El proceso energético catalán
Jose Manuel Jurado es Responsable de Sostenibilidad, Secretaria de Política Territorial y Barcelonés, CCOO de Cataluña
Jose Manuel Jurado
Cataluña fue pionera en impulso de las instalaciones de energía renovable. En el año 1984, la cooperativa Ecotecnia conectaba a red el primer parque eólico de la Península Ibérica, formado por modestos generadores de 24 kw de potencia.
En 32 años algunas cosas han cambiado bastante. Hoy en día no queda resto alguno de los cinco aerogeneradores en la comarca del Baix Empordà(Gerona) donde estaban ubicados. Cataluña ya no es, ni mucho menos, la comunidad autónoma más avanzada en tecnologías renovables (ocupamos el sexto puesto en el ranking). Un ya poco honorable president de la Generalitatllegó a afirmar que “no podem tornar als molins de vent” (para lectores de lenguas románicas creo que no hace falta traducción), y por estas latitudes la apuesta era favorecer la generación térmica y mantener la atómica. Tan sólo a finales de la década pasada se produjo un importante crecimiento de la potencia eólica instalada, llegando a superar los 1200 MW. Desde el año 2012, no ha habido prácticamente movimiento en este sector, al igual que en el resto del Estado.
Ecotecnia tampoco es una cooperativa. Pasó a manos privadas (Alstom Wind) y hace pocos meses esta división fue adquirida por General Electric. Compañeros y compañeras de los centros de producción e investigación (como los Navarra o Barcelona, por ejemplo) están movilizados ante el peligro de que desaparezcan sus puestos de trabajo ante la falta de política industrial por parte de los nuevos accionistas y la deslocalización. Cuentan con todo el apoyo de CCOO y UGT.
Tanto aquel exhonorable president como sus discípulos mantenían una gran complicidad con los respectivos ejecutivos de Madrid en materia energética, como mínimo hasta los últimos meses (y si valoramos las estrategias vigentes, hasta la actualidad). En cambio, y sin grandes aspavientos, otras comunidades autónomas han aprobado diversas políticas que han fomentado una mayor implantación de instalaciones eólicas, solares, de biomasa, etc. Ciertamente, no estamos ante casos de planificaciones realmente revolucionarias y que hayan supuesto grandes reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero del mix energético. Pero sí ante decisiones políticas más decididas a apoyar la generación autóctona, mejor distribuida por el territorio y más generadoras de empleo que las catalanas.
El despropósito, o la utilización interesada de los conceptos, es grande en relación al problema energético. En este sentido, representantes del anterior gobierno de la Generalitat llegaron a afirmar que Cataluña ha cumplido las obligaciones internacionales sobre lucha contra el cambio climático, directamente relacionado con modelo energético. Por el contrario, aquellos políticos defendían que el Estado, en su conjunto, no lo había hecho. Según el Protocolo de Kyoto, el Reino de España no podía superar les emisiones de gases de efecto invernadero por encima del 15%, en relación al año 1990. Según los datos de 2013, el Estado llegó a un incremento del 24% y Catalunya a un 16%. España suspendía, y Catalunya aprobaba con algo que se podría interpretar como “insuficiente alto”.
En este espacio no podemos entrar en demasiados detalles en esta complicada cuestión. Habría que valorar la aplicación de sistemas de compra de derechos, la elevada producción energética termonuclear catalana (no computa emisiones según Kyoto), el régimen pluviométrico de 2013, etc.). Pero tal y como hemos defendido reiteradamente desde el mundo sindical, lo cierto es que no existen, por el momento, grandes diferencias entre Cataluña y el resto del Estado en relación a la política energética y las necesarias mitigación y adaptación al cambio climático global. En 32 años, algunas cosas no han cambiado demasiado.
Pero esta tesis se podría calificar como subjetiva o, dicho en otras palabras, como opinable o fruto del nivel a adscripción al proceso nacional que impregna cada rincón de esa tierra de acogida que es Cataluña. Así, convendría aportar algún dato en el sentido de la idea del continuismo de las antiguas políticas ambientales e industriales a ambos lados del Ebro.
Las instalaciones industriales catalanas reguladas por las directivas europeas sobre gases de efecto invernadero incrementaron sensiblemente sus emisiones en 2015 . Concretamente, emitieron 14 millones de toneladas de CO2, un 6,6% más que el año anterior. Ante un modesto incremento de la actividad industrial, este ha quedado plasmado directamente en un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque se intenta publicitar lo contrario, no se ha producido cambio de modelo productivo, y mantenemos sus externalizaciones negativas sobre la sociedad, la economía y el medio ambiente.
Estamos ante una prueba evidente de la tesis anteriormente apuntada: son necesarias medidas mucho más decididas para afrontar el gran reto que supone el calentamiento global por parte de las distintas administraciones competentes.
En el momento de redactar estos párrafos, el Parlamento de Catalunya trabaja sobre una propuesta de Ley de Cambio Climático. Desde CCOO de Catalunya hemos valorado esta norma como insuficiente en el redactado inicial, por lo que estamos defendiendo su modificación. A pesar de tratarse de una iniciativa pionera, sus contenidos están lejos de impulsar cambios en la actividad productiva o en los hábitos de la ciudadanía, para acercarnos a los objetivos del Acuerdo de París.
Desde CCOO de Catalunya esperamos que del debate entre las fuerzas políticas resulte una ley potente y referente para otras comunidades autónomas, que impulse la producción a partir de energía renovable, que estimule el ahorro, que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero y que nos prepare para los impactos del cambio climático que ya son evidentes.
Uno de los temas centrales en el debate público en Cataluña es el modelo de país que queremos construir colectivamente. Es lo que aquí conocemos como "el procés" (creo que no hace falta traducción en un Estado multicultural como el nuestro). En un momento como éste es oportuno considerar que nuestro modelo energético, una de las bases para el funcionamiento de una sociedad avanzada, no difiere demasiado del conjunto del Reino de España. Sea cual sea nuestra evolución política, las administraciones públicas (también las empresas y las entidades sociales, por cierto) ya deberían estar fijando los fundamentos para desarrollar un nuevo modelo de generación, distribución y consumo de energía, que se pueda definir como más justo, más limpio y más sostenible.