Sara Pérez Díaz
En Febrero de 2013 arrancan las negociaciones entre la EU y EEUU sobre un tratado de libre comercio, se trata del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones denominado TTIP por sus siglas en inglés.
Es un acuerdo que se está negociando de espaldas a la ciudadanía, sindicatos, organizaciones sociales e incluso los propios representantes políticos democráticamente elegidos. El acuerdo comercial lo están negociando los funcionarios comerciales de la UE y los Estados Unidos y sus asesores de la industria, sorprendentemente, muy pocos diputados del Parlamento Europeo y de los Estados miembros tienen acceso a la información sobre los acuerdos que se van alcanzando.
El objetivo del acuerdo es eliminar o reducir al máximo los aranceles comerciales y las barreras no arancelarias (requisitos técnicos o legales que dificultan el comercio); facilitar la libre inversión; dar a las partes firmantes y a las empresas la capacidad de litigar ante un “mecanismo específico de resolución de conflictos”, contra las leyes y regulaciones de los Estados contrarias a los preceptos del TTIP; y, preservar la propiedad intelectual.
En realidad eliminar todos los aranceles entre la UE y EEUU apenas suscita polémica y no es un aspecto crucial del tratado pues actualmente estos aranceles ya son muy bajos o casi inexistentes. Es la eliminación de las barreras no arancelarias y el mecanismo para la resolución de conflictos lo que supone un verdadero riesgo para la sociedad a ambos lados del Atlántico.
La mayor preocupación de sindicatos, organizaciones ecologistas, ONGs y sociedad civil en general es que el acuerdo sea una competición a la baja que implique un retroceso en los derechos sociales, laborales y ambientales que se han ido conquistando durante años.
Supone una grave amenaza para los derechos laborales ya que favorece la deslocalización y relaja las normativas laborales. Teniendo en cuenta quién está llevando a cabo las negociaciones parece que la armonización será más beneficiosa para las empresas y perjudicial para los trabajadores. Estados Unidos solo ha ratificado dos de las ocho normas fundamentales de la OIT. Restringe el derecho de sindicación y de huelga. Y por si fuera poco, cualquier reforma futura encaminada a mejorar las condiciones de empleo podrá ser objeto de demandas de indemnización por parte de las empresas.
El Mecanismo de Resolución de Conflictos entre inversores y Estados permitirá a las grandes corporaciones y empresas denunciar a los gobiernos locales, regionales y estatales cuando consideren que una norma emitida por cualquiera de ellos puede restringir o limitar sus ganancias presentes o futuras. Habrá tribunales especiales, formados por tres abogados privados, al margen de cualquier tribunal estatal o internacional, y al que solo podrán recurrir los inversores.
Hay varios puntos de la legislación europea que están especialmente en el punto de mira de las negociaciones, por ejemplo la legislación sobre transgénicos. Los lobbies y negociadores de EEUU están presionando para que se flexibilice la legislación y se admita la importación de más alimentos y cultivos transgénicos en Europa.
El uso de la técnica de fractura hidráulica o fracking para extraer gas no convencional es otro de los puntos calientes del tratado. La legislación medioambiental en EEUU es más débil que en la Unión Europea y esta técnica está muy extendida. Por el contrario en Europa existe mucha oposición al uso del fracking por los riesgos sobre la salud y el medioambiente que genera. En muchos países existen prohibiciones o limitaciones muy estrictas al uso de esta técnica que la industria de EEUU quiere eliminar mediante el TTIP.
Igualmente la legislación sobre riesgo químico es una de las más afectadas en las negociaciones del TTIP. La Unión Europea, a diferencia de EEUU, tiene una legislación estricta sobre las sustancias químicas para proteger la salud pública y el medio ambiente. El Gobierno de EEUU así como la industria química considera que esta legislación supone una barrera comercial.
El reducir las diferencias normativas entre ambas regiones supondría una mayor desprotección ante el riesgo químico. Una de las diferencias más importantes es que la legislación de la Unión Europea (REACH) se basa en el principio de precaución y la industria debe demostrar que la sustancia no es peligrosa para la salud antes de introducirla en el mercado, mientras que según legislación de EEUU se debe demostrar el daño que puede causar una sustancia (ya en el mercado) antes de poder actuar frente a ella.
Muchas organizaciones llevan tiempo denunciando que estas negociaciones están paralizando la entrada en vigor de normativa sobre riesgo químico, como es el caso de los alteradores hormonales, denominados disruptores endocrinos (EDC). Existen fuertes presiones por parte de la industria química europea y de Estados Unidos para no regular el uso de disruptores endocrinos. Ya deberían estar aprobados los criterios de identificación de EDC para que se apliquen las prohibiciones de su utilización en plaguicidas y biocidas, sin embargo el proceso está prácticamente paralizado. También se ha observado una ralentización en la aplicación del REACH, en la identificación de sustancias preocupantes.
Otro de los riesgos del TTIP es que impida a los Estados miembros de la Unión Europea avanzar hacia legislaciones más restrictivas con las sustancias químicas peligrosas. La Comisión Europea quiere que todas las normas del TTIP que eliminan las diferencias normativas se apliquen también a nivel nacional impidiendo que los Estados miembros puedan avanzar hacia normativa más restrictiva.
Por último, el TTIP puede bloquear la innovación hacia sustancias más seguras, ya que el acuerdo incorporaría las demandas de la industria en cuanto al secreto empresarial y la limitación al acceso a la información, incluida la información sobre los riesgos de dichas sustancias y sobre cuándo y dónde se utilizan. Para llevar a cabo la innovación es indispensable el acceso a la información sobre riesgos de sustancias y alternativas más seguras.
CCOO apuesta por paralizar las negociaciones del TTIP ante el riesgo de que contribuya a una degradación de la legislación laboral, social y medioambiental de la UE y de sus Estados, así como a favorecer la privatización de sus servicios públicos. Así se ha sumado a las iniciativas de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Confederación Sindical Internacional (CSI) que se realicen para impedir este tipo de tratados.