Cuando respirar mata
Miguel Ángel Ceballos, miembro de Ecologistas en Acción
En los últimos años, la práctica totalidad de la población española y europea viene respirando aire contaminado, que incumple los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta situación ha sido puesta de manifiesto por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y, en nuestro país, por los informes sobre la Calidad del Aire en el Estado Español que desde hace una década viene publicando anualmente Ecologistas en Acción.
Las últimas estimaciones de la AEMA y la OMS sobre la repercusión sanitaria de la contaminación atmosférica son muy preocupantes. Elevan en el año 2011 hasta casi 450.000 las muertes prematuras en los países europeos por la mala calidad del aire, 430.000 por exposición a partículas inferiores a 2,5 micras de diámetro (PM2,5) y 16.000 por exposición a ozono. En España, las víctimas de la contaminación serían ya casi 27.000 al año, 25.000 por partículas PM2,5 y 1.800 por ozono, lo que supone un aumento muy importante frente a los 16.000 fallecimientos prematuros anuales que se estimaban hace apenas una década.
No obstante, siguiendo una tendencia iniciada en 2007, se observa la reducción de los niveles de los contaminantes “clásicos” (partículas, dióxido de nitrógeno NO2 y dióxido de azufre SO2), aunque sigan afectando a casi dos terceras partes de la población española. Una bajada que no es resultado de medidas planificadas, sino de razones coyunturales relacionadas con la crisis económica, que ha provocado la reducción de la movilidad motorizada, la disminución de la actividad industrial y la sustitución de la generación eléctrica en centrales térmicas por la energía eólica y solar. Sin desdeñar factores “tecnológicos” como la evolución del parque automovilístico hacia vehículos más pequeños y eficientes y, por tanto, menos contaminantes, o la progresiva implantación de las mejores técnicas disponibles en el sector industrial.
Los actuales niveles de contaminación asociados a partículas, NO2 y SO2 son muy inferiores a los registrados hace sólo diez o veinte años, y desde luego a los que sufren otras regiones del planeta como el Sureste asiático o Suramérica, donde las concentraciones de partículas multiplican en varias veces las ya insalubres que respiramos en Europa o España. Aún así, la mejora de los conocimientos científicos sobre contaminación y salud y los efectos acumulativos sobre una población históricamente castigada por la polución en general (no sólo atmosférica) explicarían en parte la tendencia al alza de las evaluaciones oficiales de daño sanitario. Otro factor a considerar sería la incertidumbre sobre la representatividad de las evaluaciones oficiales de la calidad del aire, sesgadas en nuestro país por la reubicación de decenas de antiguos medidores orientados al tráfico hacia localizaciones suburbanas o rurales.
En parte como consecuencia inesperada de esta reubicación de las estaciones urbanas conflictivas lejos del tráfico, tenemos que en España el contaminante que presenta una mayor extensión y afección a la población es el ozono troposférico, cuyos niveles se mantienen en los últimos años estacionarios o incluso al alza.
Se trata de un problema específico de la Europa mediterránea, dado que el ozono “malo” (llamado así por contraste con el de la estratosfera) se forma en verano cerca de la superficie terrestre, por efecto combinado de la radiación solar y las emisiones de óxidos de nitrógeno e hidrocarburos volátiles de la combustión de carbón, petróleo o gas en centrales eléctricas, vehículos y calderas urbanas e industriales. Otra característica particular de la química del ozono es que éste se acumula a una cierta distancia de las fuentes de sus precursores, por lo que paradójicamente afecta mucho más a las zonas rurales y periurbanas que a las ciudades.
Por todo ello, la evolución al alza de la contaminación por ozono parece ser consecuencia en primer término de la tendencia al incremento en verano de las temperaturas medias y de las situaciones meteorológicas extremas (olas de calor), resultado del cambio climático. Estando mediatizada también por el descenso de las emisiones de precursores, que está elevando los niveles de ozono en áreas antes “libres” de este contaminante como los centros peatonalizados de las ciudades grandes y medias. Un último factor que contribuye a complicar el comportamiento de este contaminante son los desplazamientos de masas de aire contaminado, en nuestro país por ejemplo entre la Comunidad de Madrid y ambas Castillas y Extremadura.
Para completar el esbozo de la situación actual de la calidad del aire, hay que notar que está aumentando la preocupación por los elevados niveles del cancerígeno benzopireno, el único contaminante que en Europa se ha incrementado en la última década, como advertía el último informe de la AEMA. La medición de este contaminantes y de las partículas PM2,5 es hoy por hoy completamente insuficiente en España, no obstante lo cual se están detectando niveles elevados que afectan a decenas de millones de personas en las áreas urbanas de Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia, Asturias, Canarias, Bilbao, A Coruña o Valladolid.
Frente a este panorama general, las autoridades europeas, estatales y autonómicas se han esforzado más por “edulcorarlo” y ocultarlo a los ciudadanos que por adoptar medidas eficaces para reducir la contaminación. Así, los cambios normativos de la última década han ido dirigidos a relajar los estándares legales y los plazos para su cumplimiento, cada vez más alejados de las recomendaciones de la OMS. Por ejemplo, el límite legal anual específico para las partículas PM2,5 es el doble que el existente en Estados Unidos y 2,5 veces superior al recomendado por la OMS; y el límite legal anual del cancerígeno benzopireno es ocho veces superior a la recomendación de la AEMA, en base a los estudios de la OMS.
La información al ciudadano no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. Las frecuentes superaciones del umbral de información establecido para el ozono se acompañan en el mejor de los casos de avisos rutinarios a la población para que se autoproteja, sin medidas preventivas adicionales. En muchas ocasiones, dichos avisos se producen “a posteriori”, se realizan por medios de escasa difusión o no llegan a producirse. En general, las autoridades tienden a trivializar estas situaciones “punta”, así como la contaminación estructural, lesionando el derecho a la salud de los grupos de población más sensibles (niños, ancianos, mujeres gestantes, enfermos respiratorios y cardiovasculares crónicos).
Por su lado, los Planes de Mejora de la Calidad del Aire, obligatorios según la legislación vigente y responsabilidad de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, en muchos casos no existen, y en otros apenas si tienen efectividad por falta de voluntad política. Así, el Estado español acumula una década de retraso en la elaboración y aplicación de los planes de reducción de ozono troposférico en las zonas en las que se viene superando el objetivo legal desde el trienio 2003-2005. Al tiempo, los Planes de Mejora de la Calidad del Aire adoptados en las aglomeraciones de Madrid, Barcelona, Valencia o Granada han resultado hasta la fecha inoperantes para reducir los elevados niveles de NO2 que sufren por efecto del denso tráfico urbano e interurbano. El Plan Aire, aprobado hace dos años por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, apenas ha tenido desarrollo.
En este contexto, Ecologistas en Acción recuerda que las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire pasan por la disminución del tráfico motorizado, la reducción de la necesidad de movilidad y la potenciación del transporte público (en especial el eléctrico). Es necesario además dar facilidades al peatón y la bicicleta en las ciudades. Para mejorar el aire de las zonas industriales la mejor estrategia es la adopción generalizada de las mejores técnicas disponibles y la reducción drástica de la generación eléctrica por centrales térmicas, en particular de las que utilizan carbón.