¿Cómo extender las compras verdes y socialmente responsables?
Antonio Ferrer y Begoña María-Tomé. ISTAS-CCOO
Existe un elevado consenso sobre la importancia de la compra y la contratación pública verde como instrumento de cambio. La demanda de productos y servicios con criterios ambientales y sociales por parte de las administraciones públicas es un buen instrumento para estimular su oferta por parte del sector privado y crear así mercados de productos y servicios respetuosos con el medio ambiente y comprometidos con la justicia social. Por el momento, el grado de implantación de las compras verdes es aún bajo en nuestro país, sin embargo la reciente aprobación de la nueva ley de contratación pública y la futura Estrategia Española de Economía Circular podrían actuar como palanca para imprimir velocidad en administraciones públicas y en empresas.
Nueva ley de contratación del sector público
El pasado mes de marzo entró en vigor la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público que incorporaba las nuevas obligaciones sobre criterios sociales y ambientales en la contratación pública.
Uno de los objetivos de la nueva regulación es conseguir mayor transparencia en los procesos de contratación y obtener una mejor relación calidad-precio en los contratos públicos, desterrando la idea de que la mejor oferta es la más económica, como tradicionalmente se venía asumiendo. En este sentido, la valoración de la calidad-precio de la ofertas que se presenten a las licitaciones públicas vendrá determinada, en gran medida, por la consideración de aspectos, ambientales, sociales e innovadores.
Además, el texto legal establece que deberá aplicarse más de un criterio cualitativo de adjudicación cuando se trate, entre otros, de contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en el medio ambiente, en cuya adjudicación se valorarán condiciones ambientales medibles: como menor impacto ambiental, el ahorro y el uso eficiente del agua, la energía y los materiales, el coste ambiental del ciclo de vida, los procedimientos y métodos de producción ecológicos, la generación y gestión de residuos,el uso de materiales reciclados/reutilizados o de materiales ecológicos.
Otra novedad a destacar es que la norma regula las condiciones especiales de ejecución del contrato que podrán también ser de carácter social, ético, ambiental o de otro orden.
Asimismo, se mantiene la exigencia de certificados de gestión ambiental a las empresas licitadoras que se recogía en la anterior normativa, como condición de solvencia técnica, es decir, para acreditar la experiencia o el «buen hacer» de esa empresa en el ámbito de la protección del medio ambiente.
España Circular 2030
También en el mes de marzo terminó el plazo de consulta pública del borrador de la Estrategia Española de Economía Circular “España Circular 2030”. Un documento con el que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente pretende fijar un marco nacional para desplegar las medidas necesarias para favorecer que nuestra economía sea circular y por tanto plenamente sostenible y competitiva en el marco internacional en 2030.
La Estrategia viene acompañada de un Plan de Acción a 2020, y entre las 70 actuaciones identificadas, propone implementar la contratación pública ecológica, estableciendo medidas o elaborando criterios que puedan ser utilizados por los órganos de contratación (medida 14). No obstante, las medidas esbozadas por el momento son muy tibias.
CCOO ha planteado al Ministerio de Medio ambiente definir unos objetivos cuantitativos y cualitativos del seguimiento de las compras y contratación pública verde. En la actualidad, los informes realizados para conocer el grado de implantación de las medidas establecidas en el Plan de Compras Públicas Verdes de la Administración General del Estado recogen indicadores no objetivables o cuantificables.
En opinión de Comisiones Obreras la Estrategia debería reforzar el papel de las empresas en la economía circular, y entre otras cuestiones impulsar las compras verdes en el seno de las organizaciones así como la participación de los trabajadores y las trabajadoras como actores clave en las buenas prácticas en la gestión ambiental.
¿Qué está haciendo ISTAS en Compras Verdes?
En 2017 ISTAS publicó un manual sobre las Compras Verdes y Socialmente Responsables (CVSR) con el objetivo de divulgar los beneficios asociados a las mismas, y como parte del convenio de colaboración suscrito entre ISTAS y Ecoembes.
En el mes de marzo ISTAS-CCOO participó en dos jornadas organizadas organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
El 6 y 7 de marzo, la FEMP celebró un seminario técnico sobre Entidades Locales y Economía Circular para recopilar las mejores experiencias locales, reflexionar sobre la nueva estrategia española en el ámbito estatal y construir las bases de lo que debería ser un nuevo plan de acción sobre economía circular en el ámbito de los municipios y provincias.
ISTAS fue invitado a este seminario con la idea de presentar el trabajo realizado sobre CVSR, expresar la visión sindical sobre la estrategia española de economía circular y participar en los grupos de trabajo para concretar medidas de actuación específicas, también en el ámbito de las compras y contratación pública verde.
Por otro lado, el 22 de marzo, tuvo lugar la jornada de sostenibilidad e innovación de la compra y contratación pública, en la que ISTAS pudo exponer la visión sindical sobre la integración de las cuestiones ambientales y sociales en los procesos de contratación y compras públicas.
En estos foros hemos incido en la necesidad de armonizar las tres dimensiones principales (social, ambiental y económica) en la contratación y compra pública (CCP) vinculada a la sostenibilidad, y evitar con ello determinadas consecuencias negativas, por ejemplo, los conflictos laborales en los sectores de la limpieza municipal, por el incumplimiento por parte de algunas empresas concesionarias de los convenios y condiciones laborales pactadas con los trabajadores, lo que se justificaba muchas veces con la oferta económica presentada en el concurso público. Esta situación ha generado en muchos ayuntamientos, en primer lugar, un perjuicio a la ciudadanía y en segundo lugar un incremento del coste municipal previsto por las medidas que se han tenido que adoptar para hacer frente al problema.
En estos foros ISTAS-CCOO ha planteado que la contratación y compra pública (CCP) debe
- Desde la dimensión social, orientarse, a materializar con carácter general las políticas sociales de la Unión Europea, y en particular a la creación de empleo, un empleo de calidad, a la implantación de procesos participativos, y a la transparencia en la toma de decisiones.
- Desde la perspectiva de la dimensión ambiental, la CCP debe ir orientada a dar respuesta a los principales retos ambientales a los que nos enfrentamos: el cambio climático, la puesta en práctica de la economía circular, la gestión del agua o el uso eficiente de los recursos y materias primas, entre otros.
- Desde la perspectiva de la dimensión económica de la sostenibilidad, lo que debemos esperar de la CCP es una gestión eficiente del dinero público, entendiendo por esto el que la eficiencia en este caso no está en la oferta más económica, como se venía tradicionalmente aplicando con las anteriores directivas, si no precisamente en ese binomio calidad-precio donde deben ser los criterios sociales y ambientales los que determinen la eficiencia del gasto. Hemos visto, en muchísimas ocasiones, como la oferta más económica ha acabado siendo al final la más cara, precisamente por no haber tomado en consideración las cuestiones sociales o ambientales en la licitación.