Si consideramos lo manifestado por los partidos políticos durante la última campaña electoral, la Ley de Cambio Climático verá la luz en esta legislatura. Es, sin duda, una buena noticia que todos coincidan en su necesidad, en parte por la presión social y quizá imbuidos de la inercia del Acuerdo de París de 2015, donde se marcan líneas para descarbonizar los sistemas energéticos y productivos de los países que lo ratifiquen, con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2^oC con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para conseguir limitar ese aumento a 1,5^oC reconociendo que ello reduciría los riesgos y los efectos del cambio climático.

Sin embargo, corremos un riesgo importante de incumplimiento si pensamos que con el Acuerdo de París y la elaboración de una Ley de Cambio Climático en el marco político español tenemos resuelto uno de los principales problemas de nuestras sociedades. Es absolutamente imprescindible conseguir que la sociedad en su conjunto asuma que en los procesos de mitigación y adaptación es fundamental que todos participen de los objetivos. La descarbonización no se logrará sólo en los despachos y foros institucionales, requiere de políticas pegadas a la realidad, de implantación de medidas, de suma de comportamientos. No son pocas las ocasiones en las que las leyes no garantizan los objetivos para los que fueron dictadas por falta de concreción o por insuficientes mecanismos. Y ahí es donde deber profundizar una Ley de Cambio Climático, no en lo declarativo, sino en el establecimiento de instrumentos efectivos que generan el cambio de modelo.

Es necesario, por tanto, que la futura ley desarrolle y operacionalice objetivos de reducción de emisiones suficientemente ambiciosos para que nuestra contribución sea efectiva; que defina claramente la planificación y coordinación de las políticas climáticas en todo el marco competencial del Estado con la participación de las distintas administraciones; que revise los instrumentos fiscales para reorientar los sectores económicos hacia una economía baja en carbono y también los instrumentos de financiación de dichas políticas.

Pero sobre todo, debe contemplar instrumentos para una transición justa para la fuerza laboral que permita la adaptación de los sectores económicos, con mecanismos de participación efectiva para facilitar los consensos, disminuir los rechazos y limitar sustancialmente los costes sociales de dichos procesos de transición.

Para CCOO la ley debe ser una oportunidad, un instrumento de cambio del modelo productivo que nos permita transitar de una economía basada en la especulación urbanística y en los servicios turísticos, intensiva en mano de obra poco cualificada y en condiciones de elevada precariedad, por otra basada en una industria de alto valor añadido en sectores sostenibles que generen empleos de calidad.