Si bien en estos últimos años las cuestiones ambientales parecen haber quedado relegadas a un plano secundario en la agenda política, lo cierto es que su incidencia en las empresas se ha incrementado de manera paulatina, en gran parte debido a la irrupción de una creciente preocupación de la sociedad por el medio ambiente y al reconocimiento de una parte de las empresas de su responsabilidad por el impacto sobre el entorno de sus actividades. Además, a pesar de la actual tendencia desregulatoria, la normativa ambiental mantiene aún importantes exigencias.
Esta situación ha originado un cambio sustancial en la relación de las actividades productivas con el medio ambiente, convirtiéndose en un factor competitivo y estratégico de primer orden para muchas organizaciones, con repercusión directa en la propia sostenibilidad de la empresa, en los puestos de trabajo que de ella dependen y en las condiciones laborales de las trabajadoras y de los trabajadores.
Asimismo, es previsible -y necesario- que cuestiones tales como el cambio climático, las presiones sobre la disponibilidad de determinados recursos -el agua por ejemplo-, los costes crecientes de la energía y de las materias primas o la exigencia de mayores estándares de calidad ambiental para poner freno a los impactos sobre la salud derivados del actual modelo productivo y de consumo hagan que el medio ambiente cobre una mayor importancia en el día a día, tanto de las empresas como de las Administraciones Públicas. Por estas razones, la acción sindical en este ámbito debe tener un espacio específico de intervención.
Pero la acción sindical en materia de medio ambiente requiere de conocimientos específicos de los representantes legales de los trabajadores que intervengan en este ámbito y la meta a alcanzar debe ser, además, la de la especialización en este terreno.
Por ello, desde la Secretaría Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente y con el apoyo de organizaciones federales y territoriales, vamos a dar un nuevo impulso para que las cuestiones ambientales se consoliden dentro del trabajo desarrollado por nuestros delegados y delegadas y, de esta manera, ayudar a implantar un tejido productivo sostenible en términos económicos, sociales y ambientales. Para ello, estamos diseñando una estrategia dirigida a generalizar el reconocimiento y el ejercicio de competencias y facultades sobre temas ambientales de los representantes de los trabajadores, lo que pasa por el reconocimiento explícito de tales competencias y de la figura del Delegado de Medio Ambiente en el Estatuto de los Trabajadores y por la incorporación de estas cuestiones en la negociación colectiva.
Para lograrlo no empezamos de cero. Ya tenemos numerosas experiencias en este sentido, como lo acredita el trabajo desarrollado por los delegados y delegadas de medio ambiente (DMA) que ya están ejerciendo sus funciones en muchos centros de trabajo o los distintos convenios de sector y empresa en los que ya se contemplan cláusulas ambientales. A ello, habría que sumar el esfuerzo que estamos dedicando a la formación ambiental de nuestros delegados y delegadas.