Estamos en un momento clave para el establecimiento de instrumentos eficaces que permitan abordar una transición energética justa en ciertos sectores y territorios. Muchos años de esfuerzos sindicales, a nivel internacional en las Cumbres del Clima y a nivel local con las instituciones españolas, están dando sus frutos para la puesta en marcha de nuevos instrumentos para la transición justa en el sector energético.

El sector energético viene conociendo una transformación que comenzó con la minería del carbón y que ahora ha continuado, para hacer frente a la emergencia climática, con las centrales térmicas que utilizan este combustible.

Los planes y medidas que desde hace décadas se han implementan en la reestructuración de determinados sectores, fundamentalmente de la minería, han tenido hasta ahora una efectividad muy limitada, pero Comisiones Obreras y su Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) han venido realizando numerosas evaluaciones de estos procesos y formulando propuestas de cambios en los mecanismos que hemos ido trasladando a las autoridades estatales.

Este año el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) aprobó inicialmente una Estrategia de Transición Justa, que es en parte complementaria del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y que ha introducido importantes cambios en los mecanismos estatales que existían para paliar los efectos laborales de los cierres de instalaciones en ciertas zonas del país. Los cambios más importantes son la introducción de la figura de los Convenios de Transición Justa para las zonas afectadas, la creación de un Instituto para la Transición Justa de ámbito estatal y el refuerzo de los mecanismos de coordinación no sólo entre la Administración central y las autonómicas y locales, sino entre los diferentes departamentos implicados (empleo, industria, hacienda y energía).

¿Qué son los Convenios de Transición Justa?

La Estrategia de Transición Justa aprobada por el MITECO parte de un diagnóstico estatal sobre la incidencia en el empleo de la transición ecológica y energética y señala los objetivos para minimizar los impactos estableciendo el tipo de medidas para impulsar la transición ecológica de los sectores. Asimismo, relaciona las medidas de acompañamiento a los que se considera como sectores estratégicos industriales (automoción, industria, transporte, electrointensivos, cogeneración), las medidas de reactivación para las zonas afectadas y las políticas activas de empleo, protección social y formación profesional. La estrategia establece también las herramientas para la reactivación de las comarcas afectadas, que fundamentalmente se basan como hemos dicho en la nueva figura de los Convenios de Transición Justa.

Conviene detenerse en describir esta herramienta para las zonas en transición porque va a ser el instrumento determinante para la reactivación de las mismas. Los convenios de transición justa se promoverán para aquellas zonas o comarcas concretas donde exista una o varias empresas del sector energético cuyo cierre esté previsto y se formalizarán como convenios marco de actuación entre el Ministerio para la Transición Ecológica y otras administraciones públicas (entre ellas entidades locales del área geográfica implicada) además de diferentes agentes territoriales como empresas o sindicatos.

A través de procesos participativos se elaborarán Planes de acción territorial integrales que deberán incluir hojas de ruta con acciones concretas calendarizadas y con establecimiento de sinergias y colaboraciones entre las entidades y agentes concernidos. Asimismo los Convenios de Transición Justa establecerán un sistema de evaluación con indicadores para la consecución de objetivos medibles de índole económica y ambiental, así como las condiciones de financiación, ejecución y justificación de cada convenio. Incluirán un diagnóstico y evaluación de la zona y de las empresas concernidas, la identificación de los actores a participar en el proceso, la determinación del plan de acción territorial y el establecimiento del equipo directivo y de seguimiento del Convenio.. En relación con el desarrollo de estos procesos se está elaborando un Protocolo de actuación entre las administraciones implicadas.

¿Quién gestionará estos procesos?

La Administración General del Estado (AGE) creará el Instituto para la Transición Justa (transformación del antiguo Instituto para la Reconversión de la Minería del Carbón) que apoyará a las zonas para la elaboración de los convenios. Este apoyo puede ser técnico y jurídico para la elaboración de cada convenio y para el desarrollo de las medidas y proyectos establecidos en el plan de acción, y especialmente para la puesta en marcha de los que se definan como “proyectos tractor” de cada zona. El apoyo será también para el acceso a ventanas de financiación de ámbito estatal o europeo. El Instituto para la Transición Justa, que deberá ser reforzado en cuanto a medios humanos, se involucrará especialmente para que las empresas energéticas afectadas por cierres desarrollen planes de reindustrialización o nuevas actividades o instalaciones en la zona.

¿En qué situación estamos ahora?

Dentro de la mencionada Estrategia de Transición Justa se incluyó un Plan de Acción Urgente para Comarcas del Carbón y centrales en cierre 2019-2021, cuyo punto de partida es el Acuerdo marco para la comarcas mineras de octubre de 2018 y el RDL 25/2018 que lo desarrolla. Este Plan de Acción Urgente pretende agilizar algunos de los mecanismos establecidos ante la situación inminente de cierre de instalaciones. Algunas de las medidas previstas consisten en el apoyo y financiación del desarrollo de los convenios de Transición Justa. Para ello se planteó la habilitación inicialmente de 130 millones para 2019-2021 y se han prometido muchos más, pero el Gobierno en funciones no ha sido capaz hasta ahora de liberar estos fondos. La ejecución de la financiación está aún pendiente de que se apruebe con carácter definitivo por el Consejo de Ministros la mencionada Estrategia de Transición Justa y posteriormente los Convenios de Transición Justa para cada zona afectada (se anuncian para mayo-septiembre de 2020), por lo que la situación en este sentido es de “impasse”.

El Plan plantea además que se facilitará el acceso prioritario a capacidad de evacuación eléctrica, se promoverán subastas específicas de nueva potencia eléctrica renovable, se priorizarán para estas zonas líneas de financiación de la Administración General del Estado (AGE) –programa REINDUS, inversiones en patrimonio histórico- o se incluirán medidas para cofinanciación por la UE y proyectos a la Plataforma de regiones carboneras en transición. También se trata en el Plan de Acción Urgente de agilizar las subvenciones previstas del anterior programa marco del carbón de 2013-2018, la transformación de CIUDEN o de implementar las medidas urgentes para el empleo y la protección social de trabajadores de minería con medidas de formación e inserción, creación de una bolsa de trabajo para trabajadores excedentes, el plan de restauración de minas y el plan de apoyo de energías renovables y eficiencia energética, con un presupuesto estos dos últimos de 158 millones.

Hay que señalar que el mencionado Acuerdo Marco para una transición justa de la minería del carbón y desarrollo sostenible de las comarcas mineras firmado por los sindicatos y el Gobierno en octubre de 2018 está siendo una referencia como instrumento de transición justa sectorial a escala internacional y que la Confederación Sindical Internacional (CSI) ha otorgado recientemente a CCOO y UGT el premio ”Dorge Katry” por su implicación en el mismo y por su trayectoria en la acción sindical climática.

En cualquier caso la Estrategia de Transición Justa necesita, como ya recoge su texto, un desarrollo normativo y de planificación en numerosos ámbitos sectoriales. Particularmente en cuanto al plan industrial de energías renovables, el plan de adaptación de los instrumentos de la administración del estado de apoyo a la empresa, la adaptación de los programas del FEADER para incluir elementos de transición justa en esos territorios, el plan sectorial de transición para la industria, el estatuto de consumidores electrointensivos o la transición del sector de la cogeneración. Algunos de estos ámbitos están definidos también en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima).

La Estrategia de Transición Justa puede ser el instrumento marco para articular financiación y medidas desde la Administración del Estado que involucren a diversos ministerios y organismos (Empleo, Industria, Hacienda, IDAE) y para coordinar todos los mecanismos que prevé con las administraciones territoriales (CCAA y entidades locales) y con los agentes sociales y económicos.

Recientemente se ha avanzado a iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica en la constitución de Mesas para la transición justa en Asturias,  León y Aragón, como instrumento para que todas las partes implicadas a nivel local evalúen y participen en el proceso de transición energética justa. Pero CCOO ha planteado al Gobierno que hace falta también constituir con carácter urgente una Mesa de Dialogo Social sobre transición justa para el ámbito estatal.