Las Administraciones se lo toman con calma
Ahorro y Eficiencia Energética.
Francisco J. Cabezos. Secretario de Medio Ambiente FSC-CCOO.
Empecemos con dos ejemplos. Si todas las autoridades públicas de la UE solicitaran electricidad limpia, evitaríamos la emisión de 60 millones de toneladas de CO2, lo que a su vez equivale al 18% del compromiso de reducción de gases de efecto invernadero dentro del Protocolo de Kioto.
Si todas las autoridades públicas europeas optaran por sistemas de ahorro de agua en los servicios de sus edificios, se reduciría el consumo de agua en 200 millones de toneladas (equivalente al 0'6% del consumo doméstico total de la UE).
Un trabajador dedicado a tareas administrativas consume alrededor de 8.000 kilovatios a la hora en un año y produce una emisión de unas cuatro toneladas de CO2 al año. Ahorrar y tomárselo en serio, esa es la clave. En todos los países industrializados, entre ellos España, existe un grave problema de despilfarro energético. Tenemos, todos y todas, una responsabilidad compartida pero diferenciada y las administraciones tienen mucha, y a su vez un reto al plantearse un aumento en los próximos años del 20% en ahorro energético. Las medidas necesarias para conseguir dicho objetivo son, por un lado, de gestión energética y cambio de comportamiento y, por otro, tecnológicas, con un ahorro estimado de 87,9 millones de toneladas de petróleo equivalente de energía primaria y una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera de 238 millones de toneladas.
Cuando escuché por primera vez que la Administración General del Estado (AGE) ocupa un stock de más de 10.000 edificios en este país, no me lo podía creer. Primero por la cifra. Segundo por lo que significa a la hora de consumo energético y de otros recursos y por las posibilidades de ahorro y eficiencia que se podrían poner en marcha. Y aquí no contamos con el resto de administraciones, dato imposible de recabar. El acceso a la información pública necesita ser mejorado y mucho.
Un dato: un trabajador dedicado a tareas administrativas consume alrededor de 8.000 kilovatios a la hora en un año y produce una emisión de unas cuatro toneladas de CO2 al año.
Si hablamos del marco normativo, como siempre, es variado. Luego hay que cumplir las leyes y en este asunto las administraciones no son punteras. Entre otras normas, destacamos la Directiva 2006/32/CE de 5 abril de 2006 de eficiencia en el uso final de la energía y los servicios energéticos. De aquí deriva la Estrategia Europea de Cambio Climático y el horizonte 2007-2012-2020, que establece como meta que en 2007 la administración central abordará un plan de auditoría energética en sus edificios. Y la Orden PRE/116/2008, de 21 de enero, Plan de Contratación Pública Verde en la AGE. También tenemos la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, donde con una modificación tienen cabida las empresas de servicios energéticos.
En 2008 la sección sindical estatal de CCOO de la Seguridad Social se interesó en saber quién era el gestor energético para el ámbito de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Aún están esperando. Así no se puede. Desde otros ámbitos de la organización con competencias en administraciones se han enviado diversas cartas a responsables políticos del Estado, autonómicos y también a la Federación Española de Municipios y Provincias y no hemos obtenido una respuesta satisfactoria que consiga que los trabajadores conozcan bien las estrategias, los objetivos, la evolución de los planes de actuación, las actividades puestas en marcha, cómo se incorporan a los pliegos criterios de eficiencia energética, cuáles son los consumos mensuales y cuáles las obligaciones de optimizar el funcionamiento de instalaciones. En definitiva, qué se espera de los y las empleados públicos y cómo podemos ayudar a poner en marcha la adopción e implementación de las nuevas políticas, avanzar hacia un objetivo común, dejar de despilfarrar y ser más eficientes desde el punto de vista energético. Así no se puede.
Tenemos ejemplos, tenemos las normas, incluso tenemos voluntad por parte de los trabajadores de interesarse en el tema. Está en manos de los gestores y responsables políticos ser ambiciosos, aplicar con seriedad y transparencia las distintas estrategias, dar cancha y protagonismo a las plantillas y conseguir que el ahorro y la eficiencia energética en las Administraciones públicas sea una clara apuesta que contribuya a minimizar los impactos ambientales que nuestra actividad provoca.