Una agricultura no puede ser sostenible si olvida a las personas trabajadoras asalariadas
Jesús Villar Rodríguez
La Federación Agroalimentaria de CCOO considera que la sostenibilidad del campo sigue fallando en su principal asunto: la calidad del trabajo de las personas trabajadoras cuenta ajena que sostienen la agricultura. La Política Agraria Común sigue sin tener en cuenta el factor empleo, en calidad y cantidad. Una vez más se pierde la oportunidad de utilizar la PAC como herramienta para hacer emerger la economía irregular, teniendo en cuenta que el empleo no declarado en Extremadura o en algunas provincias andaluzas, alcanza cifras próximas al 50% de todo el volumen de trabajo en la Agricultura
Acabado el proceso de negociación de los Planes de Desarrollo Rural en las Comunidades Autónomas, desde la Federación Agroalimentaria de CCOO, consideramosse puede perder una segunda oportunidad -tras la del propio primer pilar- de tomar en consideración al invisible y olvidado colectivo de más de 800.000 trabajadores asalariados del campo.
Con la nueva Política Agraria Común, dejaremos de nuevo pendientes algunos de los objetivos sociales que desde Federación Agroalimentaria de CCOO, como sindicato más representativo y mayoritario de los trabajadores y trabajadoras del sector agroalimentario español, hemos venido defendiendo ante los diferentes Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados y ante el Parlamento Europeo. Los verdaderos paganos del sistema agrario no son los agricultores por cuenta propia, a los que representan las Patronales Agrarias (organizaciones profesionales agrarias); que son los receptores de las ayudas (a la producción o al mantenimiento del paisaje, apoyo a inversiones, derecho a prejubilaciones, o a seguros agrarios...), si no otros verdaderos agricultores, como son los asalariados agropecuarios que trabajan por días sueltos, más de 800.000 campesinos jornaleros en España (casi cuatro veces más que agricultores titulares de explotaciones), y más de 3 millones en la Unión Europea a los que la PAC ha dejado abandonados.
En estas últimas semanas la Comisión Europea ha devuelto sus observaciones a los 19 Programas de Desarrollo Rural (PDR) del Marco Nacional, cuyas valoraciones han sido en general malas: son PDR muy conservadores, demasiado iguales a los que han regido el periodo 2007-2013, han tenido poco en cuenta las nuevas exigencias de eficiencia energética, economía baja en carbono, o lucha contra el riesgo de exclusión social, entre otras.
La prioridad 6 del FEADER señala la necesidad de "promover la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales". Esta dimensión estrictamente social es el primero y principal de los objetivos que formulaba el position paper con que la Comisión Europea instaba a España a abordar el reto y adoptar medidas concretas para el colectivo en riesgo de exclusión, dentro del ámbito de propiamente rural. Ese colectivo de exclusión entendemos que está sobre todo integrado por los y las asalariadas agrícolas, especialmente los trabajadores y trabajadoras eventuales de campañas, de los cuales, un número importante, no tiene acceso a ningún tipo de subsidio. La propuesta de la Federación Agroalimentaria de CCOO al respecto es incentivar la contratación con la modalidad de fijo discontinuo, que ofrezca garantías de llamada y profesionalización, y trabajar medidas específicas de orientación a otros empleos agrarios, complementando las diferentes campañas agrícolas.
Otro de los aspectos más criticables del proceso, y especialmente en algunas de las Comunidades Autónomas, es la falta de consulta y diagnóstico con los agentes económicos y sociales. En la preceptiva ronda de consultas con las Comunidades Autónomas nuestro sindicato ha participado de modo desigual, entendemos que por debajo de lo que exige el código de buenas prácticas y el marco Estratégico Común 2014-2020, por falta de voluntad política.
Este código de conducta, que adopta la forma de un Reglamento de la Comisión jurídicamente vinculante, establece objetivos y criterios para garantizar que los Estados miembros apliquen el principio de asociación, garantizando la transparencia en la selección de quienes representen a las autoridades regionales, locales y otras autoridades públicas, a los interlocutores sociales y económicos y a los organismos de la sociedad civil como miembros de pleno derecho en los comités de seguimiento de los programas; implicándose eficazmente en todas las fases del proceso, desde la preparación hasta la aplicación, incluyendo la supervisión y la evaluación, de todos los programas, así como su participación activa en el proceso, creando plataformas para el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas y de enfoques innovadores.
Desde la Federación Agroalimentaria de CCOO seguiremos trabajando e impulsando una participación real y activa de los sindicatos más representativos del sistema agroalimentario en el desarrollo e implementación de los programas de desarrollo rural, apostando prioritariamente por la creación y mantenimiento del empleo en calidad y cantidad.
Estas propuestas cobran más vigencia y justicia en la actual situación de crisis que está avocando a miles de personas del sistema agroalimentario a la pérdida de empleo y a una precariedad laboral injustificada. Desde la Federación Agroalimentaria de CCOO, como sindicato más representativo del sector, seguiremos denunciando en todos los ámbitos, así como haciendo propuestas constructivas y eficaces para la mejora de las condiciones laborales y sociales de estos trabajadores asalariados, por una PAC más social, fuerte, moderna, con suficientes recursos económicos, pero también con un fuerte componente social y de creación y mantenimiento del empleo, para garantizar el futuro de nuestro sector, hoy más que nunca, ante los nuevos retos de un mundo global.
Jesús Villar Rodríguez es secretario General de la Federación Agroalimentaria de CCOO