestra, una vez más, la protección que las empresas contaminantes reciben del gobierno vasco”
Entrevistamos al autor del libro "Zaldibar, zona cero".
Berta Chulvi
El pasado 6 de febrero reventaron los muros de contención del vertedero de Zaldibar en Vizcaya y más de medio millón de toneladas de residuos se desparramaron sobre la ladera del monte Montia sepultando a su paso a dos trabajadores, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. Los restos mortales de Joaquín aún no han sido localizados. El desastre medioambiental ha sacado a la luz toda una serie de convivencias entre empresas contaminantes y personalidades políticas que Ahortzar Zelaieta (Bilbao, 1972), periodista de investigación y criminólogo, recoge en su último libro “Zaldibar, zona cero” editado por Txalaparta.
En el libro explicas el largo proceso para abrir el vertedero de Zaldibar. La primera solicitud se produce en 1993 y despierta un gran rechazo social pero, finalmente, sus promotores logran sortear todos los obstáculos ¿Cómo lo consiguen? Es un proceso de más de 14 años, la primera solicitud es del año 1993, un empresario forestalista empieza a promover un vertedero en Zaldibar y se encuentra con la negativa del Ayuntamiento. Él insiste y recurre al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y la demanda no prospera. La población de Zaldibar sigue muy sensible con el tema de las escombreras y en 1998, Herri Batasuna con el apoyo de Zaldibar Independiente, una plataforma que llega a tener varios concejales, presenta una moción en el Ayuntamiento para prohibir la instalación de vertederos en Zaldibar. Esa moción salió adelante porque la apoya un concejal del PNV que es vecino del barrio de Eitzaga – donde ahora se ubica el vertedero- y están ausentes en ese pleno, la alcaldesa del PNV y un concejal del PSE que en ese momento están de viaje en el Sahara. Esta moción supuso un obstáculo importante para que cualquier tipo de vertedero se pudiera poner en marcha en Zaldibar.
Posteriormente, el Ayuntamiento firma una propuesta, también presentada por la oposición, para que, en caso de ponerse en marcha cualquier tipo de vertedero en Zaldibar, el Ayuntamiento promueva una consulta popular en el municipio. Para ello solicita autorización al gobierno español. Esa autorización es concedida por el gobierno español pero el Ayuntamiento -no sabemos por qué aún- no notifica ni a la oposición ni a los vecinos dicha autorización para el referéndum. Con lo cual no se realiza la consulta y la autorización es archivada.
En 2003, un alcalde del PNV, Igor Barrenetxea-Arando y un arquitecto municipal, Iskander Atutxa, uno de los hijos de Juan Mari Atutxa, plantean una modificación de las normas urbanísticas en materia urbanística que permite la instalación de vertederos y que el Ayuntamiento aprueba con mayoría del PNV. Esto le da un impulso a la instalación del vertedero. Además, un informe favorable de dicho arquitecto municipal se adjunta, en 2004, al expediente donde la empresa solicita autorización al gobierno vasco para instalar el vertedero. El Gobierno vasco autoriza el vertedero en 2007 y el Ayuntamiento concede la licencia de obras con la que se inicia la construcción. Once días antes de que Bildu gane la alcaldía en Zaldibar, en 2011, el Ayuntamiento del PNV concede la licencia de actividad a Verter Recycling para poner en marcha el vertedero.
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En todo tu trabajo de investigación haces mucho hincapié en conexiones familiares como ésta que acabas de mencionar de Iskander Atutxa ¿Hasta qué punto es legítimo vincular la vida de los hijos con la de sus padres? Es que Iskander Atutxa ha sido arquitecto municipal en varios municipios donde ha protagonizado diversas polémicas. Pero es que, además, es un modus operandi habitual en el “oasis vasco” que hijos de personalidades políticas utilicen la agenda de contactos de sus padres para rellenar un currículum vitae a base de trabajar con la administración política vasca y hacer de ello su modus vivendi. Normalmente no son personas que compiten en el mercado libre sino que las empresas que constituyen se nutren de adjudicaciones públicas. El libro es un esfuerzo por mostrar la multitud de ocasiones en que cargos políticos del Gobierno vasco, que han tenido responsabilidades en los departamentos de Industria y en Medio Ambiente, , que han tenido responsabilidades en Industria y en Medio Ambiente, han ido firmando acuerdos o emitiendo decretos que favorecen los intereses de empresas peligrosas para el medio ambiente y para salud. Estas personas después de abandonar la política han terminado en los consejos de administración o han sido fichados por esas empresas o esos lobbies industriales. Esta dinámica, que se conoce como puertas giratorias, está muy denostada y muy reprobada en el resto de las autonomías del Estado español, pero en el “oasis vasco” no está visibilizado.
¿Qué quiere decir el término “oasis vasco”? Es un término que acuña el Gobierno vasco para diferenciarse en sentido positivo del resto de autonomías del Estado Español cuando empiezan a salir los casos de corrupción, el paro, la privatización de servicios públicos…. Y un periodista, Iker Armentia, de la SER, le da la vuelta al término y lo utiliza precisamente para explicar que ese “oasis vasco” funciona en el imaginario vasco y en el español pero no es real y que lo que estaba sucediendo es que esas “enfermedades” que aparentemente eran extranjeras estaban haciendo mella en Euskadi. A partir de ahí muchos periodistas y la oposición política han utilizado la terminología que acuñó el PNV, pero en el sentido que le dio Iker Armentia. Una cosa que hay que tener en cuenta para entender cómo funciona este “oasis vasco” es el tamaño del territorio: somos un país pequeño y eso funciona como inhibidor de las denuncias. Si estás en Madrid probablemente nunca te encuentres con Esperanza Aguirre. Ni tus hijos vayan al colegio con los suyos y probablemente ninguno de tus familiares trabaja en una empresa propiedad de la familia Aguirre. Todo eso sucede al contrario en Euskadi: es altamente probable que el alcalde que denuncies tenga algún familiar que sea allegado del denunciante.
Hay un dato que me sorprende en el tema de vertedero de Zaldibar: desde 2007, cuando se concede la licencia de obras hasta 2011 que se pone en marcha pasa mucho tiempo ¿no? Se tiene que hacer un agujero enorme para acoger las toneladas que Verter Recycling plantea acumular en 35 años y que finalmente acumula en once años. Pero es que además hubo una modificación del proyecto. El proyecto inicial lo redacta LKS, una empresa del Grupo Mondragón, con cuyo proyecto se consigue la autorización, pero posteriormente, Verter Recycling presenta una modificación del proyecto que se encargó a otra empresa, concretamente a Geyser, donde ha hecho vida laboral el que luego sería entre director de Cambio Climático del País Vasco, Aitor Zulueta. LKS, en su página web corporativa ha borrado ese proyecto. Esa modificación afecta sustancialmente al proyecto y se supone que debería haberse solicitado una nueva autorización, pero no se hizo.
Y ¿por qué EH Bildu no solicitó una nueva autorización ambiental estando ya en el Ayuntamiento si había una modificación sustancial del proyecto? Porque no lo sabían. Igual que, aparentemente, el Gobierno vasco, competente en esa materia, tampoco lo supo. Pues si lo hubiera sabido tendría que haber puesto en marcha otra autorización porque al haber modificaciones sustanciales entre el proyecto inicial y el proyecto final, tendría que haber vuelto a emitir otra autorización. Yo no les imputo prevaricación. Imagino que no lo sabían. Este tipo de informaciones han salido a la luz a partir de las investigaciones que yo y otros periodistas hemos realizado una vez ha ocurrido el desastre. Ha sido la prensa la que ha desvelado muchísimos elementos de valor sobre lo que ha sido la génesis y el desarrollo del proyecto del vertedero de Zaldibar que la Administración Pública vasca, los días posteriores al derrumbe, no explicó. Por poner otro ejemplo: el Gobierno vasco dijo en sus explicaciones que el vertedero tenía autorización para manejar amianto, pero obvió que el vertedero había hecho otra modificación para manejar amianto y por silencio administrativo – el gobierno vasco no le contestó en tres meses– pudo ponerla en marcha.
La ciudadanía tiene la falsa sensación de estar protegida por los controles públicos respecto a las empresas contaminantes, pero eso no es así. Efectivamente, ya lo hemos visto con todo el tema de las autorizaciones, pero es que imagínate que el aval que la Administración exigió a la empresa Verter Recycling para cubrir posibles daños era de un millón de euros y el gobierno vasco lleva ya gastados 27 millones de euros en Zaldibar desde que ocurrió el desastre. Los recursos para investigar los delitos medioambientales en Euskadi son nimios, la sensibilidad de los medios de comunicación con este tema también es nimia y sin duda existe una larga tradición de protección de las empresas contaminantes por parte del Gobierno vasco. Ya lo vimos con el tema del lindano. En el franquismo esto ya sucedía en Euskadi y ha continuado con la democracia. Por ejemplo, hay un acuerdo firmado por el responsable de Medio Ambiente del gobierno vasco en aquel momento, el socialista José Antonio Maturana, con las empresas extranjeras que habían inundado de lindano todo el país, incluso trasladándose a vertederos ilegales, eximiendo de responsabilidades a las empresas contaminantes. Más recientemente, el decreto firmado por Josu Jon Imaz, cuando era consejero de Industria, en el que se abogaba por una mínima intervención pública sobre las empresas contaminantes. Ahora Imaz es el número dos de Repsol, pero antes fue consejero del Industria y presidente del PNV.
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Cuando se produjo el derrumbe de Zaldibar, distintos cargos de CCOO me explicaron en otro reportaje que lo que hay que cambiar es un modelo industrial que mira hacia otro lado cuando los residuos salen por la puerta. Hay una serie de lobbies industriales que tienen una influencia muy importante en las políticas europeas. El modelo industrial vasco ha sido competitivo hasta ahora incluso a nivel mundial porque el erario público sufraga una serie de costes que las empresas no asumen y uno de ellos es el coste medioambiental. Zaldibar ha servido para que se instale en Euskadi un debate sobre la gestión de residuos industriales que hasta ahora estaba en un segundo plano o invisibilizado por el debate de la gestión de los residuos urbanos. Los residuos industriales suponen el 85% de los que se generan en Euskadi y ahora se ha abierto un debate importante sobre ellos que exige hablar de tasas medioambientales a grandes empresas, de gestión pública de residuos y una transformación del modelo industrial.