Carlos Martínez Camarero. Secretaría Confederal de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO.
La necesidad de disminuir las emisiones de CO2 para evitar el calentamiento global obliga a reducir el uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) en todos los países y en todos los sectores, a sustituirlos por energías renovables y a adoptar medidas de ahorro y eficiencia energética también en todos los ámbitos. En esto consiste básicamente la transición energética. El proceso hay que acometerlo sin demora, de manera planificada y teniendo en cuenta los costes económicos, el estado de las tecnologías y la protección de los trabajadores y de los sectores más vulnerables.
La transición energética es ineludible
En los últimos años se han producido dos elementos que posibilitan que esta transición se pueda producir de manera más rápida, más profunda y con un mayor consenso social.En primer lugar, la aprobación del Acuerdo de Paris sobre cambio climático que obliga a todos los países a trazar hojas de ruta para descarbonizar las economías y los sistemas energéticos y evitar que se superen los 2º de aumento de la temperatura media global o preferiblemente limitarlo a 1,5º. La multiplicación de evidencias sobre el calentamiento climático hace también que la sociedad sea cada vez más consciente de que los cambios en la producción y el consumo de energía son inevitables.
El segundo elemento es la espectacular reducción de costes a escala mundial de las tecnologías renovables más importantes (solar fotovoltaica y eólica) que hace que la transición, aunque siga necesitando de importantes inversiones, pueda disminuir en muchos casos los costes de los suministros energéticos para los ciudadanos y las empresas. Pero no sólo ha habido una mejora de la disponibilidad de las tecnologías renovables, también han avanzado las tecnologías enfocadas a la eficiencia energética (electrificación de la demanda y de los vehículos, almacenamiento de la energía, redes inteligentes, materiales para el aislamiento de edificios, etc).
La transición energética es positiva
Hasta hace poco la transición a un modelo energético descarbonizado se veía como un proceso que había que asumir por razones ambientales pero que supondría costes y esfuerzos muy difíciles de gestionar. Ahora la transición energética se ve cada vez más como una oportunidad para un cambio de paradigma que nos ayude a avanzar hacia un nuevo modelo productivo en España, que mejore la capacidad industrial y tecnológica y sitúe a nuestras empresas en mejores niveles de eficiencia productiva y de menores costes.
Este proceso implicará también la creación de un número importante de puestos de trabajo. ISTAS-CCOO estimó hace años que se podrían crear 343.00 empleos (incluyendo los indirectos) en un escenario ambicioso de penetración de energías renovables en España. Posteriormente calculó que sólo en autoconsumo con renovables y generación distribuida se crearían unos 80.000 empleos directos (136.000 incluyendo los indirectos) con un plan para aumentar la potencia en 13.000 Mw. ISTAS-CCOO calculó también que si se introdujeran determinadas medidas de impulso a la movilidad sostenible en 2020 podría haber 443.000 empleos, 150.000 más de los existentes en ese sector en 2008. Otro informe de ISTAS-CCOO sobre la rehabilitación energética de edificios y viviendas, consideró que a razón de unas 500.000 rehabilitaciones cada año, a partir de 2020 se podrían crear 104.000 puestos de trabajo. El empleo en los sectores relacionados con la eficiencia energética también se estima que puede aumentar considerablemente.
Son cifras muy importantes que, además, pueden ayudar a paliar las pérdidas de empleo que se pueden producir en algunos sectores como el del carbón o la energía nuclear. Los sindicatos tienen que dotarse de adecuadas estrategias para que esta transición se planifique de manera que todas las administraciones cooperen para que muchos de los puestos de trabajo que se creen sean en las zonas y en el momento en que se cierran otras instalaciones y para que las empresas eléctricas asuman también que sus planes de desarrollo en energías renovables deben contar con las zonas afectadas.
La transición a nuevas fuentes energéticas es positiva también porque va a reducir los impactos ambientales de las energías derivadas de los combustibles fósiles: emisiones de contaminantes atmosféricos como las partículas, el SO2, el NOx, el mercurio y otros metales pesados o los COV que afectan gravemente a la salud humana; los vertidos de hidrocarburos a los mares, a acuíferos o a cauces fluviales o los efectos territoriales de la minería a cielo abierto y de muchas infraestructuras de transporte de energía.
La transición energética debe suponer también el abandono progresivo de la energía nuclear. Aunque emita menos CO2 que los combustibles fósiles durante su ciclo de vida mantiene problemas graves como los que se derivan de la gestión de sus residuos de alta actividad cuya vida se prolonga durante miles de años o de la posibilidad de accidentes graves sobre todo en instalaciones envejecidas que superan su periodo de vida útil. CCOO decidió hace años que los reactores españoles deberían ir clausurándose a medida que cumplieran los 40 años desde su puesta en funcionamiento. La generación nuclear es además un problema en España por su escasa flexibilidad para reducir su producción, que supondría el vertido de electricidad renovable si estas aumentan su penetración en el sistema.
Otro elemento positivo de la transición energética es que el actual modelo tiende a una elevada concentración de grandes empresas operadoras porque se necesitan importantes capitales para abordar las inversiones en grandes plantas centralizadas y en todas las fases de la extracción, transporte y distribución de las energías convencionales. Sin embargo el nuevo modelo energético se caracteriza por el desarrollo de instalaciones de menor tamaño o potencia que requerirán capitales menos importantes, que podrán ser incluso colectivos, o en el caso del autoconsumo y la generación distribuida promovidas por ciudadanos o empresas de cualquier sector productivo. Esto puede suponer una significativa democratización de la energía, clave para el empoderamiento de la ciudadanía en un sector caracterizado por la presencia de oligopolios que han determinado durante mucho tiempo las políticas energéticas de los Gobiernos.
Este año se está produciendo un intenso debate en España sobre estas cuestiones. La ley de cambio climático y transición energética que está elaborando el Ministerio de Medio Ambiente y el plan de energía y clima que tiene que elaborar el Ministerio de Energía tendrían que incorporar estas cuestiones.
Recientemente el informe de la Comisión de Expertos que nombró el Gobierno ha planteado algunos elementos para 2030 que apuntan en esta dirección (reforma de la fiscalidad energética, penetración de renovables, prescindir del carbón, electrificación del transporte…) pero otros (alargar la vida de las nucleares, mantenimiento del actual mercado eléctrico…) no contribuyen a los cambios de modelo.