Alternativas sostenibles para el futuro de las cuencas mineras
Carlos Martínez Camarero. Secretaría Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO
Carlos Martínez Camarero. Secretaría Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO
Actualmente la actividad de la minería del carbón se circunscribe en España a algunas comarcas de las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha. El sector ha perdido un volumen de empleo muy significativo en las últimas décadas pasando de 45.000 mineros a finales de la década de los 80 a 3.400 en el año 2012. La mitad de ellos pertenecen a la empresa pública HUNOSA.
Mientras tanto el uso de carbón en centrales térmicas españolas también ha disminuido en ese período, pero sobre todo se ha reducido el autóctono aumentando significativamente el de importación (un 80% en 2014). Sin embargo en los últimos años (2014-2015) se ha aumentado el uso de carbón en la generación de electricidad sobre la base del de importación.
El carbón nacional ha tenido muchas dificultades en casi todos los países europeos para competir en los mercados internacionales y ha requerido de programas de ayuda estatales de diversa índole (a las empresas mineras, a la producción…) y cuantía que han ido evolucionando hasta que la Unión Europea adoptó la decisión en 2010 de suprimir dichas ayudas en el horizonte temporal de 2018. Paralelamente se han desarrollado varios planes de ayudas a los trabajadores afectados por procesos de cierre de instalaciones, para indemnizaciones, seguridad minera y formación, así como iniciativas para apoyarel impulso económico alternativo de las comarcas mineras.
Esta normativa europea, así como las medidas desarrolladas a partir de los acuerdos sobre cambio climático para la reducción de emisiones o las que se derivan de la legislación sobre contaminantes atmosféricos (Directiva de emisiones industriales de 2010 sobre SO2 y NOx) hacen que el futuro de la minería del carbón para la generación de electricidad en centrales térmicas sea muy incierto. Más en concreto, la producción de carbón nacional está sujeta a un Plan de cierre impuesto por Bruselas en el que las ayudas concedidas durante el período 2013-2018 para cubrir pérdidas de producción, cobertura de costes excepcionales o ayudas sociales están vinculadas y sujetas al cierre definitivo de esas instalaciones en esa fecha.
El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) ha realizado por encargo de Greenpeace un estudio sobre “La minería del carbón en España y experiencias internacionales de transición justa” en el que se analiza la evolución pormenorizada del sector, las características comunes de las regiones mineras y se realiza un balance de la ejecución de los sucesivos planes de actuación desarrollados para esas comarcas.
En el estudio se destaca que estas zonas se caracterizan por un monocultivo industrial muy dependiente de la actividad minera, por una alta masculinización del empleo, por la existencia de salarios más altos que la media y por una escasa diversificación empresarial. La mayoría de la población no se plantea seriamente otra forma de vida que no esté ligada a la minería y la falta de otras oportunidades de empleo de mayor cualificación provoca la migración de los jóvenes con titulación.
Los planes de actuación desarrollados desde hace décadas para la reactivación de las comarcas mineras, gestionados fundamentalmente por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, perteneciente al Ministerio de Industria, han contado con un importantísimo volumen de fondos públicos que se aplicaron durante mucho tiempo sobre todo a la construcción de edificios o de infraestructuras urbanas o de carreteras. Solo en los últimos planes se ha priorizado la incentivación de la creación de empresas y de empleo.
Según ha señalado la Federación de Industria de CCOO de Asturias ha habido una notable falta de transparencia en la ejecución de los fondos, una clara falta de acceso a los mismos por parte de PYMES, una evidente ausencia de seguimiento de los resultados y un exceso de preponderancia de los intereses políticos “municipales”. No obstante hay que huir de la afirmación, que en ocasiones se hace, de que “todo ese dinero no ha servido para nada” ya que en muchas zonas si se logró crear un cierto tejido industrial alternativo a la minería.
Uno de los problemas que se han revelado es que la crisis económica y la paralización que se produjo en la implantación de energías renovables han contribuido también al cierre de algunas empresas financiadas con estos fondos. En resumen: demasiadas infraestructuras de elevado coste y escaso uso, fondos mal repartidos, sin una visión global, sin control ni evaluación de su ejecución y en los últimos años en un contexto de destrucción de tejido industrial y empleo que ha arrastrado también a muchos de esos proyectos.
El estudio recopila también numerosos ejemplos que se han desarrollado a escala internacional para una reconversión justa y con alternativas sostenibles en cuencas mineras. Hay buenos ejemplos en Francia, Canadá, Estados Unidos, Alemania..
El estudio de ISTAS se complementa con otro estudio, encargado por Greenpeace a la consultora Abay Analistas, sobre “El proceso de transición en la cuenca minera de Teruel” en el que se analiza la situación socioeconómica de la comarca minera de Andorra (Teruel) y se hace balance de los planes del carbón desarrollados allí y de los diversos procesos participativos que ha habido para definir su futuro. El estudio formula también propuestas de diversificación económica alternativa que están basadas en el sector agroalimentario, en el desarrollo de energías renovables, en el turismo de experiencias y en el desarrollo de actividad industrial y de rehabilitación de espacios mineros degradados.
Una de las conclusiones más claras de estos estudios es que en estas zonas la falta de aceptación de un escenario económico sin carbón ha dificultado notablemente el proceso de cambio hacia un futuro alternativo. Esta situación ha imposibilitado un diagnóstico realista y ha impedido el compromiso de todos los actores sociales e institucionales con un plan de desarrollo a medio y largo plazo basado en la identificación de las potencialidades reales de la zona y de su nivel formativo.
Pero aún estamos a tiempo de rectificar y de impulsar una planificación global e integrada de estas comarcas estableciendo líneas de reactivación económica adaptadas a cada zona, acompasadas al cierre de la minería y desarrollada por entidades institucionales supramunicipales, pero en coordinación con los ayuntamientos y con participación de todos los actores sociales. Un contexto de reactivación a nivel estatal de una transición energética basada en las energías renovables ayudaría a generar tejido empresarial y empleo alternativo también para las comarcas mineras.