La experiencia de Río+20. Propuestas desde los sindicatos del Sur
Daniel Angelim - Master en Antropología de la Universidad Federal Fluminense y asesor en Medio Ambiente y del Trabajo en Confederación Sindical de Trabajadores de América (CSA). Josué Medeiros - PhD en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Socia
La importancia de la ecología en la agenda de la ONU forma parte del proceso de fortalecimiento del multilateralismo que se ha producido desde la década de 1970, con la implementación de la Conferencia de Estocolmo sobre Humanidad y el Medio Ambiente, en el año 1972. La conferencia supuso el inicio de una movilización que culminó en la Cumbre de la Tierra en 1992, en Río de Janeiro, y el consenso en torno al concepto de desarrollo sostenible.
Desarrollo sostenible significa que el progreso de la sociedad humana puede medirse por una combinación de factores económicos, ecológicos y sociales alrededor del pilar de la sostenibilidad. La gente no vive mejor sólo con el crecimiento económico. Es preciso incluir en este proceso una mejor de los indicadores sociales, tales como el fin de la miseria y la pobreza, la redistribución de la renta y la universalización de derechos como la salud, la educación o la seguridad alimentaria. Estos objetivos sólo se podrán alcanzar en el caso de que se establezca una nueva relación con el medio ambiente, basada en la sostenibilidad, la preservación de los recursos almacenados y un uso racional de los recursos naturales, incluidos la tierra y el agua.
Más allá de alcanzar un consenso en torno al concepto de desarrollo sostenible, poco más han hecho los gobiernos para implementar un nuevo paradigma de relación entre el medio ambiente y la humanidad, a pesar de los movimientos sociales de todo el mundo han avanzado en el desarrollo de un programa que permite este nuevo paradigma. El modelo de desarrollo dominante aún se sustenta en en el uso de los recursos naturales limitados y no renovables, un modelo de producción con una alta emisión de gases de efecto invernadero. El precio de la energía ha aumentado significativamente en los últimos 20 años, un reflejo de la escasez de los recursos naturales. El hambre y la pobreza afectan a dos mil millones de personas, según la ONU, a pesar de que la producción de alimentos y el comercio ha aumentado su circulación en las últimas décadas. El daño al medio ambiente y el clima son graves, como lo demuestran los desastres naturales cada vez más frecuentes.
En los últimos años la crisis del clima se ha relacionado con la crisis económica y la justicia social. Este hecho ha llevado a una situación paradójica: la sociedad civil organizada se está movilizando para resolver este problema con una intensidad cada vez mayor, mientras que los gobiernos y el sistema de las Naciones Unidas siguen paralizándolo, sin concretar un acuerdo consistente. Es en este marco en el que se analizan las posiciones del movimiento sindical sobre la crisis ambiental y cómo afecta a los trabajadores.
Los sindicatos y sus propuestas sobre medio ambiente
El movimiento sindical ha demostrado interés en esta “nueva” agenda política vinculada a la crisis ambiental. En la última década se articuló un grupo internacional sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, que cuenta con más de un centenar de sindicatos nacionales. Además, participan cuatro veces más líderes sindicales en Conferencias de las Partes que hace diez años. Secretarías o departamentos se dedican en exclusiva al medio ambiente y en el movimiento sindical se debate el tema en numerosos foros.
Existe una nueva conciencia en el sindicalismo internacional sobre el impacto que tendrá la crisis ecológica en el mundo del trabajo, la salud y la seguridad y la sostenibilidad del modelo productivo. El movimiento obrero en América está seguro de los vínculos entre la crisis ambiental y las demás crisis que abaten el mundo: alimentaria, energética, social, económica y política. Hay un denominador común que une estas crisis, a saber, un sistema económico no regulado, orientado al consumidor y socialmente injusto, generado por un modelo insostenible de producción, distribución y consumo. Las consecuencias de este régimen predatorio son movimientos migratorios forzados, desempleo estructura, desigualdad y pobreza.
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A partir del conocimiento de los efectos tan graves que la crisis ecológica puede tener para los trabajadores y del papel que podría desempeñar la clase obrera en la salida a la crisis, el movimiento sindical ha lanzado una serie de propuestas para la adaptación y mitigación del cambio climático y la crisis ambiental, propuestas que pasan por una transición justa.
El origen estuvo en el movimiento sindical y rápidamente se incorporó a la agenda política de otras organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales e incluso algunos de gobiernos como Argentina y Bolivia. La transición justa se define como “una herramienta conceptual cuyo propósito es facilitar el tránsito hacia una sociedad más sostenible, bajo la premisa de que una economía verde generaría empleos decentes para todos” (CSI, 2009). La referencia principal parte de la documentación de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Sin embargo, otras federaciones internacionales (FSI) adoptaron, con sus matices, este enfoque político, como es el caso de los Trabajadores del Transporte (ITF) o del Sindicato de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas, una entidad que ha dejado de existir para conformar un nueva federación industrial.
El enfoque estratégico para la puesta en práctica de este concepto radica en la adopción de una serie de políticas públicas y en la regulación estricta del sector privado, que garanticen los ingredientes de un trabajo decente. Entre muchas se destacan:
- la investigación sobre el impacto de escenarios alternativos sobre el mundo del trabajo;
- el aumento de las inversiones en sectores que registran bajas emisiones o contaminación y con un alto coeficiente de mano de obra;
- diálogo social para la implicación de los trabajadores en la toma de decisiones;
- un programa ambicioso de formación para los trabajadores;
- adopción de un extenso y horizontal sistema de protección social basado en la convección 102 de la OIT;
- análisis local y un plan estructurado de la para la diversificación económica en las zonas afectadas;
- impuesto a las transacciones financieras para financiar la transición.
Si se adoptaran en su integridad, estas políticas contribuirían a que los trabajadores y los sectores más vulnerables no pagasen la necesaria transición a un nuevo modelo productivo. Porque está claro que la causa del desequilibrio actual, de las múltiples crisis que afectan a la Humanidad, tienen que ver con el modelo económico imperante, que apenas beneficia a unos cuantos ricos y poderosos, a las grandes empresas y, en cambio, los efectos negativos se distribuyen entre las clases trabajadoras y los pobres del mundo
En este sentido, las propuestas de transición, formuladas por el movimiento sindical internacional, permite que se proteja a las poblaciones más vulnerables, los trabajadores y los ecosistemas, mientras que las clases dominantes deberán asumir los costes del cambio de modelo productivo.
Con estas premisas acudió el movimiento sindical a las Cumbre de Río de Janeiro, en junio de 2012.
Conclusiones
En junio de 2012, Río de Janeiro volvió a ser el centro del debate ecológico internacional con la celebración de la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible (CDS), más conocida como Río +20. Meses después de un encuentro que albergó tantas esperanzas, el balance del movimiento sindical es negativo. La Asociación Central de las Américas (CSA) califica los resultados como negativos, vacíos, ambiguos, carente de compromisos.
Otro aspecto negativo de Rio + 20 fue el concepto de economía verde como sustituto del de desarrollo sostenible. De nuevo el resultado fue ambiguo. El desarrollo sostenible se ha mantenido como uno de los principales pilares de una solución civilizada a las múltiples crisis. Sin embargo, como apunta la CSA, el capitalismo está buscando implantar un régimen privado de ayuda internacional con el objetivo de evadir los compromisos adquiridos de financiación y cooperación”.
Sin embargo, no todo fueron resultados negativos. La CSA destaca la capacidad del sindicalismo continental de trabajar con otros movimientos sociales sin perder la identidad de clase. Sostiene que los sindicatos deben seguir construyendo alianzas con otros actores, redes y organizaciones sociales, que permitirán unir fuerzas y saberes para construir un espacio alternativo que frene a la hegemonía cultural y económica del modelo actual.
Incluso más positivo aún fue el apoyo de los gobiernos de América del Sur al concepto de economía verde. De hecho, en la actual coyuntura regional, marcada por una década de gobiernos progresistas en diversos Estados y por un proceso de integración que avanza con dificultades, existe un clima favorable a la lucha sindical por construir un nuevo modelo de desarrollo. Se trata, por tanto, de avanzar en estas convergencias latinoamericanas, fortaleciendo el diálogo entre las demás organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos de izquierda para construir, desde el sur, un ejemplo internacional de una nueva forma de organizar la economía y la sociedad.