Transición justa: aprovechemos las oportunidades
Carlos Martínez Camarero. Secretaría Confederal de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO
Carlos Martínez Camarero. Secretaría Confederal de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO
El planteamiento de la transición justa está ahora en el centro del debate político y social. Ha contribuido a ello la necesidad de dar respuesta a los problemas de pérdida de empleos en las minas y en centrales térmicas de carbón que están cerrando instalaciones o que se plantean su cierre a corto plazo. Este problema afecta ahora solamente a comarcas de Asturias, León y Teruel, pero es un drama para ellas y hay que darles una respuesta eficaz.
La realidad es que la mayor parte de estas instalaciones tienen muchas dificultades para su supervivencia. La falta de responsabilidad del anterior gobierno, y de otras administraciones territoriales, en un proceso que era inevitable pero para el que no se tomaron medidas hace que se precipite la toma de decisiones en este momento y que los problemas para algunas zonas sean realmente acuciantes.
Los factores que inciden en esta situación son los siguientes:
- La finalización, el 1 de enero de 2019, de las ayudas europeas para las minas de carbón no competitivas según la Decisión 2010/787/UE que obligarán al cierre de la práctica totalidad de las instalaciones, sin que sea posible prórroga alguna.
- La aplicación de la Directiva europea sobre emisiones industriales de 2010 que implica la imposibilidad de operar de las centrales térmicas que no acometan ciertas inversiones antes de 2020 para la reducción de sus emisiones de SO2, NOx y partículas. Las compañías eléctricas titulares de las térmicas ya han decidido algunas en las que han hecho o harán inversiones y otras que cerrarán a corto plazo.
- La obligación de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 en el sector energético, teniendo en cuenta que las centrales de carbón son responsables de aproximadamente el 15% de las emisiones totales de CO2 en España y que el Gobierno tiene que preparar para final de 2018 un plan de energía y clima que contemple una senda de descarbonización del sector energético para la próxima década.
- El aumento del precio del CO2 en el mercado de comercio de derechos de emisión de gases de invernadero, derivado de las medidas que ha adoptado la Unión Europea para activar dicho mercado. El CO2 ha pasado de tener un precio de 5-6 euros la tonelada hace un año a más de 20 en la actualidad. Se prevé una tendencia de aumento hasta los 30-35 euros la tonelada en los próximos años, de modo que va a ser un factor determinante en la viabilidad económica de las centrales que usen carbón como combustible.
Estos factores y tendencias son ineludibles desde el punto de vista del marco jurídico nacional e internacional y quien apueste por mantener expectativas de continuidad para estas actividades ligadas al combustible fósil más problemático desde el punto de vista medioambiental está haciendo un flaco favor al proceso de respuesta real que hay que dar para ofrecer una alternativa a estos trabajadores y zonas.
Además, el cambio de modelo de unas fuentes energéticas a otras supone una clara oportunidad de desarrollo industrial asociado a las tecnologías renovables y a la eficiencia energética en todos los sectores.
La OIT ha señalado recientemente en un estudio que la transición energética a nivel mundial generará cuatro veces más empleos de los que se destruirán y que sólo en unos pocos de ellos (fundamentalmente en los sectores ligados al petróleo) esas pérdidas serán significativas. El problema es que los nuevos empleos no se crean ni en el mismo momento ni en el mismo lugar en que se perdieron y por eso hace falta activar medidas de transición justa.
También ha contribuido a que la transición justa esté ahora en el centro del debate político la persistencia de los sindicatos para que se reconozca y regule este planteamiento en los acuerdos internacionales sobre cambio climático. La Confederación Sindical Internacional (CSI) está detrás de que tras muchos años reivindicándolo, la transición justa se recogiera en el Acuerdo de Paris de 2015. Recientemente además se han presentado las Propuestas de CCOO para la transición energética justa (julio de 2018) planteadas primero a la Comisión de Expertos que nombró el anterior Gobierno para definir escenarios energéticos y más recientemente al nuevo Ministerio para la Transición Ecológica.
Este Ministerio, que tiene muy claro que la transición energética es urgente e ineludible, ha recogido el guante y está preparando una estrategia de transición justa de la que ya ha avanzado algunos de sus ejes más importantes. Los elementos más importantes de la misma se incorporarán tanto a la ley de cambio climático como al plan de energía y clima. Además está preparando un plan de acción urgente de transición justa enfocado a las necesidades a corto plazo (2018-2020) fundamentalmente para el sector del carbón.
Es importante que las zonas y sectores afectados partan de la idea de que hay que poner todos los esfuerzos en crear los instrumentos necesarios para ofrecer empleos alternativos en esas zonas. La defensa del empleo para los afectados debe estar al mismo nivel del esfuerzo por poner encima de la mesa alternativas y propuestas. Además el desarrollo y despliegue de las tecnologías renovables y de medidas de eficiencia energética va a permitir precisamente la creación de muchos puestos de trabajo.
El desafío es hacer que una parte de estos puestos de trabajo se concentren precisamente en las zonas donde se va a perder empleo y que esa transición se haga de manera urgente. Para ello hace falta que las administraciones desarrollen de manera coordinada una acción pública planificada y que algunas empresas energéticas, que son clave en el sector, contribuyan desde su responsabilidad a la inversión en actividades alternativas en las poblaciones afectadas. Esta vez no se puede fallar.