Transición energética y productiva justa: ¿de qué estamos hablando?
Carlos Martinez Camarero y Vicente López
La transición a un nuevo modelo productivo bajo en carbono y sostenible, es ineludible. De hecho ya se está produciendo, aunque no con la intensidad necesaria. Una economía baja en carbono se define como aquella que prescinde o minimiza el uso de las fuentes de energía basadas en los combustibles fósiles, siempre emisores de dióxido de carbono (carbón, petróleo y gas), y las sustituye por fuentes de energía renovable (sol, viento, biomasa,…) no emisoras de este gas.
Dos razones impulsan este cambio necesario de fuentes de energía. Por un lado, el proceso de cambio climático en el que estamos inmersos, y que está provocado por el aumento de la temperatura media de la Tierra, que, como señalan los expertos, es consecuencia de la acumulación de gases de efecto invernadero, provocada, principalmente, por un modelo de crecimiento económico intensivo en carbono. Una relación causa-efecto que se encuentra ampliamente respaldada por la comunidad científica.
Por otro lado, y no menos importante, este proceso de sustitución también viene marcado por los propios límites físicos que caracterizan a las fuentes de energía fósil. Las reservas de petróleo, de gas o de carbón, se agotan en el tiempo, esto es irrefutable.
La primera de las razones, el cambio climático, es de tal calado, que invita, por el bien de la humanidad, a no esperar el agotamiento de las reservas de energía fósil, e iniciar cuanto antes el tránsito hacia un sistema socioeconómico alimentado por energías libres de carbono. Cuanto más se tarde en actuar, peores serán las consecuencias, no sólo en términos medioambientales, sino, sobre todo, y esto a veces se suele olvidar, en términos sociales y económicos.
Evidentemente no podemos esperar una transición del modelo productivo dinamizado por el mercado. Esta transición de modelo energético, transversal a todos los sectores productivos, debe realizarse de forma planificada, guiada, por parte de los poderes públicos, y siempre, bajo fórmulas que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos involucrados. Esa participación es un elemento básico del concepto de transición justa,
Esta actuación política en materia energética debe regirse por varios principios básicos y nos atreveríamos a decir, lógicos: las políticas deben encaminarse a reducir el consumo de energía, per cápita y por unidad de PIB, a aumentar la eficiencia en el uso de la energía, y a la necesaria transición hacia fuentes de energía renovables.
La sustitución del modelo energético actual debe ser gradual. No se puede concebir un cambio drástico en el corto plazo. Pero, debe iniciarse de forma inmediata, reorientando los recursos públicos y privados disponibles, para poder evitar que la temperatura media del planeta supere los fatídicos dos grados centígrados que alertan los expertos. Ese cambio es técnica y económicamente viable. En estos últimos años ya se ha dado un salto cualitativo, a nivel mundial, en la incorporación de tecnologías probadas, y a costes razonables, en el terreno energético, en la movilidad, en la edificación y en la industria.
La transición concierne a todos los sectores productivos. La mayor parte de las empresas se podrán adaptar sin excesivos costes. Necesitarán, eso sí, reorientar su política de inversiones y cambiar o adaptar sus prácticas de gestión productiva. Estos cambios en los procesos productivos y organizativos, supone, y esto se obvia muchas veces, una clara mejora en los niveles de eficiencia productiva y, por lo tanto, de competitividad de las empresas.
No en vano estamos hablando de ahorro de costes, de sostenibilidad a largo plazo, y de gestión de recursos, en este caso, energéticos. Algunos sectores productivos tendrán que redirigir sus líneas de producción y de negocio hacia otros productos o servicios. Para otros simplemente se tratará de mera adaptación a nuevas fuentes de energía. Esto ya se está haciendo. Lo han puesto en marcha tanto pequeñas empresas como grandes corporaciones internacionales. Hay muchas experiencias exitosas en Europa y también en España.
Este cambio transversal lleva aparejado, obviamente, la emersión de nuevas actividades productivas, nuevos nichos de negocio, inexistentes hasta el momento, y como hemos dicho, la mejora competitiva de la mayor parte de sectores productivos. Las innovaciones tecnológicas, en proceso o en producto, como es el caso, conllevan dinámicas de creación neta de empleo a largo plazo. Esto también es un hecho probado. Pero, además, este cambio en la forma de proveer energía, no sólo tiene importancia por la permuta en el origen de la energía (de fósil a renovable), sino también, y es otro un asunto nuclear del proceso de transición justa, en las formas de producción y consumo energético. Las energías renovables permiten el desarrollo de formas de producción y distribución, más democráticas, como puede ser el caso de la generación distribuida y el autoconsumo, que ponen en jaque, y tal vez este sea el problema de fondo, las prácticas oligopolísticas de las grandes corporaciones energéticas.
Muy pocos sectores no podrán adaptarse a los cambios. El ejemplo de AREVA en Francia nos muestra como una empresa de tecnología nuclear, al hilo de la decisión del Gobierno de sustituir progresivamente la generación nuclear por energías renovables, ha entrado en el negocio de este tipo de energías, y podrá seguramente mantener el nivel de empleo..
En estas últimas décadas, los procesos de reconversión sectorial han sido continuos. Pero, aquellos que han gozado de cierta planificación pública, consecuencia, no de la bondad de los gobiernos de turno, sino de la fortaleza y la lucha sindical, como ocurrió por ejemplo con la siderurgia, han tenido resultados más equitativos en lo social y lo económico, que aquellos que se han producido de forma “sorda”, a través únicamente de la dinámica impuesta por el mercado (por ejemplo, las crisis sectoriales provocadas por la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación).
Los sindicatos siempre han reivindicado una transición justa para los trabajadores y trabajadoras en todos los procesos de cambio productivo. No es ninguna novedad. Por ello, ante la inminencia de este cambio de modelo, seguimos demandándola, sobre todo en el ámbito de las negociaciones para el acuerdo internacional sobre cambio climático. Cada país, obviamente, dada su estructura productiva y el desarrollo de sus políticas sociales y laborales, se enfrentará a consecuencias distintas en este proceso de transición. En cada ámbito territorial se deben definir de forma participada, y guiadas por los principios de justicia y equidad distributiva, las políticas que faciliten esta transición en la que, el único perdedor, sea la emisión de gases de efecto invernadero. Hemos tenido experiencias, no siempre positivas, de reestructuración en muchos sectores y territorios, pero, de lo que estamos seguros, es que la participación siempre suma en positivo en términos de equidad.
Cada país necesita un proceso planificado de transición a una economía baja en carbono que esté ligado a los objetivos climáticos que marca la comunidad científica. Esta planificación debe ser global, estable en el tiempo, y equilibrada en términos sociales. Se necesitan para ello medidas de carácter normativo en todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito de la mejora de los niveles de protección social y en el ámbito laboral, donde se deben dar los pasos necesarios para romper la tendencia precarizadora de los mercados de trabajo y recuperar la capacidad contractual de los trabajadores y trabajadoras y los sindicatos que los representan. Pero también en el ámbito de las políticas fiscales, con mayor protagonismo de impuestos que penalicen el consumo de energía fósil, o en las políticas presupuestarias, que deben orientarse hacia este proceso de transición justa y sostenible. Estas mejoras deben realizarse de forma transparente y participada por todos los agentes sociales y económicos. Es la única forma de garantizar una transición justa en la que el proceso de cambio de modelo energético sea paralelo a más empleo, menor precariedad o mayor equilibrio territorial.
Ese proceso planificado de transición energética se ha puesto en marcha ya en algunos países europeos con diferentes ritmos e intensidades. En Dinamarca, los sucesivos gobiernos llevan muchos años empeñados en ser autosuficientes con energías renovables, y se han planteado llegar al objetivo de un 35% de energía proveniente de fuentes renovables 2020 ( biomasa, biogas, geotermia y eólica), poniendo fecha de caducidad, por lo tanto, a las más contaminantes, y que, además, no son autóctonas (calderas de gas y gasoil en 2016, por ejemplo). Este proceso ha sido paralelo a una disminución del consumo de energía, el mantenimiento de los niveles de empleo, y a un crecimiento de su PIB.
En Alemania, su plan energético (energiewende) tiene el objetivo de cerrar las centrales nucleares, sustituyéndolas por renovables (particularmente eólica, solar y biomasa) y disminuir sus emisiones de CO2 un 40% en 2020 y un 55% en 2030. Allí todos los gobiernos que se han sucedido han mantenido ese enfoque porque se ha consolidado como política de Estado y ha sido reforzado por las políticas municipales de urbanismo, movilidad y residuos que se han puesto en marcha
Francia es el último de los grandes países que ha llegado a estas políticas. Acaban de aprobar una ley de transición energética que establece el cierre de 24 reactores en 2025 (la mitad de los que hay) y su sustitución por energías renovables. Se plantean también rehabilitar energéticamente 500.000 viviendas al año y un 10% de coches eléctricos en 2020 en ciertas flotas de vehículos.
Estos marcos nacionales de transición, consensuados políticamente, son esenciales para favorecer un clima de estabilidad y certeza para la toma de las decisiones de inversión que deben acometer las empresas tanto en términos energéticos como estratégicos. Una hoja de ruta estable y predecible hace que se pueda abordar mejor el mantenimiento y la creación de empleos.
Carlos Martinez Camarero, Secretaría Confederal de Salud laboral y Medio Ambiente de CCOO
Vicente López, Director ISTAS