Sara Pérez Díaz
Las administraciones locales deben utilizar los recursos a su disposición para garantizar, dentro del marco de sus competencias, una transición ordenada hacia un modelo social, medioambiental y económico sostenible, en el que la energía debe jugar un papel destacado.
Es de todos conocida la situación de bloqueo normativo en el que el Gobierno mantiene al sector de las energías renovables desde el año 2012. La “moratoria” a las primas del régimen especial de ese año junto a la inseguridad regulatoria ha hecho que el año 2014 haya sido el peor año en cuanto a nueva potencia renovable instalada en nuestro país desde los años 90 (47 MW instalados). Esta situación de bloqueo hace que la pérdida de tejido industrial y empleo en el sector haya sido muy importante y por otra parte España corre el riesgo de no cumplir con sus compromisos europeos en cuanto a penetración de las energías renovables en el año 2020.
Para revertir esta situación no se debe ni se puede esperar a que exista algún cambio en la política estatal. A nivel municipal y autonómico se pueden tomar muchas medidas para impulsar la instalación de nueva potencia eléctrica basada en energías renovables, promoviendo el ahorro y eficiencia energética. Muchas de estas propuestas no requieren de ninguna financiación, sino tan solo de voluntad política para favorecer los intereses de la mayoría de la sociedad y no solo del oligopolio eléctrico.
Los municipios y comunidades autónomas son las administraciones públicas más cercanas a la ciudadanía, y por ello son las primeras que deben jugar un papel ejemplarizante e informativo. Por otro lado, todas las administraciones públicas, en particular las municipales, son gestoras de un enorme patrimonio y tienen unos costes crecientes en materia de energía por lo que deben plantearse también reducciones cuantificables en el consumo de energía en sus edificios, equipos e instalaciones. Por ejemplo varias ciudades en España se han planteado objetivos de emisiones cero en 2050 que incluyen objetivos de reducción de consumo energético para alcanzarlos .
Las medidas concretas que se pueden implementar son:
A lo largo del año 2015 los ayuntamientos podrán solicitar financiación a través del programa Jessica-IDEA con fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del propio IDAE para proyectos de desarrollo urbano sostenible que mejoren la eficiencia energética y/o utilicen las energías renovables.
Igualmente existen varios ejemplos de medidas de incentivos fiscales que ya se están aplicando en varios municipios españoles y que han resultado efectivos para impulsar las energías renovables:
Los municipios y comunidades autónomas también juegan un papel fundamental en la formación y sensibilización de la población ante los retos del modelo energético y los cambios que deben producirse para avanzar en su sostenibilidad social y medioambiental.
Una propuesta relativamente novedosa que requiere un especial esfuerzo en sensibilización, información y formación es la generación de energía distribuida y el autoconsumo a partir de energías renovables. Este modelo de generación de energía necesita del apoyo del ciudadano y de las pequeñas y medianas empresas, pues son los actores fundamentales que van a desarrollar las pequeñas instalaciones en sus viviendas y PYMES. Es muy importante que estos agentes cuenten con la información y la sensibilización necesarias para llevarlo a cabo.
Por otro lado es imprescindible tener en cuenta los aspectos sociales del sector energético, para ello hay que abordar el problema de pobreza energética que se estima que afecta a 7 millones de personas en España[1] .En el año 2013 se produjeron alrededor de 1,4 millones de cortes de luz en viviendas por impago, mientras que las tres grandes compañías del oligopolio eléctrico (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa) tuvieron ese mismo año un beneficio neto de cerca de 6.000M€. Sobre esta cuestión las comunidades autónomas y los municipios también cuentan con competencias suficientes para paliar esta situación. Por ejemplo, en Cataluña se ha aprobado un plan de mínimos que evita que las familias se queden sin luz y gas en invierno[2], impidiendo los cortes energéticos entre noviembre y marzo a las personas en situación de vulnerabilidad económica. Aunque las familias acumulan la deuda que tienen que pagar a partir de abril. Otra medida más ambiciosa que sí se ha discutido en la Junta de Andalucía es la de crear fondos regionales para ayudar a las familias vulnerables en el pago de luz, agua y gas.
Medidas preventivas que pueden llevar a cabo los ayuntamientos son: mejorar la eficiencia energética y el aislamiento de las viviendas –subvenciones para la rehabilitación de viviendas en situación de vulnerabilidad, deducciones fiscales, actuaciones en parque de vivienda social...-, promocionar el uso racional de la energía –campañas específicas para consumidores en situación de vulnerabilidad-, optimizar los servicios contratados (potencia, etc) o mejorar la transparencia y acceso a la información sobre el consumo. La experiencia del Ayuntamiento de Rubí con el Plan “Energía para todos” es un buen ejemplo de acciones que se pueden tomar a nivel municipal.
Este plan está dentro del proyecto “Rubí Brilla” cuyos objetivos son reducir un 20% las emisiones de CO2 del municipio hasta 2020, incrementando un 20% el uso de renovables y eficiencia energética. La experiencia de Rubí es un caso de éxito que puede ser muy inspirador para otros municipios.
Es necesario que este tipo de propuestas estén en el debate programático de las próximas elecciones locales . Son medidas necesarias y que no se pueden posponer si queremos avanzar en el cambio de modelo energético.
[1] Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) “Análisis de tendencia de pobreza energética 2014”.
[2] Decreto Ley 6/2013
Sara Pérez Díaz es técnica del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud