El residuo de una ley
El proyecto de ley de residuos y suelos contaminados llega desvirtuado al Parlamento .
Jesús Pérez Gómez. Grupo de Producción Limpia de ISTAS
En marzo entraba en el Parlamento el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que transpondrá a la legislación española la nueva directiva marco de residuos.
En el número 53 de Daphnia señalábamos ya las deficiencias del primer borrador del texto. El proyecto presentado ahora no sólo no mejora dicho borrador, sino que lo empeora notablemente. Se han eliminado propuestas de gran importancia, como el establecimiento de objetivos de recogida selectiva de materia orgánica, la posibilidad de establecer un canon a la incineración o al vertido, la obligatoriedad de realizar actuaciones en los suelos contaminados una vez se hayan declarado como tales o la responsabilidad por incumplimiento de normas de derecho de la Unión Europea.
Por otro lado, se mantienen propuestas -como la posibilidad de implantar sistemas de depósito devolución y retorno de envases (SDDR)- pero sin concretar su obligatoriedad, o la revisión de la ley de envases en el plazo de tres años, lo que dice muy poco de la urgencia de acometer con rapidez y profundidad la mejora de la gestión de los residuos de envases.
En definitiva, el proyecto de ley de residuos fundamentalmente se limita a trasponer la directiva de residuos sin solucionar algunas de sus grandes limitaciones.
Entre otras, destacamos:
- La no existencia de objetivos cuantitativos de prevención, que imposibilitará la consecución de importantes reducciones en la generación de residuos.
- Los limitados objetivos de preparación para la reutilización y el reciclaje (50% para algunos materiales como papel, metal, vidrio o plástico) sin concretar tampoco objetivos específicos de reutilización.
- La no inclusión de la materia orgánica dentro de los objetivos de reciclaje.
- El cambio de consideración de la incineración de los residuos urbanos, que pasa de ser una operación de eliminación, como así lo había interpretado el Tribunal de Justicia Europeo en diversas ocasiones, a ser considerada una operación de valorización. Este cambio significará un incremento de los proyectos de nuevas incineradoras, como los ya incluidos en las propuestas de planes de residuos de las diferentes comunidades autónomas. De llevarse a cabo en su totalidad, elevarían las toneladas de residuos que finalmente se incinerarán: de los actuales 2 millones a 7 millones de toneladas.
Esperamos que el trámite parlamentario sirva para mejorar el texto actual, recogiendo algunas de las propuestas que se han eliminado y resolviendo las limitaciones que la propia directiva tiene.
Sería necesario que la nueva ley de residuos estableciera los objetivos y medidas necesarias para incrementar la prevención, la reutilización y el reciclaje de residuos, y situara las opciones de final de tubería (incineración y vertedero) como alternativas excepcionales, lo que disminuiría o eliminaría los impactos ambientales asociados a la gestión de los residuos, y en especial los de las opciones mencionadas, que sin duda son los más graves.