Nuevas obligaciones sobre eficiencia energética para grandes empresas
Sara Pérez Díaz es técnica del Área de Medio Ambiente de ISTAS-CCOO
Sara Pérez Díaz
El 14 de Febrero de 2016 se aprueba el Real Decreto 56/2016 por el que se transpone parcialmente la Directiva 2012/27/UE, de Eficiencia Energética en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios energéticos y auditores, y promoción de la cogeneración de alta eficiencia. El verdadero objetivo de esta normativa es el de fomentar el ahorro y la eficiencia energética, aumentar la competitividad de las empresas y reducir las emisiones
Este nuevo Real Decreto aunque una vez más llega tarde, con casi 2 años de retraso desde que finalizara el plazo de transposición de la Directiva, y con alguna deficiencia como luego veremos, es muy importante para el sector de la eficiencia energética en España. Permitirá que nuestra economía sea más eficiente al reducir la factura energética de las empresas.
La normativa obliga a las grandes empresas a realizar auditorías energéticas o implementar sistemas de gestión energética para reducir su consumo. Estas dos herramientas permiten a las empresas conocer el comportamiento de su consumo energético y conocer las mejoras que tienen a su alcance para reducirlo. Por grandes empresas se refiere a aquellas de más de 250 trabajadores o cuyo volumen de negocio exceda los 50 millones de euros y su balance general los 43 millones. Así como a los grupos de sociedades que contabilizando sus magnitudes agregadas cumplan estos requisitos.
Por otro lado, como novedades menos conocidas, introduce una serie de requisitos a los proveedores de servicios energéticos y una acreditación oficial a los auditores energéticos. Con estos requisitos se pretende ordenar el sector de la eficiencia energética en España. Se espera que este sector tenga un importante crecimiento con el impulso de esta y otra normativa sobre el ahorro y la eficiencia energética.
En ISTAS y en CCOO hemos señalado en numerosas ocasiones la oportunidad de empleo existente en el sector del ahorro y la eficiencia energética, tanto en la edificación como en el sector industrial. Apostar por este sector significa avanzar en el cambio del modelo productivo tan necesario en nuestro país. Significa avanzar hacia una economía baja en carbono y más eficiente, una economía y un empleo sostenible.
Igualmente siempre hemos defendido la importancia de mejorar el ahorro y la eficiencia energética de las empresas como una forma de mantener el empleo en las mismas y hacerlo más sostenible.
El Real Decreto también incluye una disposición en cuanto a ahorro y eficiencia energética en la edificación. La Directiva de Eficiencia Energética europea establece que a partir de 2020 (en el caso de los edificios públicos a partir de 2018) será obligatorio que todos los edificios se construyan bajo las premisas de “edificio de consumo de energía casi nulo”. Según el RD 56 “se define como edificio de consumo de energía casi nulo, en el ámbito de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, aquel edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se determinará de conformidad con el anexo I de la citada Directiva. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida «in situ» o en el entorno”.
La auditoría energética a la que obliga el nuevo Real Decreto debe realizarse cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría energética anterior. También se establecen los requisitos que debe cumplir dicha auditoría y se crea en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo un Registro Administrativo de Auditorías Energéticas y se establece un sistema de inspección de las mismas.
Las empresas que deban someterse a una auditoría energética, deberán realizar dicha auditoría antes del 14 de noviembre de 2016. Este plazo es bastante ajustado pero se justifica por el retraso en la trasposición. Además se contempla la imposición de sanciones: desde el día 14 de noviembre de 2016 todas aquellas empresas que no hayan realizado la auditoría energética se enfrentarán a sanciones que irán desde los 300€ a los 60.000€.
Las empresas pueden sustituir la auditoría energética obligatoria cada cuatro años por la implantación de un sistema de gestión energética, en particular la implantación conforme a la norma ISO 500001 exime de nuevas auditorias energéticas.
Un sistema de gestión energética (SGE) es una forma más completa e integral de mejorar el comportamiento energético de una organización, ya que se basa en la monitorización y la mejora continua del mismo. La auditoría energética es una herramienta más dentro del SGE.
Un SGE está directamente vinculado al sistema de gestión de la calidad y al sistema de gestión ambiental de una organización. En concreto un sistema de gestión ambiental conforme a la norma a la ISO 14001 también podría eximir de realizar nuevas auditorías energéticas siempre que éstas se contemplasen en el sistema implantado en la empresa. Es importante señalar esta relación pues el objetivo final debe ser el mejorar la sostenibilidad medioambiental de la empresa y por extensión de nuestra economía.
En cuanto a las deficiencias encontradas en el Real Decreto cabe destacar la no trasposición a la normativa española del artículo referente a la individualización y control de los consumos energéticos en cuanto a climatización de edificios existentes. Numerosas organizaciones han destacado la importancia de esta omisión, la Directiva indica que, en los edificios “con una fuente central de calefacción/refrigeración o abastecidos a partir de una red de calefacción urbana o de una fuente central que abastezca varios edificios, se instalarán también contadores de consumo individuales antes del 31 de diciembre de 2016, que midan el consumo de calor o refrigeración o agua caliente de cada unidad”. Pues bien, esta obligación no ha sido traspuesta y es un gran error pues es una medida muy eficaz para que los usuarios puedan racionalizar su consumo de calefacción.
En resumen este Real Decreto supone un paso muy importante para aumentar el ahorro y la eficiencia energética de nuestra economía reduciendo así las emisiones de CO2 a la atmósfera. Además mejorará la competitividad de las empresas y avanza en el cambio de modelo productivo, tan necesario en nuestro país.