Alfonso Arroyo: “La clave para una transición justa es que el empleo se genere allí donde se destruye”
Entrevistamos a Alfonso Arroyo, Director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León.
Berta Chulvi
Alfonso Arroyo, director General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, participó recientemente en la presentación del informe "Las Energías Renovables en el marco de una transición energética justa en la Provincia de León" realizado por ISTAS-CCOO con el apoyo de la European Climate Foundation. En esta entrevista aborda las cuestiones que plantea el informe y explica los proyectos del gobierno regional.
El estudio realizado por ISTAS-CCOO estima que el cierre de las centrales térmicas ha supuesto una pérdida de 600 empleos pero que a corto plazo las energías renovables podrían generar 1.719 nuevos empleos ¿Qué valoración hace de la situación actual en cuanto al empleo y la transición energética?
Estamos inmersos en un periodo crucial de transición de las energías fósiles a las energías renovables y esto conlleva un proceso sostenido en el tiempo que afecta al empleo debido al desmantelamiento de las centrales. Estamos hablando de un proceso que llevará unos cuatro años de media. En algunos casos estos procesos de desmantelamiento de las centrales se convierten en una oportunidad de empleo, pero lógicamente, es una oportunidad muy cortoplacista que no puede ser el objetivo. En ese sentido afrontamos un reto a la hora de conseguir que esta transición energética sea justa, tal y como plantea el estudio de ISTAS, porque lo que está claro es que esa transición energética, fruto de los acuerdos que se están alcanzando a todos los niveles, se va a producir. Para que esa transición sea justa lo importante no es solo el número de empleos que se crean sino, sobre todo, dónde se crean. El gran reto es que esa generación de empleo llegue a las zonas donde se generaba energía fósil. Hay muchos estudios que justifican la gran cantidad de empleo que se va a producir por el proceso de electrificación en base a energías renovables pero el aspecto clave en esa transición justa es que el empleo se genere allí donde se destruye. Los estudios fijan una serie de ratios de generación de empleo por cada megavatio instalado pero el reto realmente grande, para las administraciones y para la sociedad en su conjunto, es generar el empleo en unas zonas determinadas que se ven afectadas por ese proceso de transición energética. Ese es el significado del apellido “justa” que le ponemos a la transición. Hay que generar oportunidades y expectativas de trabajo y de vida en zonas en las que tradicionalmente se ha vivido de la generación de energía y de la actividad extractiva. Porque no es sólo el empleo que se pierde en la generación térmica sino también el asociado a la actividad minera que nutría esas centrales.
En el estudio señala que la provincia de León cuenta con empresas dedicadas a prácticamente todas las tecnologías renovables y que esto es una oportunidad, pero también señala que la provincia de León está resultando un área menos atractiva para las inversiones privadas en proyectos de energías renovables. ¿Qué se plantea hacer el gobierno regional para aprovechar esta oportunidad?
Nosotros llevamos ya bastantes años trabajando el territorio y estamos intentando, a través de los instrumentos específicos contemplados en las estrategias autonómicas, generar oportunidades allí donde se está produciendo el problema. En ese sentido podemos destacar como un proyecto estratégico y ejemplificante, el apoyo institucional que se ha dado a la Central de Generación Eléctrica mediante biomasa en Cubillos del Sil, en Ponferrada. Es un buen ejemplo porque no sólo es una central que emplea a 50 personas en forma directa sino que además genera empleo indirecto en el aprovechamiento y en la logística de la biomasa que necesita esa central. Lo que tenemos que buscar en estas zonas son proyectos tractores que sean capaces de generar empleo por el propio proyecto en sí pero también el empleo indirecto e inducido. En el caso de las centrales térmicas que cierran, el objetivo del gobierno regional es ir de la mano del gobierno nacional y de su Estrategia de Transición Justa. Se ha constituido un Instituto para la Transición Justa y lógicamente las comunidades autónomas tenemos que luchar para que se pongan todos los recursos disponibles para alcanzar ese objetivo. Nosotros en el año 2016 aprobamos el Plan de Dinamización de los Municipios Mineros de Castilla y León que tenía como horizonte temporal 2020, es decir, que terminaría ahora. Sin embargo, como estamos inmersos en el proceso de negociación con el Ministerio de los Convenios de Transición Justa, que son los instrumentos que ha puesto el gobierno encima de la mesa para conseguir estos objetivos, hemos decidido prorrogar un año más ese Plan de Dinamización, hasta el 2021, de tal manera que enlace con los Convenios de Transición Justa, que empezarán a organizar la acción conjunta del Ministerio, las comunidades autónomas y las administraciones locales, para que puedan llegar a las zonas afectadas proyectos altamente generadores de empleo, que en nuestro caso es León, pero también el norte de Palencia. El estudio de ISTAS-CCOO se centra en la provincia de León pero tenemos una central térmica en Velilla del Río Carrión, que está en idéntica situación.
_m.jpg "imagen1")
El informe de ISTAS-CCOO plantea 31 medidas para incentivar el desarrollo de una transición energética justa ¿Cuáles son más importantes desde su perspectiva como administración pública?
Yo creo que la clave es establecer un marco regulatorio que sea predecible para la iniciativa empresarial. Un marco que fije las reglas a las cuales se van a sujetar los diferentes proyectos de las energías renovables y que sean unas reglas estables. Es absolutamente necesario que las inversiones cuenten con un marco regulatorio predefinido que les de seguridad. Si hay proyectos va a haber un desarrollo asociado a esos proyectos que generará puestos de trabajo e industria asociada. Pero para que la iniciativa privada actúe hay que establecer un marco regulatorio estable con unos instrumentos y unas convocatorias específicas que marquen las reglas muy claramente. Unas reglas que no se cambien a mitad de partida, por usar un símil deportivo. Generalmente hablamos de energía eólica, pero también creo que hemos de impulsar otras renovables, como por ejemplo la biomasa, que genera mucho empleo asociado que además tiene la virtualidad de prevenir los incendios porque mantiene los montes limpios.
También deberíamos tener en cuenta que hay que potenciar las renovables para usos térmicos, para calentar, no para generar energía, porque ahí encontramos un importante nicho de mercado en el sector residencial que tiene una gran cantidad tractora. En el sector residencial hay una enorme capacidad para desarrollar energías renovables de carácter térmico fomentado el autoconsumo. Para ello, Castilla y León acaba de constituir su Mesa de Autoconsumo, para detectar barreras y potenciar las oportunidades que existen en ese ámbito. El cambio de modelo significa pasar de la producción centralizada en grandes instalaciones a una generación más dispersa basada en el autoconsumo. En este ámbito también hay una gran capacidad de generar empleo a nivel formativo, porque todos estos nuevos diseños requieren de instaladores, de electricistas, etc. Es un campo que puede generar mucha actividad económica y puestos de trabajo.
Las grandes instalaciones, aunque sean de energías renovables, no están exentas de polémica, de hecho, en la Jornada de presentación del Estudio algunas de las personas participantes manifestaron su inquietud por algunos de los proyectos que se plantean en Castilla y León ¿Cómo se plantea esta problemática el gobierno de Castilla y León?
Como no puede ser de otra manera, nosotros exigimos el cumplimiento de la normativa correspondiente. Es decir, pensamos que hay instrumentos normativos suficientes, medioambientalmente hablando, para asegurar que estos procesos se realizan adecuadamente. Existe una normativa medioambiental muy rigurosa que garantiza que los proyectos se autoricen allí donde realmente es posible autorizarlos. Las evaluaciones de impacto ambiental son procesos que tienen un carácter eminentemente participativo: sale todo a información pública, se pueden presentar las correspondientes alegaciones y luego hay que estudiar si los proyectos que se han presentado se pueden autorizar, tal y cómo se han presentado o no se pueden autorizar.
De hecho, en las evaluaciones ambientales, se le exige al promotor, que en los estudios de impacto ambiental considere diversas alternativas. La alternativa cero es no hacer proyecto, la 1 es realizar el proyecto conforme lo plantea el promotor, pero hay que presentar diferentes variantes a ese proyecto. Además, no sólo está la normativa autonómica, está también la normativa de ámbito estatal, dependiente de las Confederaciones Hidrográficas, o la normativa dependiente de Cultura, en caso de que haya afectaciones patrimoniales. Es decir, cada caso es único, pero lo que sí que diría es que lo primero que tienen que cumplir los proyectos es la normativa tanto del sector eléctrico como a nivel medioambiental. No se puede instalar cualquier industria en cualquier lado. Hay que analizar las alternativas y los condicionantes.
Está claro, también, que no todo lo hace la normativa. Tenemos que buscar también un cierto grado de equilibrio territorial, en el sentido de aprovechar al máximo nuestros recursos renovables y aprovechar también las infraestructuras de evacuación de energía que existen, siempre que ello favorezca a la ciudadanía, al medioambiente y al medio rural, que es el más afectado por la transición energética.