Sindicalismo y medio ambiente, nuevos retos
Llorenç Serrano. Secretario confederal de Medio Ambiente de CCOO
Proponer o prescribir el trabajo futuro del sindicalismo en medio ambiente exige tener en cuenta el camino recorrido, un camino que no ha sido el mismo para todos los sindicatos del mundo, ni tan siquiera en espacios tan cercanos como Europa.
La voluntad de Comisiones Obreras de ejercer como sujeto sociopolítico nos ha dado una perspectiva de las cuestiones ambientales desde el lado de la ciudadanía. Luchas por la calidad del aire, del entorno, por el acceso a recursos básicos como el agua estuvieron muy presentes en los albores de nuestro sindicato. Ejercíamos aquí como parte de la vecindad, un punto de vista que mantenemos y actualizamos con nuevos objetivos en movilidad sostenible, protección del patrimonio natural y la biodiversidad.
Para un sindicato que se define como internacionalista, solidario y que está afiliado a las organizaciones sindicales globales, también es importante defender un modelo social económico y productivo que pueda ser universal. No podemos declararnos portadores de aquellos valores e ignorar la evidencia de que nuestro modelo de producción y consumo no es generalizable si queremos evitar la catástrofe ecológica a la que nos encaminamos de mantenerse la tendencia actual.
Son estos puntos de vista, tan enraizados en nuestro ser, junto a análisis económicos y sociales más clásicos (agotamiento y encarecimiento de materiales, externalidades negativas de actividades productivas, riesgos para salud, etc), los que nos llevan a asumir la necesidad de avanzar hacia una economía sostenible, en un horizonte en el que se termine con cualquier impacto negativo sobre el patrimonio natural y de usar los recursos naturales en la medida que la biosfera los renueve.
Pero hay un punto de encuentro mucho más cercano al puesto de trabajo entre sindicalismo y medio ambiente: la salud laboral. Ahí ha estado el origen de nuestras estructuras dedicadas al medio ambiente, de la mayoría de los recursos humanos y económicos que hemos podido dedicar a la tarea ambiental. El desarrollo de normas de prevención y ambientales ha sido paralelo. En ocasiones, las segundas –más recientes– han completado y aportado instrumentos de intervención ausentes en las primeras.
La aparición en las empresas de elementos de gestión y objetivos ambientales –sea por imagen verde, convicción o constatación de– son una vía para la mejora y ha abierto oportunidades de acción sindical que debemos no magnificar pero sí reconocer y aprovechar. Desde el punto de vista del empleo, la exigencia ambiental no sólo supone esta mejora del empleo concreto sino también una de las condiciones básicas a cumplir para su mantenimiento y mejora en el tiempo.
Pero pese a todos estos argumentos a favor, la agenda ambiental dentro del sindicalismo se ha desarrollado con dificultades, incomprensiones y, a veces, con sonoros encontronazos. Al tiempo, la relación con los movimientos y organizaciones ambientalistas y ecologistas ha seguido la misma pauta. Que en otros sindicatos de nuestro entorno, con menor tradición sociopolítica que el nuestro, las dificultades y resistencias hayan sido mayores no debe conformarnos.
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Comisiones Obreras cuenta con un gran reconocimiento por su tarea a favor de la transformación sostenible de la economía y la sociedad. En España, Europa y el mundo, dentro del sindicalismo y fuera de él. Hemos dedicado a ello más recursos que nadie, lo que nos ha dado una altísima capacidad de intervención y propuesta. Sin embargo, estamos lejos de conseguir que la lucha por la sostenibilidad se integre en la médula de nuestra acción sindical en todos los espacios y niveles.
El cambio inevitable –y deseable, vista la alternativa– hacia una economía sostenible es un proceso que entraña riesgos para los trabajadores. Algunas actividades desaparecerán o perderán peso, aunque todas las prospectivas indican que serán sustituidas por otras con un balance de empleo positivo, este puece ser un proceso muy doloroso. Las pérdidas corresponden a sectores altamente sindicalizados y que mantienen –aunque sea cada vez en núcleos más pequeños– condiciones de trabajo por encima de la media de la economía y de las nacientes actividades.
Buena parte de las actividades que suponen riesgos para el medio ambiente han visto aumentar el rechazo de sus entornos vecinales, tanto cuando estos riesgos eran reales y estaban acompañados por malas prácticas, como en casos en que las empresas han cambiado sus procesos para mejorar sus balances ambientales. A ello han contribuido distintos factores, desde la falta de transparencia respecto al entorno por el lado de las empresas a la desconfianza respecto de las mejoras técnicas y las mediciones por parte de quienes las rechazan. Todo ello en un marco en el que las zonas residenciales se han acercado a los polígonos industriales, donde el peso de la industria respecto al total de población ocupada ha bajado, en el que muchas plantas industriales han abandonado las zonas urbanas para beneficiarse del suelo que ocupaban. Y en un contexto, de mayor preocupación por la salud pública y ambiental, del que debemos congratularnos y al que hemos contribuido. Es en estas situaciones, concretadas en una planta o actividad, en las que mayor es el riesgo de que los intereses legítimos que defendemos aparezcan como contrapuestos, empleos por un lado y la dimensión vecinal por el otro.
Una situación semejante se da cuando debemos fijar nuestra posición respecto a variadas políticas. Mayor ambición en políticas climáticas, pero también energéticas, de gestión de residuos o de normativa ambiental suponen oportunidades para determinadas actividades y trabas o restricciones para otras. A nivel internacional las mayores dificultades para avanzar vienen del reparto de esfuerzos. Es recurrente, y no puede negarse que existan motivos para ello, preguntarse por qué el esfuerzo corresponde hacerlo en unos países o sectores cuando le afectan a uno. Sobre todo cuando otros países o actividades no se ven obligados a ellos.
Para superar estas contradicciones el sindicalismo global ha acuñado el concepto de transición justa. De igual forma que ha servido para aparecer unidos en las negociaciones climáticas y de desarrollo sostenible al sindicalismo del norte y de sur, esta idea debería ayudarnos a realizar la síntesis que convirtiese al sindicato en motor del cambio hacia la sostenibilidad en la sociedad y en las empresas. Sin embargo, salta a la vista que no es fácil, y deberemos preguntarnos por qué.
Es evidente que aunque el concepto de transición justa es conocido y está asumido por el conjunto del sindicalismo, de las organizaciones ambientalistas y hasta –al menos en sus manifestaciones– de la mayoría de decisores políticos, no hemos sido capaces de convertirlo en un principio operativo.
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En primer lugar porque un concepto de dos palabras permite a cada cual hacerse fuerte en una de ellas, así puede defenderse que sin garantías de justicia no se empiece la transición o que esta debe empezar ya y que se construirán las soluciones de justicia según se avance. Sobre esto es evidente que una organización sindical debe poner el acento en la necesidad de construir un cuerpo consistente de medidas que garanticen la equidad de la transición en todos los niveles. Pero también debe ser evidente para nosotros que este no es un camino que podamos evitar. Al menos si queremos evitar males mayores. Retrasar el momento del cambio y su intensidad conlleva aumentar los riesgos en que se incurre, perder la posibilidad de aprovechar las oportunidades que toda transformación abre y, sobre todo, asumir que en algún momento el cambio será más brusco y dañino para nuestra gente.
Establecido que el cambio, deseable y gradual, mejor cuando antes se emprenda, debemos conseguir una agenda de transición justa, que responda a una visión global y con objetivos a largo plazo, sostenidos con medidas perdurables. Hoy ni en el mundo ni en Europa, ni por supuesto en España, tenemos nada que se merezca este nombre. Este enfoque de conjunto exige una recuperación del papel del Estado en la planificación de sectores clave parea el cambio De no hacerlo nos encontraremos con la paradoja de que las dictaduras sean más eficaces que las democracias. Los incentivos deben estar acompañados por medidas –fundamentalmente fiscales de internalización de costes– que faciliten la transición a procesos y productos más sostenibles. Que el resultado de los incentivos para una actividad sostenible no termine siendo negativo necesita de la planificación antes mencionada.
No es lo mismo hablar de transición justa en una etapa de crecimiento que en una de crisis como la actual. No podemos esperar a disponer de cuantiosos recursos públicos para apoyar el desarrollo de nuevas actividades y, sobre todo, debemos priorizar aquellas que puedan generar empleo. Esto implica apostar por políticas dirigidas a yacimientos de empleo, con incentivos dirigidos y limitados, lo que supondría una novedad en la forma de actuar de las Administraciones en España. Un ejemplo de actividad a favorecer es la rehabilitación energética de viviendas, un nicho que nuestro sindicato tiene identificado desde hace años, y que CEOE acaba de reconocer recientemente. En los últimos años nuestro Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) ha realizado estudios sobre la potencialidad de generación de empleo de este subsector, como en el de las energías renovables, la movilidad sostenible de personas y mercancías y la gestión más sostenible de residuos.
Sin embargo, una agenda global de transición justa no se completa con los cambios hasta ahora enunciados, una lectura fuerte del principio nos lleva a romper con la experiencia de que en los cambios los trabajadores y las trabajadoras perdemos. De lo que se trata es de beneficiarse de las nuevas oportunidades. Por tanto deben ponerse en pie políticas formativas construidas en el dialogo social y la negociación colectiva para dotar a los trabajadores y trabajadoras de las habilidades y conocimientos adecuados para los nuevos requerimientos.
Y, evidentemente, sin ser el fin ni el objetivo que se busca, una agenda de transición justa debe incorporar mecanismos de protección para las personas y las zonas que puedan verse afectadas por los cambios, de manera que se construyan alternativas sólidas con antelación.
Pero hoy es difícil imaginar que podamos contar con esta agenda global y completa de transición justa. En esas condiciones es inevitable que los objetivos ambientales sean vistos como una amenaza por mucha de nuestra gente, lo mismo que otros los percibirán como una oportunidad. Toda explicación que pueda hacerse sobre los intereses globales y la necesidad de abordar ya el cambio hacia la sostenibilidad será poco argumento para quienes perciban el futuro de su empleo en riesgo. El sindicalismo, pues, debe esforzarse a todos los niveles para que, como parte de una política distinta para la salida de la crisis, se construyan esas agendas de transición justa. Ahora es el momento. Si se levantan y se imponen políticas alternativas al austericidio que no tengan en cuenta esta necesidad de avanzar hacia la sostenibilidad, perderemos unos años preciosos y que la superación de la crisis sea perdurable. El precio de y acceso a los recursos y materias primas es un factor que claramente amenaza con ahogar cualquier atisbo de recuperación.
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Pero existe otro plano en el que es fundamental que integremos esta visión: la empresa, los objetivos ambientales son una palanca para ser más eficaces, garantizar la viabilidad de la actividad y la continuidad del empleo, pero también un modesto espacio de intervención sindical –acceso a información, implantación de sistemas de gestión ambiental– para discutir la organización y condiciones de trabajo, el acceso a la formación, incorporar nuevas funciones, disputar el salario.
El mayor error que podemos cometer es pensar que esta situación de recesión aplaza la necesidad de cambio hacia la sostenibilidad. Aunque sea contradictorio con las políticas que ahogan la inversión pública, todas las propuestas que se elaboran en Europa para recuperar el peso de la actividad industrial y de conocimiento pasan por una mayor ambición ambiental. Por ejemplo en políticas climáticas la asignación de derechos de emisión a las plantas industriales toma como referencia las mejores técnicas disponibles, nuestra acción sindical debe orientarse a garantizar que nuestros centros de trabajo dispongan de ellas.
Se trata en suma de que el sindicalismo incorpore la dimensión ambiental en su tarea cotidiana. Sin renunciar a mantener la visión global, sin perder de vista el sentido estratégico del giro hacia la sostenibilidad, nuestro reto es reforzar las razones para incidir en las empresas y puestos de trabajo. Hacer más coherentes nuestros objetivos generales con nuestra práctica cotidiana y hacerlo llenando de utilidad para nuestra gente nuestra acreditada y reconocida trayectoria ambiental.