¿Qué están haciendo las Comunidades Autónomas en cambio climático y salud?
Begoña María-Tomé Gil
Un número creciente de Comunidades Autónomas está evaluando su vulnerabilidad al cambio climático, adoptando planes de adaptación y preparación para emergencias, además de proporcionar información climática a los servicios sanitarios. No obstante, la implementación de medidas de adaptación ante el cambio climático se encuentra aún en una fase temprana; los nuevos gobiernos autonómicos y municipales tendrán que avanzar en esta agenda prestando especial atención a los aspectos de la salud humana. Por ello es imprescindible contar con una foto de partida de la situación actual en el ámbito autonómico para poder evaluar el progreso realizado dentro de cuatro años. ISTAS, en el marco del Proyecto SALUDAPT, ha analizado cuáles son los marcos actuales de adaptación al cambio climático en las Comunidades Autónomas.
¿Qué están haciendo las Comunidades Autónomas en cambio climático y salud?
La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ya ha superado las 415 partes por millón en mayo de 2019. Un dramático récord de la concentración diaria de CO2 que nos aleja cada vez más del umbral de seguridad que nos recomienda la comunidad científica para evitar un cambio climático abrupto, peligroso e irreversible. La situación está fuera de control, las emisiones mundiales de carbono crecen al ritmo más rápido desde 2010-11, y España es el país que más las aumenta dentro de la Unión Europea.
Los compromisos de todos los países del mundo aún no son suficientes para alcanzar el objetivo del Acuerdo de Protección del Clima de París, que consiste en limitar el calentamiento global a un mínimo de entre 1,5 y 2 grados centígrados. Es más, la Organización Meteorológica Mundial espera un aumento de la temperatura promedio mundial de 3-5 °C para final de siglo si no se refuerza la acción climática. Los impactos actuales del cambio climático y los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero previstos han desencadenado protestas ciudadanas para empujar a las instituciones públicas a declarar la “emergencia climática”.
Desde un punto de vista de la salud humana, el cambio climático es ya una realidad incontestable que influye negativamente en los factores esenciales para garantizar un buen estado de salud, como el agua, la alimentación, la pobreza, el territorio, entre otros. De hecho la crisis climática representa una amenaza para las mejoras logradas en salud pública en el último medio siglo.
El territorio español y sus habitantes son uno de los espacios y poblaciones europeas más vulnerables a sus efectos. En nuestro país los principales impactos que pueden tener una repercusión más acusada en la salud de las personas son las altas temperaturas; los eventos meteorológicos extremos; la contaminación atmosférica y de aeroalérgenos; y las enfermedades transmitidas por vectores infecciosos, por alimentos y por el agua.
El calentamiento global está aumentando la frecuencia, intensidad y duración de los periodos de temperaturas extremas. España es ya el segundo país del mundo donde se registran mayor cantidad de olas de calor y de mayor duración. Actualmente se producen 1.400 muertes anuales atribuibles al exceso de calor y estas cifras podrían ascender hasta las 13.000 para mediados-finales de siglo si no se toman las medidas necesarias[1].
En el ámbito de la salud pública, la adaptación es un proceso que ya está en marcha. Los procesos de aclimatación, culturales y socioeconómicos, además de las políticas públicas puestas en marcha, como los planes de prevención ante calor extremo, arrojan resultados positivos, como la reducción en la morbimortalidad ante las altas temperaturas, es decir en el impacto en muertes y en el agravamiento de enfermedades.
Una foto de partida en las Comunidades Autónomas
Un número creciente de Comunidades Autónomas está evaluando su vulnerabilidad al cambio climático, adoptando planes de adaptación y preparación para emergencias, además de proporcionar información climática a los servicios sanitarios. No obstante, la implementación de medidas de adaptación ante el cambio climático se encuentra aún en una fase temprana; los nuevos gobiernos autonómicos y municipales tendrán que avanzar en esta agenda prestando especial atención a los aspectos de la salud humana. Por ello es imprescindible contar con una foto de partida de la situación actual en el ámbito autonómico para poder evaluar el progreso realizado dentro de cuatro años. ISTAS, en el marco del Proyecto SALUDAPT, ha analizado cuáles son los marcos actuales de adaptación al cambio climático en las Comunidades Autónomas.
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Impactos, riesgos y vulnerabilidades
Los riesgos climáticos con efectos en la salud que han evaluado de forma mayoritaria las Comunidades Autónomas son los impactos de las altas temperaturas o períodos de calor extremo y la proliferación de vectores de enfermedades infecciosas, seguidas de las inundaciones y lluvias torrenciales, las sequías, los incendios y los períodos de frío extremo.
Entre los principales efectos esperados en la salud y analizados por las Comunidades Autónomas se encuentran, en primer lugar, el aumento de mortalidad y de enfermedades infecciosas, seguidas del incremento de enfermedades respiratorias, alergias y enfermedades cardiovasculares.
Las Comunidades Autónomas han identificado como grupos de población vulnerables: a las personas mayores de 65 años, la infancia, las personas alérgicas, los trabajadores al aire libre o en exterior, las mujeres y población con renta baja o en riesgo de pobreza energética. Y como áreas o territorios más vulnerables: mayoritariamente las ciudades, seguida de las zonas de costa y áreas rurales, áreas fluviales, montaña.
Acciones de adaptación
Desde un punto de vista de los marcos de adaptación al cambio climático adoptadas en el ámbito autonómico vemos muchas diferencias. En un extremo tenemos Comunidades Autónomas como La Rioja o Murcia que no disponen de ningún documento estratégico o programático para la lucha contra el cambio climático. En el otro lado, tenemos regiones que ya han dado el paso para contemplar una ley propia de cambio climático como Cataluña, Baleares o Andalucía. Aunque por el momento, no hayan dado todas las alegrías que merecen. La ley catalana estuvo suspendida largos meses por el Tribunal Constitucional (con una quincena de artículos declarados inconstitucionales), y dentro de poco lo podría estarlo la normativa balear. La ley andaluza, que no ha tenido estos problemas, ha quedado de momento en papel mojado con el cambio de Gobierno en la Junta de Andalucía. Por otro lado, País Vasco y Navarra ya tienen bastantes avanzados sus anteproyectos de ley de cambio climático.
Las acciones de adaptación que se han adoptado de forma más extendida para proteger la salud ante el cambio climático en las comunidades autónomas españolas son: la implementación de sistemas de alerta temprana, las medidas de información, comunicación y sensibilización al público, la elaboración de publicaciones, la formación y capacitación a sectores específicos, la investigación, el fortalecimiento del sistema sanitario y el establecimiento de mecanismos de diálogo y participación.
Prácticamente todas las comunidades autónomas desarrollan planes de acción antes olas de calor en su territorio, fundamentalmente porque desde 2004 se adoptó el “Plan Nacional de actuaciones Preventivas de los efectos de los excesos de temperaturas sobre la salud”, un plan que se activa cada verano, entre los meses de junio y septiembre.
Sin embargo la mayoría de las CCAA no cuentan con planes de prevención frente al frío, acusando la ausencia de un plan estatal de referencia como en el caso del calor extremo. De acuerdo a los expertos, los planes de prevención ante el frío cuentan con una efectividad del 68%, son mucho más rentables que los del calor. Por tanto es imprescindible promover la adopción de planes específicos de prevención frente al frío a nivel estatal y autonómico.
Dos experiencias de interés
Una experiencia ejemplar, es el trabajo que está realizando el Gobierno Vasco en la lucha contra el cambio climático desde la adopción de su Estrategia Vasca de Cambio Climático 2050. En materia de adaptación, cabe destacar su logro en la integración de los riesgos climáticos en las directrices urbanísticas de ordenación del territorio (DOT) de inundación, estrés térmico y aumento del nivel del mar.
Otro elemento destacable es el análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático que se ha realizado a más de los 250 municipios vascos respecto a cuatro cadenas de impactos con efectos en la salud, como son las olas de calor, las sequías, las inundaciones marítima y fluvial. Una información base para actualizar los planes de emergencia, de ordenación territorial o planes de cambio climático que se implementen a nivel local.
También han llevado a cabo el encargo de estudios pioneros del impacto de las olas de calor en la población vasca desarrollado por el Basque Center for Climate Change (BC3).
Otro ejemplo de interés es el caso de Navarra, que está ejecutando con éxito el primer proyecto europeo que trata de implementar una estrategia integrada para la adaptación al cambio climático en una región. El desarrollo de este proyecto ha conllevado una trabajo transversal en profundidad entre las distintas áreas de gobierno y ha encomendando un programa ambicioso de medidas en salud. De hecho se ha propuesto una batería de medidas de adaptación con un presupuesto específico de 0,9 millones de euros en el área de protección a la salud, que cofinancian el Departamento de Salud y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.
Una cuestión interesante dentro de las acciones que desarrolla este Instituto de naturaleza singular en España por estar especializado tanto en salud pública como en salud laboral, es su trabajo en la identificación y cuantificación de la población trabajadora más expuestas a las altas temperaturas, y se ha definido un grupo de 21.519 personas trabajadores en exterior en Navarra, más vulnerables al cambio climático.
Por último, en 2008 se creó un foro de consulta y participación social Agora Klina con 8 grupos de trabajo, y cabe destacar la creación de uno específico sobre salud humana.
En el marco del Proyecto Saludapt, ISTAS también ha compilado una batería de buenas prácticas y experiencias que se han adoptado en otras comunidades como Asturias, Andalucía y Castilla La Mancha que merece la pena comentar para replicar en otros territorios. También se han documentado un catálogo de medidas adoptadas por Ayuntamientos y buenas prácticas y recursos de interés para proteger a la población trabajadora en sectores particularmente expuestos a las altas temperaturas. Se puede consultar en la web del proyecto.
[1] J.Díaz et al; “Mortality attributable to high temperatures over the 2021–2050 and 2051–2100 time horizons in Spain: Adaptation and economic estímate”; (2019). Environmental Research Volume 172, Pages 475-485.