La moratoria y el futuro del sector de las renovables
Por Carlos Martínez Camarero. Responsable del Departamento Confederal de Medio Ambiente de CCOO
Aunque España es un país industrializado, llegó muy tarde a los procesos de desarrollo tecnológico que se pusieron en marcha en occidente, especialmente después de la segunda guerra mundial. Por ello nuestros sectores industriales han venido arrastrando, por lo general, una acusada dependencia tecnológica de otros países más punteros.
Ahora ya resulta muy palpable que nuestro desarrollo económico, especialmente el más reciente, ha estado basado en sectores, como los servicios o la construcción, intensivos en mano de obra pero de contenido tecnológico escaso y poco desarrollo de procesos de innovación. La Fundación 1º de Mayo realizó un acertado análisis crítico de esta situación en el documento Reflexiones y propuestas para el cambio de modelo productivo en España. Este modelo está lastrando además la salida de la crisis y nos ha situado como uno de los países donde el desempleo alcanza cotas más elevadas. La dependencia energética española es otro de los factores que nos dificultan la situación económica, ya que debemos destinar crecientes recursos financieros para hacer frente a las importaciones de combustibles fósiles.
En ese contexto el de las energías renovables ha sido uno de los sectores que ha aportado más innovación, capacidad de internacionalización y competitividad a la economía española.
En el origen de ese desarrollo están unos pocos centros públicos de investigación y algunas empresas clave que apostaron por fabricar equipos y promover instalaciones, especialmente en el ámbito de las tecnologías solares y eólica. También se ha basado el desarrollo actual en que hace quince años se estableció un sistema de retribuciones (primas) a la producción eléctrica con estas tecnologías que compensara sus inicialmente elevados costes de inversión. Al reducirse esos costes por efecto del desarrollo tecnológico en un contexto mundial irían dejando de ser necesarias esas primas.
Costó mucho consolidar un tejido industrial y tecnológico potente, primero en eólica, después de fotovoltaica y más tarde en solar termoeléctrica. La integración de su energía en la red de transporte de electricidad es, además, un referente a nivel internacional.
En 2008 las renovables ya constituían un sector industrial maduro que suponía el 0,67% del PIB Cuando las renovables constituían una pequeña cuota del sistema y aumentaba la demanda de electricidad había negocio para todos y las renovables no se veían como un problema. Incluso las grandes eléctricas invirtieron en renovables. Pero cuando llegó la crisis y la demanda bajó, las renovables, que ya suponían una tercera parte de la producción eléctrica (36% en 2010 y 33% en 2011) empezaron a verse como un lujo caro que competía con las centrales tradicionales y que incrementaba el déficit de tarifa.
Pero en 2008 las renovables ya constituían un sector industrial maduro que suponía el 0,67% del PIB (7.315 millones de euros), contribuía a ahorrar importaciones de combustibles fósiles por valor de 2.725 millones de euros, reducía considerablemente las emisiones de CO2 y empleaba a unos 90.000 trabajadores directos. Además, el conjunto del sector dedicó el 6,6% de su PIB a I+D+i (5 veces más que la media nacional). La trayectoria y los esfuerzos en desarrollo tecnológico han colocado a España en tercera posición mundial de solicitudes de patentes en solar termoeléctrica, en sexta en eólica y en onceava en fotovoltaica. Pocos sectores españoles pueden exhibir un liderazgo de este tipo.
El gobierno anterior, asustado por una expansión de la fotovoltaica en 2007 y 2008 que no había sido capaz de encauzar, redujo primero drásticamente sus primas, limitó considerablemente la potencia anual a instalar y rebajó después con carácter retroactivo el número de horas con derecho a retribución. Mientras mantenía un discurso elogioso respecto de lo que significaban las renovables, sus decisiones han generado un permanente riesgo regulatorio. Esas medidas han supuesto una parálisis de las inversiones, la contracción de la demanda interna de equipos que ha afectado a los fabricantes españoles y una reducción de empleo en el sector, difícil de cuantificar pero que ha podido suponer la desaparición de unos 20.000 empleos afectados por cierres de empresas y EREs.
El actual gobierno del Partido Popular ha adoptado a principios de este año una medida que puede resultar letal para el sector de las renovables: el RDL 1/2012 ha suspendido los procedimientos de preasignación y ha suprimido los incentivos económicos (las primas) para las nuevas instalaciones de generación de electricidad renovable. Esto quiere decir, lisa y llanamente, que no se van a poder poner en marcha nuevas instalaciones de este tipo. Todas las ventajas económicas, ambientales y energéticas que hemos señalado anteriormente se pueden ir al traste.
Para nosotros el peligro más sustancial es la previsible pérdida de más empleos. Apenas algunas fábricas de aerogeneradores o de placas solares con capacidad de exportación podrán subsistir, en un mercado mundial donde cada vez hay más competencia. Sólo quedan las renovables de uso térmico (biomasa, solar térmica y geotermia) para las que tampoco se están creando las adecuadas condiciones políticas, económicas y fiscales para su desarrollo, tan ligadas como están además al sector de la edificación, o la generación distribuida en pequeñas instalaciones con balance neto, enfocada fundamentalmente a la fotovoltaica, que está pendiente de su desarrollo normativo.
El panorama es muy sombrío, pero no nos podemos quedar quietos. Como todos los ataques laborales y sociales que estamos recibiendo exigen una respuesta. Podemos tejer alianzas sólidas porque esto afecta a muchos sectores sociales y económicos que ya se han dado cuenta de que las energías renovables no son parte del problema sino parte de la solución.