¿Prolongación nuclear?
Carlos Martínez Camarero
La energía nuclear está en franco declive a nivel mundial. En los países occidentales hace tiempo que no entra en funcionamiento ningún nuevo reactor y los pocos que están en construcción (Finlandia y Francia) acumulan retrasos y sobrecostes que no animan a nuevas inversiones. De hecho, los demás países en los que se sigue construyendo alguno se caracterizan por ser estados muy centralizados o porque estos financian o avalan la construcción de las plantas.
A escala internacional la media de edad de los reactores en funcionamiento ronda ahora los 30 años. Aunque algún país como Estados Unidos está prorrogando las licencias de funcionamiento hasta los 60 años, la media de edad a la que se han desconectado hasta ahora los reactores ha sido de unos 22 años. Alemania mantiene su plan de cierre a partir de los 30 años y otros países europeos como Suiza, Bélgica u Holanda también tienen decisiones de cierre de sus centrales nucleares.
A mayor antigüedad de los reactores se producen más paradas no programadas por problemas eléctricos y en válvulas, incendios, acumulación de algas en los sistemas de refrigeración, grietas, vibraciones, etc, lo que supone disfunciones en la programación del suministro eléctrico previsto y riesgos de seguridad. En Gran Bretaña, por ejemplo, el suministro ha sido en algunos momentos de hasta el 43% de lo previsto debido a decenas de paradas que se han producido en algunas de sus centrales más viejas.
En el Estado Español el Gobierno del Partido Popular mantiene una descabellada política energética que sólo contenta a algunas empresas del oligopolio energético. En relación con la energía nuclear está apostando casi en solitario por la prolongación de la vida útil de las centrales españolas hasta los 60 años.
El banco de prueba de ello está siendo la central de Garoña (Burgos), de la que el anterior Gobierno decidió en 2009 su cierre para 2013. Respecto de esta instalación, que está parada desde diciembre de 2012 por decisión de la empresa, se han puesto en marcha en esta legislatura rocambolescas resoluciones encaminadas a modificar ad hoc la normativa nuclear para permitir/forzar su reapertura y prolongar su vida útil. En el caso de que se concediera esa prórroga la instalación debería acometer importantes inversiones estimadas entre 100 y 150 millones de euros para cumplir tanto con las exigencias impuestas por el CSN en 2009 para una posible prórroga como con las derivadas de los stress tests que se establecieron a raíz del accidente de Fukushima. No parece que en la actual coyuntura y por las consideraciones descritas anteriormente sea razonable la prórroga de una instalación que ha sobrepasado en cuatro años el período de vida útil de 40 para el que fue diseñada.
Las condiciones de seguridad de las estructuras, sistemas y componentes de las centrales tras el envejecimiento que se produce a partir de los 40 años de vida útil no son compatibles con las condiciones de seguridad de las plantas. Casi nadie tiene ya dudas de la peligrosidad intrínseca de la energía nuclear y de que accidentes nucleares graves siguen siendo posibles y tienen consecuencias catastróficas para la salud y las economías de regiones enteras.
El accidente de Fukushima en 2011 puso de manifiesto, una vez más, que esos riesgos existen a pesar de las continuas mejoras de los protocolos y las normativas en seguridad. Está claro también que esos riesgos pueden derivar no sólo de las condiciones de operación en la planta sino también de perturbaciones provenientes del exterior tales como terremotos, inundaciones, ataques terroristas, etc y que la obsolescencia de las instalaciones es un factor agravante de primer orden.
Según se afirma en el apartado 248 del eje sobre “Cambio de Modelo Productivo” del programa aprobado en X Congreso de CCOO hay razones que “aconsejan abordar un plan ordenado de cierre de las plantas nucleares a los 40 años de su puesta en funcionamiento”. Este planteamiento lo sustenta el mencionado “Programa de Acción” en que “la energía nuclear no se adapta a la variabilidad de las renovables, en la larga vida de los residuos nucleares, en la dependencia del combustible, en el envejecimiento de las plantas y en las incertidumbres sobre su seguridad”.
Ese mismo apartado señala también que “hoy no hay razones para llevar su actividad más allá de cuatro décadas y que cualquier prórroga debería contar con el máximo consenso político y social y adoptarse únicamente por el precio de los combustibles fósiles o por incertidumbres sobre la garantía de suministro”. Ninguna de estas circunstancias se da para plantearse dicha prórroga.
- En primer lugar no existe consenso político al respecto puesto que de los partidos nacionales, con excepción de los de derechas, todos los demás se han manifestado por establecer un calendario de cierre de las plantas. El consenso social es obvio que tampoco existe, especialmente en las zonas concernidas.
- El precio de los combustibles fósiles ha experimentado en el último período una bajada notable, especialmente por lo que respecta al petróleo. Incluso un aumento de los mismos hasta niveles de hace, por ejemplo, un año no tendría efectos apreciables sobre el precio de la electricidad ya que este depende de múltiples variables y factores, y especialmente del opaco sistema de formación de precios del mercado eléctrico.
- Tampoco parece que esté en el horizonte un problema de garantía de suministro porque precisamente lo que se destaca reiteradamente es que existe mucha más potencia eléctrica de la demandada por la economía española. En cualquier caso, en el plazo de unos 10 años en que finalizaría la vida útil de las primeras nucleares se podría introducir potencia eléctrica renovable adicional y competitiva en costes para paliar dicha ausencia.
Un calendario claro de cierre del actual parque nuclear español, insertado en el marco de una planificación energética global, es totalmente necesario para dotar de seguridad jurídica al propio sector y a sus inversiones y para abordar con tiempo suficiente la situación de las plantillas y la reactivación económica de las comarcas concernidas.
Teniendo en cuenta que, según la fecha de puesta en marcha de los reactores españoles, su cierre se produciría entre 2021 y 2028, los futuros Gobiernos deberían establecer los instrumentos adecuados para acordar esos procesos de transición y paliar los problemas sociolaborales derivados de esas clausuras. En esa perspectiva y teniendo en cuenta que la explotación de las centrales, una vez que tienen amortizada la inversión (alrededor de los 30 años) y con el actual sistema de formación de precios eléctricos a través del pool, supone unos extraordinarios beneficios, podría ser oportuna la introducción de un impuesto sobre la producción de energía nuclear cuya recaudación se destinara, al menos en parte, a un fondo para financiar las medidas de transición laboral y de reactivación económica derivada de esos procesos de cierre.
Respecto a la central de Garoña, CCOO ha denunciado que los sucesivos cambios de posición respecto a la continuidad de la misma han perjudicado las perspectivas de empleo de la zona. Cuando el gobierno del Partido Popular anuló la Orden Ministerial de julio de 2009 para permitir la prórroga de su funcionamiento interrumpió el plan de Reindustrialización que acompañaba la decisión del cierre. El Plan de Dinamización Económica y de Medidas para el Empleo para la zona de influencia de la central de Santa María de Garoña, recogía 29 actuaciones en 5 ejes para el período 2010-2013. El plan establecía ayudas para la creación de empresas y la activación económica de 100 millones para el periodo 2010-2013. El plan funcionó en 2010, poniendo en marcha 37 proyectos, y en 2011 con 17 proyectos, pero el nuevo Gobierno paralizó los fondos para 2012 interrumpiendo inversiones y dejando inacabado un proceso que había levantado expectativas de creación de empleo en la comarca.
La zona donde se ubica esta central debería haber contado con un Plan de reactivación estable que garantizase la puesta en marcha de actividades alternativas para preservar la actividad económica y el empleo de forma sostenible. Un plan de este tipo debería reactivarse y mantenerse durante más tiempo y adecuarse a las fases en las que se desmantelara la instalación, período en el que se mantiene una parte del empleo y que dura muchos años.
Carlos Martínez Camarero. Secretaría Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO