La opción de la fiscalidad verde
Bruno Estrada. Director de Estudios de la Fundación 1º de Mayo.
El pasado día 13 de abril, la Comisión Europea presentó una propuesta de revisión de las normas sobre fiscalidad de los productos energéticos en la Unión Europea (UE).
Entre los objetivos expresados por el comisario Agirdas Semeta, hay que considerar positivamente la reflexión de que: "Una fiscalidad de la energía equitativa y transparente es necesaria para alcanzar los objetivos en materia de energía y clima. Nuestra meta común es una economía de la UE que utilice más eficazmente los recursos y que sea más ecológica y competitiva".
La idea es que el tipo mínimo del impuesto sobre los productos energéticos se divida en dos partes:
- Una basada en las emisiones de CO2 de cada producto energético. Tasando los costes externos de la emisión de cada tonelada de CO2 en 20 euros.
- Otra basada en el contenido energético del producto con unos mínimos muy diferentes para los combustibles de calefacción y automoción.
No obstante, parece poco coherente con los relevantes objetivos propuestos en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se esté considerando que los Estados miembros puedan eximir completamente la energía consumida en los hogares para calefacción, independientemente del producto energético usado. En ese caso no se estaría transmitiendo una clara señal de precios en materia de CO2 para los consumidores y empresas, imprescindible para reducir las emisiones causantes del cambio climático.
Es evidente que la calefacción, sobre todo en determinados países del centro y norte de Europa, es un elemento básico de las condiciones de vida, pero mientras persistan en muchos de esos países sistemas de calefacción basados en la quema de carbón los resultados de las políticas contra el cambio climático serán muy reducidos.
No obstante, lo más preocupante de las propuestas fiscales verdes del comisario comunitario es la voluntad de "transferir la carga fiscal del trabajo al consumo a fin de facilitar una fiscalidad que fomente el crecimiento".
Dentro de esta declaración de intenciones del comisario Semeta hay varias consideraciones implícitas, muy comunes a las reformas verdes fiscales emprendidas hasta ahora en los países nórdicos, y que en gran parte han tendido a transvasar el origen de los ingresos fiscales desde impuestos progresivos sobre la renta a impuestos sobre consumos medioambientales, que en muchos casos son regresivos fiscalmente, ya que pagan más, en términos de su renta disponible, las personas de menores ingresos.
Sin entrar en este breve artículo en determinar un nivel de impuestos óptimo, hay que tener en cuenta que la presión fiscal media de los países nórdicos está situada entre el 45-50% del PIB, mientras en nuestro país apenas llega al 33%, con una escasa progresividad en el caso del impuesto de la renta y un alto fraude fiscal de las rentas más elevadas.
Por tanto, dado el escaso nivel de impuestos de nuestro país, no parece en absoluto razonable que la fiscalidad verde sustituya otros ingresos fiscales, sino que complemente la escasez de recursos de nuestro sistema fiscal. De esta forma, el escaso estado del bienestar español no se convierte en el Estado del Malestar típico de los países sudamericanos durante los años ochenta y noventa: derechos sociales reconocidos constitucionalmente sin recursos para hacerlos efectivos.
Después de la crisis financiera que estamos sufriendo parece obvio que una "fiscalidad que fomente el crecimiento", en palabras del mencionado comisario, debe considerar en primer lugar incrementar los impuestos sobre los movimientos especulativos en los mercados financieros, en concreto, y sobre las rentas de capital en general, ya que en la desfiscalización de las rentas del capital vivida en los últimos veinte años está en el germen de esta crisis.