Elena Blasco Martin: “La Administración debe controlar más el cumplimiento de la legislación y las condiciones socio-laborales”
Elena Blasco Martín es Secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO explica en esta entrevista que cambios se deberían dar para crear empleo en la recogida selectiva de la materia orgánica y denuncia cómo la bajada de precios de las empresas, que exije la propia administración, se hace a costa de los trabajadores del sector.
¿Qué haría falta para que las previsiones de creación de empleo fueran una realidad?
Tanto desde el punto de vista medio ambiental como de una hipotética creación de empleo, se tendrían que dar una serie de cambios estructurales en el diseño y en la realización de los servicios de recogida de basuras municipales, donde además la Administración debería tener más control del cumplimiento de la gestión integral de los residuos, así como de las condiciones socio-laborales de los trabajadores que prestan sus servicios a las que se han adjudicado la gestión de esos residuos.
Lo primero sería identificar, y obligar a través de las leyes existentes y de los cambios normativos necesarios, a los grandes, medianos y pequeños productores de este tipo de residuos (las grandes superficies comerciales, supermercados, galerías de alimentación, mercados, mercadillos, tiendas como fruterías, pescaderías , ultramarinos, bares y restaurantes), a seleccionar en origen este tipo de residuos y separarlos de las demás porciones (es muy difícil separar estos residuos en los vertederos, porque aunque la tecnología ha avanzado, la separación una vez que ya se ha efectuado la recogida de los residuos y están en los vertederos es muy costosa). En segundo lugar es necesario diferenciar en origen los tipos de embalajes como vidrio, papel, cartón, botes, latas y tetrabrik, para que no se mezclen con la materia orgánica, y así hacer posible un efectivo y eficiente circuito de recogida, transporte y tratamiento selectivo de los residuos.
Cabe destacar la gran cantidad de residuos que se genera en los polígonos industriales, donde se mezcla todo tipo de residuos con los tóxicos y donde la legislación en la mayoría de los casos no se cumple. La Ley prevé que las empresas tengan que contratar operadores autorizados para el tratamiento de los residuos industriales, pero desgraciadamente no se lleva a cabo en la mayor parte de los casos. Lo mismo sucede con la falta de control y sanción de los vertederos ilegales, distribuidos por todo el territorio nacional.
Todo proceso de mejora lleva aparejado la necesidad de concienciar a los ciudadanos con campañas específicas, en asociaciones de vecinos , colegios e institutos, comunidades de propietarios y domicilios particulares para la selección en origen de todos los residuos, el de materia orgánica y las demás porciones, lo que supondría seguro en el futuro inmediato, una mejora en su gestión integral, y la creación de puestos de trabajo. Pero efectivamente esta tarea de concienciación, lleva consigo la necesidad de facilitar a los ciudadanos los medios necesarios para desarrollar adecuadamente esa selección de residuos, con la instalación de contenedores apropiados en cuanto a calidad, servicio y número. Así como dotar a las empresas adjudicatarias de los servicios de recogida de residuos, de vehículos que cumplan todas las condiciones de seguridad e higiene tanto para los trabajadores implicados en la tarea, como para el medio ambiente.
¿Cuál es la situación laboral en el sector de la gestión de residuos municipales en estos momentos?
La prestación de estos servicios a los ciudadanos están deteriorados de una manera muy importante: los recortes en los presupuestos municipales a través de las bajadas de precio en el canon de hasta un 15% que prevé la Ley de Contratos del Estado con las empresas adjudicatarias de estos servicios, ha provocado que la renovación de los contratos en la mayoría de los concursos públicos se convierta en una mera subasta donde se prima la bajada del precio casi de manera temeraria, sobre la calidad del servicio. Las grandes empresas del sector hace tiempo que decidieron que se iban a disputar el negocio integral de las basuras, fueran cual fueran las condiciones que les pusieran los clientes, (que no son otros que las administraciones públicas) rebajando los costes salariales, con la eliminación y precarización del empleo y el recorte en los derechos laborales y sociales de los trabajadores del sector.
Por eso el endurecimiento de las posiciones empresariales en los últimos años en la negociación colectiva, la presentación de ERES y ERTES, el deterioro en las condiciones de trabajo y la salud laboral, la no renovación y mantenimiento de maquinaria e instalaciones, donde la inversión es mínima por no decir inexistente; son los elementos que están provocando un endurecimiento de la conflictividad laboral en el sector. Por poner un ejemplo en Madrid desde que comenzó la crisis, se pueden haber perdido alrededor de unos 2000 puestos de trabajo, en todas las áreas involucradas (vertederos, recogida urbana de residuos y plantas de reciclaje).
Un problema actual, es la adquisición ilegal de residuos (electrodomésticos, informáticos, muebles, textiles, etc.) por particulares, empresas de recogida y venta de segunda mano. Apropiándose de objetos depositados en contenedores urbanos, habilitados para tal fin, e introduciéndose en plantas de recogida selectiva y reciclaje para robar los mismos; lo cual genera un enorme peligro ambiental y de seguridad ciudadana, al ponerlos de nuevo en uso o venta, sin el necesario control de seguridad, revisión de materiales y componentes contaminantes, inflamables, etc. Este fenómeno genera a la vez, muchísimos puestos de trabajo sumergido sin ningún control, y al mismo tiempo, menores cantidades de residuos reciclables, recuperables, cuyo efecto es la menor demanda de empleo legal en vertederos autorizados, plantas de reciclaje y recogida de residuos urbanos.