El proceso de descarbonización de la economía afecta a una diversidad de actividades productivas, tanto del sector energético, como de la industria manufacturera, como del propio sector servicios. En términos de transición productiva no estamos ante un concepto novedoso.

Los procesos de cambio sectorial son constantes en las economías de mercado. Schumpeter popularizó el término “destrucción creativa”, para caracterizar precisamente cómo los procesos de innovación productiva son la fuerza motriz de los cambios productivos y de las dinámicas de creación y destrucción de empleo en cada sector o espacio productivo. Hay muchas otras variables importantes que afectan a la creación o destrucción de empleo, por ejemplo, la estructura e intensidad de la demanda, la elección de una tecnología más o menos intensiva en trabajo y sobre todo, el marco institucional en el que se desarrolla una actividad, pero en el origen de esas dinámicas en el mercado laboral está los que de una forma genérica denominamos procesos de innovación y/o adaptación productiva.

En el caso de la necesaria descarbonización de la economía, el cambio deviene no tanto de un proceso de innovación endógeno sino más bien de un cambio en el marco institucional y político que empieza a ser sensible a las denuncias que hace décadas protagonizan los movimientos sociales. Hablamos de una modificación puesta en marcha por los gobiernos de forma más o menos coordinada ante: la necesidad de mitigación y adaptación que las economías actuales tienen frente al shock que supone el calentamiento global y sus consecuencias climáticas; pero también como instrumento de política sectorial, ya que los gobiernos deben dinamizar aquellas estrategias empresariales que conlleven no solo un menor impacto ambiental, sino las que, a medio y largo plazo, mejoren la posición competitiva de nuestro aparato productivo y por consiguiente, la capacidad de generación de empleo. Todo ello bajo el paradigma de un mundo en el que las energías fósiles parecen tener un papel más residual. Son por lo tanto las administraciones públicas legitimadas dentro del proceso democrático, el actor principal de un proceso de transición que busca compatibilizar el objetivo de crecimiento económico (y generación de empleo) y la disminución de los gases de efecto invernadero (GEI).

Es cierto que hay ciertos indicios que muestran que en este proceso de descarbonización de la economía también tienen importancia las propias dinámicas de innovación productiva. La innovación en el sector de las energías renovables ha sido muy intensa y empiezan a vislumbrarse cambios importantes en la demanda de energía por parte de la ciudadanía. Los consumidores y consumidoras más concienciados no quieren contribuir a un aumento de los GEI y el sector de energías renovables ofrece cada vez mayor eficiencia en la generación de energía. Esta masa crítica de la población es cada vez mayor.  Por eso las empresas empiezan a detectar que caminando hacia una gestión más sostenible, también ganan mercado. Sin embargo, el problema es de tal magnitud, que el cambio no puede esperar a las dinámicas propias del mercado o de minorías poblacionales, y como casi siempre, necesita de una  actuación institucional y normativa decidida por parte de los poderes públicos.

No es motivo de este artículo valorar los claros límites biofísicos e incluso energéticos que existen para el mantenimiento del proceso de acumulación del capital a escala planetaria, y que dibujan una clara incompatibilidad entre el desarrollo (económico) y la sostenibilidad (ambiental). Todo indicaría que el proceso de crecimiento económico basado en el binomio producción (lineal) y consumo (masivo) es inviable medioambientalmente. De hecho, el calentamiento global sería un síntoma claro, junto con otros de la misma o mayor importancia (deterioro de los ecosistemas, extinción de especies, contaminación de acuíferos y suelos… y un largo etcétera), que pone límites a la propia supervivencia de ese homo economicus en el que se sustenta la economía de mercado. Alguna vez deberemos hablar de ello.

Viejas respuestas a las nuevas preguntas

En nuestro modelo económico se desarrollaron, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, una serie de políticas sociolaborales y económicas (keynesianismo) tendentes a suavizar las desigualdades sociales que generaba la propia economía de mercado. Se daba respuesta con estas actuaciones públicas, en aquellos momentos, tanto a la amenaza por contagio que para el capitalismo suponían los países socialistas, como a la necesidad de actuar frente a los efectos sociales indeseables, en términos de desempleo y deterioro de los niveles de cohesión social, que conllevaba una economía excesivamente liberalizada. Un aumento de las desigualdades sociales y la pobreza que había sido, entre otros, el caldo de cultivo del auge de regímenes fascistas en los años veinte del siglo pasado.

El llamado capitalismo “social” o economía social de mercado, venía a responder a esta problemática sociolaboral a través básicamente de tres mecanismos:

• El desarrollo de ciertos instrumentos redistributivos, tanto desde la esfera del ingreso público (progresividad de los sistemas impositivos) como del gasto público (prestaciones por desempleo, sanidad y educación universal, pensiones,…), en lo que se ha denominado el desarrollo del Estado del Bienestar.
• La construcción de un modelo de relaciones laborales en las que las personas trabajadoras tuvieran mecanismos de defensa y reivindicación, tanto individuales como sobre todo colectivos (sindicatos), como primer pilar del proceso redistributivo de la riqueza, y que asegurase la defensa de unas condiciones de vida y trabajo dignas.

En este modelo, los Estados nación tenían el pleno empleo como objetivo básico de la política económica (bien es cierto que en estos momentos la mujer tenía una presencia residual en el mercado de trabajo), acompañado por el fortalecimiento de las políticas públicas que aseguraban un cierto nivel de redistribución de la riqueza a escala nacional. Se daba respuesta así a la controversia entre eficiencia (libertad mercado) y equidad (redistribución de la riqueza).

Estas políticas dieron forma y contenido a la respuesta que los Estados nación daban a los procesos de transición  - lo que Schumpeter denominaba “creación destructiva”- que tenían lugar en la economía de mercado. Un ejemplo actual de estas políticas sería la tan manida “flexiseguridad” danesa, que asegura a cualquier persona trabajadora que pierde el empleo, políticas para su reinserción en el corto plazo y un ingreso estable, que por cierto gestiona el sindicato, que evite la pérdida de ingresos, en un contexto de mayor progresividad y contribución fiscal de las rentas más elevadas. Obviamente ni todos los países del mundo tienen la misma estructura de Estado de Bienestar, ni una conformación de las relaciones laborales similar al estilo del centro o del norte europeo, ni los que la tienen presentan el mismo nivel de desarrollado. La mayor parte de las personas trabajadoras en el mundo tienen más bien una escasa protección sindical y social.

El proceso de globalización económica (eufemismo de capitalismo) al que nos estamos enfrentando desde finales de los años setenta del siglo pasado, ha minado este pacto económico y laboral de postguerra: el llamado pacto keynesiano.  Una de las características básicas de este proceso globalizador es que se trata de un proceso dirigido por los intereses de empresas transnacionales a través de organizaciones escasamente democráticas (FMI, BM o OCM) que avalan el llamado consenso de Washington. Así, el eje de desarrollo fundamental del proceso de globalización vendría dado a grandes rasgos por: una amplia libertad de movimiento del capital (frente al de personas y mercancías), lo que ha provocado una mayor financiarización de la economía (el llamado Gran Casino); unas decisiones de inversión productiva que se toman, apoyadas por las tecnologías de la información y la comunicación, a escala planetaria con una deslocalización permanente de la cadena de valor que aprovecha las “oportunidades” que generan las diferencias entre los marcos sociolaborales, fiscales o medioambientales de los Estados nación); y, finalmente, por la puesta en marcha de políticas tendentes, por un lado,  a la jibarización del Estado,  reduciendo su capacidad redistributiva (privatización de servicios públicos, reducción de la progresividad fiscal, topes de gasto público…), y por otro lado, a  un cambio en el marco de relaciones laborales con el aumento de la precariedad laboral, las mayores facilidades para el despido, el incremento de la contratación temporal y a tiempo parcial, y sobre todo, el debilitamiento del poder sindical (de los trabajadores y trabajadoras organizados) frente al poder del empresario.

Es decir, las políticas que aseguraron en un momento histórico “transiciones productivas más justas” son las que en estos momentos se están desmantelando, con el consiguiente aumentando de la inseguridad y la vulnerabilidad a la que se enfrenta la clase trabajadora. El resultado de todo este proceso es un aumento de los niveles de pobreza y de desigualdad social tanto en el interior de cada Estado-nación como a nivel internacional.  Se da la paradoja, por lo tanto, de que el mantenimiento del proceso de acumulación de capital, del capitalismo globalizado, en lugar de generar más ingresos para todos está generando una disminución constante de los niveles de cohesión social, de justicia social, y una concentración de la riqueza y el poder.

Los efectos de la descarbonización

Las políticas de transición hacia una economía descarbonizada, a escala nacional o internacional, se enfrentan por lo tanto a un doble reto:  por un lado la propia limitación física y energética que el cambio del mix energético pueda tener dentro de un modelo económico impulsado por el crecimiento de la producción de bienes y servicios, y por lo tanto del consumo (tanto en mayor número de consumidores como en mayor consumo per cápita); y por otro,  dada la situación actual de desmantelamiento del Estado de bienestar y la ruptura de los modelos de relaciones laborales, por los efectos negativos que las transformaciones productivas que se necesitan puedan tener sobre los niveles de desigualdad y pobreza, tanto a escala local como global, si no se cambian radicalmente las políticas sociales y laborales que se han impuesto ideológicamente desde el último tercio del siglo XX.

Sabiendo de la importancia vital del verde, incluso con sus limitaciones, cabe preguntarse ¿dónde está el rojo? Parece esencial que esta política de transición transversal desde las energías fósiles a las energías renovables, esté acompañada por el afianzamiento de las políticas públicas que fortalezcan el Estado del Bienestar y el fortalecimiento del papel de las organizaciones sindicales como eje de una mayor justicia distributiva y como barrera contra la precarización de las condiciones de trabajo. En resumen, la transición justa se da del verde al rojo y no a la inversa, y solo es posible en el marco de una potente reforma fiscal que redistribuya la riqueza, tanto a escala nacional como internacional, para financiar políticas que garanticen a las personas trabajadoras afectadas por procesos de cambio sectorial (sea cual sea), la estabilidad de los ingresos, una rápida inserción en el mercado de trabajo, y unos servicios públicos básicos y de calidad.

Sin rojo, el verde será más contradictorio en términos sociales, generando mayores niveles de desigualdad y pobreza. Dicho de otra forma: el urgente proceso de reducción de los GEI debería (necesitaría) pivotar sobre un modelo social y laboral distinto, un nuevo Pacto Social a escala internacional, que asegure que quienes paguen este cambio de modelo sean las rentas más elevadas y no los propios trabajadores y trabajadoras.