El pasado mes de noviembre, la Comisión Europea dio un tirón de orejas al Gobierno español por no aplicar plenamente la normativa europea de eficiencia energética en edificios.

El procedimiento de infracción se refiere concretamente a la Directiva 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética de los edificios. Esta directiva exige a los Estados miembros que establezcan unas normas mínimas en materia de eficiencia energética aplicables a los edificios nuevos y a los grandes ya existentes que sean objeto de reformas importantes.

El dictamen de la Comisión deja claro que España aún no ha adoptado un método de cálculo de la eficiencia energética ni un régimen de certificación aplicable a los edificios existentes, ni tampoco un sistema de inspección de las calderas y sistemas de aire acondicionado para las instalaciones que ya existían antes de la entrada en vigor de la legislación, en enero de 2009.

Precisamente, con el fin de aprovechar el gran potencial de ahorro de energía en los edificios y reducir las grandes diferencias que existen entre Estados miembros en este sector, el año pasado se publicó la Directiva 2010/31/UE, que modifica a la de 2002 y la deroga completamente a partir de febrero de 2012.

El ánimo del nuevo texto es instaurar acciones más concretas que fomenten la eficiencia energética de los edificios europeos, teniendo en cuenta las condiciones climáticas exteriores, las particularidades locales, las exigencias ambientales interiores y la rentabilidad en términos coste-eficacia.

La directiva E3, además de reforzar las inspecciones regulares de las instalaciones de calefacción y de aire acondicionado y los controles independientes, presenta una serie de elementos interesantes de reseñar:

• Los sistemas urbanos de calefacción o de refrigeración, que distribuyen calor o frío desde una fuente central de producción hacia múltiples edificios o emplazamientos en un barrio o ciudad. La idea es acercar la instalación generadora de energía a los lugares donde se consume: los edificios. Los denominados district heating o district cooling se pueden utilizar para calefacción, agua caliente o para climatizar o enfriar en verano. Para cubrir los picos de demanda, habrá que disponer de sistemas de almacenamiento que acumulen energía cuando haya menor consumo.
• La instalación de sistemas de medición inteligentes cuando se construya un edificio o se efectúen en él reformas de importancia. Además, los Estados miembros podrán fomentar la instalación de sistemas de control activos, como los de automatización, control y gestión orientados al ahorro de energía.
• Los edificios de consumo de energía casi nulo, que son aquellos con un nivel de eficiencia energética muy alto y con un consumo muy bajo o casi cero, que se deberá cubrir fundamentalmente con energías renovables in situ o en el entorno. A partir de 2019 todos los inmuebles públicos construidos deberán ser de consumo de energía casi nulo, y a partir de 2021 se aplicará a todas las nuevas construcciones.
  
  Para ello, habrá que poner en marcha planes nacionales que incluyan los objetivos intermedios para mejorar la eficiencia energética de los edificios nuevos en 2015 como plazo máximo; y una lista de los incentivos comerciales e instrumentos financieros necesarios, que se actualizará cada 3 años.
• Los certificados de eficiencia energética para edificios, que funcionarán como una "etiqueta energética", facilitando información al nuevo propietario o inquilino para comparar y evaluar la eficiencia energética del inmueble y hacerse una idea más clara del importe de las facturas de energía durante su mantenimiento. Además, el certificado deberá ir acompañado de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de eficiencia energética del edificio. La validez de este etiquetado no excederá de diez años.

Asimismo, la nueva directiva reduce de 1000 a 500 m² el requisito de superficie a partir de la cual es obligatorio exponer públicamente estos certificados en edificios ocupados por una autoridad pública o que reciban visitas frecuentes. Este umbral se reducirá todavía más, a 250m², a partir de julio de 2015.

En todo caso, la nueva directiva obliga a los Estados miembros a establecer unos requisitos mínimos. Su eficacia, por tanto, dependerá de la voluntad política del Gobierno español para aplicar medidas ambiciosas y en el menor plazo de tiempo. Una transposición tardía, incompleta o poco exigente constituirá, de nuevo, una absoluta pérdida de oportunidades para reducir el consumo energético y para activar la economía española. Como ya ocurrió con el Código Técnico de la Edificación, que se adoptó con un retraso de cuatro años, impidiendo la inclusión de medidas de ecoeficiencia y la integración de energías renovables en los millones de casas que se construyeron durante el boom inmobiliario.

La dimensión del ahorro y la eficiencia energética en edificios

Para hacernos una idea de la dimensión que tiene el ahorro y la eficiencia energética para evitar un cambio climático catastrófico, podemos consultar el escenario de referencia de la Agencia Internacional de la Energía, que revela que estas medidas tendrán que suponer un 60% de la reducción total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Por su parte, las energías renovables tendrían que ahorrarnos la cuarta parte de la reducción total de emisiones necesaria para no superar los 450 ppm de concentración de GEI en la atmosfera y los 2ºC de aumento de la temperatura media [Gráfico 1], límite que marcan los científicos para que los efectos del cambio climático no sean catastróficos. Sobra decir que para garantizar ese escenario de cambio climático con una probabilidad superior al 50%, habría que contraer más la demanda global de energía.

En este contexto, es fácil de entender que la reducción del consumo de energía y el uso de energía procedente de fuentes renovables en los edificios constituyen un instrumento de extraordinaria importancia para desarrollar el paquete europeo 20-20-20: un plan para reducir un 20% el consumo de energía, un 20% las emisiones de GEI e incrementar en un 20% el consumo final de energías renovables en 2020.

Los edificios son responsables de cerca del 40% del consumo total de energía en la Unión Europea y el 36% de las emisiones de GEI. Y otro dato. La mitad de esa energía consumida está relacionada con la falta de un nivel de aislamiento adecuado. En España, los edificios gastan el 26% de la energía final y emiten la quinta parte del total de las emisiones de GEI.

Aunque el impacto ambiental de los edificios está presente a lo largo de toda su vida, desde su construcción, uso y derribo, es durante su uso, mantenimiento y renovación cuando se produce un mayor consumo de energía. [Gráfico 2]

Aproximadamente un tercio de la factura energética de los edificios del sector terciario se consume en calefacción, otro en refrigeración y el último en iluminación. [Gráfico 3]. En el sector residencial, la distribución del consumo es algo distinta. El 47% se debe al uso de calefacción, el 27% al uso de agua caliente y el 14% a los electrodomésticos. [Gráfico 4].

Además, más de la mitad de los edificios están construidos sin la protección o aislamiento térmico adecuado en España, según el IDAE. El mismo organismo plantea que el consumo energético en los edificios podría reducirse entre un 20-50% mediante la arquitectura bioclimática y la integración de sistemas solares pasivos y activos si intervenimos desde las primeras fases del diseño del edificio.

La cuestión es que el parque inmobiliario actual ronda los 25 millones de viviendas, así que de intervenir en el consumo energético de estos espacios, tendrá que ser a través de su renovación. La buena noticia es que el cambio de la titularidad de los edificios españoles se produce aproximadamente cada 29 años, 10 años por encima de EEUU y Reino Unido, con lo que se cuenta con un plazo más largo para el reembolso económico del coste de las medidas implementadas, y potencialmente tendría que haber más interés en invertir en su eficiencia energética.

Ha llegado el momento de poner en valor la rehabilitación de edificios, hasta ahora asociada a una necesidad puntual debida a algún problema o deterioro de una parte de los mismos. Con la normativa europea recién publicada el año pasado, el acondicionamiento energético de edificios se convierte en una cuestión estratégica para asegurar el suministro de energía y combatir el cambio climático en todo Europa. Según calcula ISTAS en su estudio sobre empleo y rehabilitación, la rehabilitación de medio millón de viviendas en España ahorraría 20 millones de barriles de petróleo de energía final y 10 millones de toneladas de CO2 equivalente al año y generaría miles de puestos de trabajo.

Por último, la modernización energética de edificios no deberá abordar exclusivamente la vivienda familiar. Los edificios terciarios -los destinados a la educación, sanidad, hostelería, restauración, comercio y oficinas- también necesitan una renovación energética importante, ya que son bastantes antiguos: más del 60% de estos edificios se construyeron antes de 1975 en España. (Climate Strategy).

La directiva de renovables, también pendiente de adoptar 

El Gobierno español ha incumplido el plazo de transposición de la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, que tenía que haberse incorporado a la normativa española antes del 5 de diciembre de 2010.

La directiva tiene como objetivo impulsar el pleno desarrollo de las energías renovables, eliminando las barreras regulatorias, administrativas y de conexión a la red que bloquean el uso de estas tecnologías.

Una buena transposición de su contenido a la normativa española contribuiría a construir una política energética con visión a largo plazo, coherente con la apuesta realizada hace años y no arriesgando por motivos coyunturales el futuro de un sector estratégico para la economía y el empleo en España.

Lejos de esto, el Gobierno ha emprendido en los dos últimos años muchas medidas que van en sentido contrario al apoyo a las renovables, un sector básico para el cambio de modelo productivo.

Un ejemplo de ello es el tijeretazo que han sufrido los objetivos de desarrollo de las energías renovables. En tan sólo cuatro meses se rebajó de un 22,7% de renovables para el consumo de energía final en 2020, y establecido en el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER), a un 20,8%, según se refleja en las conclusiones de la subcomisión del Congreso del pasado noviembre.

No obstante, será el Plan de Energías Renovables 2011-2020. a punto de aprobarse, el que establecerá de forma definitiva la planificación de un sector estratégico para una economía baja en carbono.

Begoña María-Tomé
Coordinadora del Grupo de Energía y Cambio Climático de ISTAS