En los últimos años, más de 3.500 personas han muerto en el occidente de Nicaragua por insuficiencia renal crónica (IRC). La noticia no tendría mayor trascendencia si no fuera por dos hechos significativos.

Uno: estos decesos han tenido lugar en una zona muy concreta del territorio nicaragüense. Dos: todos los fallecidos trabajaron o vivieron durante años en un mismo ingenio de azúcar. Allí se sigue cultivando caña para procesar ron, azúcar, bioetanol y otros productos que acaban en nuestros supermercados, fiestas y coches. Los afectados relacionan este elevado índice de mortalidad a las condiciones de trabajo en la siembra industrial de la caña. Por este motivo, desde hace meses, más de 200 damnificados están acampados en los jardines ubicados cerca de las oficinas de la compañía propietaria del ingenio, que de momento permanece impasible, distante y ajena a la tragedia.

El ingenio San Antonio

Pocos turistas hay que abandonen Nicaragua sin una botella del reconocido ron Flor de Caña. Junto a las hamacas o la cerámica artesana, constituye uno de los souvenirs más populares entre los extranjeros que viajan al país centroamericano en los periodos vacacionales.

Este licor de fama internacional se elabora en la ciudad de Chichigalpa, en la parte noroccidental de Nicaragua, a escasos kilómetros del océano Pacífico. En el municipio viven más de 120.000 personas, está situado en una zona bastante cálida y no se olvida con facilidad, ya que cada una de las botellas de ron incorpora en la parte trasera una pequeña imagen de la ciudad. Si se indaga un poco más, se descubre que desde 1898 allí se ubica el ingenio de azúcar más grande de Centroamérica: el ingenio San Antonio.

Este complejo es propiedad de la Nicaragua Sugar Estates Ltd, (NSEL) y en él nacen muchos productos diferentes: azúcar, bebidas alcohólicas, bioetanol y electricidad desde hace unos años. El ron Flor de Caña también brota en este ingenio y la empresa que lo fabrica y lo distribuye en más de 35 países -incluido España- es la Compañía Licorera de Nicaragua. Tanto esta firma como la NSEL pertenecen a la familia Pellas, una casta de emigrantes italianos que con el paso de los años se transformó en el grupo más poderoso de Nicaragua y en uno de los más ricos de América Latina. Sus negocios no sólo abarcan productos agrícolas. Desde hace años se expandieron a otros sectores y países. El Grupo Pellas posee empresas que ofrecen servicios en telecomunicaciones, gestiones aduaneras, seguros, venta de automóviles, informática, etc. Además, controla el Banco de América Central, que tiene oficinas en varios países, incluido Estados Unidos y en algunos paraísos fiscales como Bahamas y Grand Cayman.

Algo está pasando en los campos de caña

Todo vale para que los productos del ingenio sean competitivos en el supermercado global. Por eso las condiciones de vida del trabajador de la caña son duras. Largas y extenuantes jornadas laborales, condiciones climatológicas extremas, carga laboral, etc. Todo ello por un salario que no cubre las necesidades básicas. El obrero agrario tampoco recibe formación y la prevención de riesgos no es más que un bonito deseo plasmado en numerosos manuales.

En esta coyuntura es como se descubrió años atrás que en la zona del ingenio San Antonio muchos hombres estaban muriendo, aparentemente, por insuficiencia renal crónica (IRC), una enfermedad progresiva en la que los riñones pierden la capacidad de limpiar y depurar la sangre. En el peor caso, y si no se combate adecuadamente, puede provocar la muerte.

Por ello, enfermos y viudas crearon la Asociación Nicaragüense de Afectados por Insuficiencia Renal Crónica (ANAIRC). Dicha organización sostiene que en los últimos años se produjeron aproximadamente 3.500 decesos por IRC, en personas que, o bien trabajaban en el ingenio San Antonio o bien vivían cerca de él. Relacionan esta alta siniestralidad a las lamentables condiciones laborales, al contacto con productos químicos que se emplean en el campo y al agua supuestamente contaminada que consumen de los pozos del ingenio.

En la acera de enfrente, la NSEL rechaza cualquier vínculo con la enfermedad. La empresa ha creado una web específica para ofrecer su versión y aportar información. En ella acusa públicamente a ANAIRC de buscar "...compensaciones monetarias injustificadas de parte de NSEL, alegando que extrabajadores del ingenio San Antonio desarrollaron esta enfermedad como consecuencia de su paso laboral por la empresa."

En parte, los razonamientos de la empresa se cimientan en el hecho de que muchas de las víctimas no murieron de IRC, según los partes médicos. Para los afectados, esto puede suceder si se tiene en cuenta que la IRC "estimula" otras enfermedades, sobre todo de carácter cardiovascular. Giorgio Trucchi, periodista de la Asociación Italia-Nicaragua y de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, afirma que "Muchas veces las autoridades sanitarias locales, muy vinculadas a la clínica y hospital del ingenio, señalan la muerte no como IRC, sino por otra enfermedad, y eso complica las investigaciones." Este hecho es remarcado también por ANAIRC, al subrayar que si se reconociera como causa de la muerte la IRC, el empleador debería responder por los daños ocasionados. El colectivo destaca siempre que las víctimas tenían altos niveles de creatinina en la sangre, que es un subproducto que los riñones eliminan a través de la orina salvo cuando hay daño renal como es el caso.

La realidad es que no existe claridad a la hora de poder establecer un diagnóstico certero de la situación. El doctor. Jesús Marín, director de Salud Ambiental y Toxicología del Ministerio de Salud de Nicaragua, recopiló diversos estudios sobre la incidencia de la IRC en el occidente del país. Pudo concluir que los plaguicidas y el agua contaminada no tenían relación estadística con la enfermedad, pero, sin embargo, sí observó una mayor incidencia de IRC en los trabajadores de la caña asociada a las labores del campo entre otros factores. Recientemente, un informe de la Universidad de Boston aseveró que no existía un vínculo entre la IRC y los elementos ambientales y laborales. Dicho trabajo, auspiciado por el Grupo Pellas y un estamento del Banco Mundial, llegaba a dicha conclusión a pesar de que mencionaba seis agroquímicos que pudieron ser utilizados en el ingenio y que la literatura científica relaciona con daños renales.

Anteriores estudios revelaron que algo anómalo está sucediendo en Chichigalpa. La doctora Cecilia Torres, investigadora de Salud Ocupacional de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, inició en 2007 investigaciones para determinar las causas de la IRC junto a universidades en Costa Rica, EEUU y Suecia. Las primeras conclusiones desvelaron que el municipio en donde se ubica el ingenio San Antonio tiene una incidencia 13 veces mayor de esta enfermedad respecto a la media nacional. Es más, en una pequeña comunidad donde la gente trabaja en la caña de azúcar, el índice de IRC se elevaba a un estratosférico 41%, cuando en Nicaragua la media era de un paciente por cada 10.000 habitantes. El propio presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto López, admitió un mayor impacto de la IRC entre los trabajadores de los ingenios azucareros.

Consultada la doctora Torres sobre las causas, señaló que "...nuestras hipótesis giran en cuanto a la carga de trabajo y las condiciones climáticas y su relación con la deshidratación sostenida por largo tiempo o el consumo de agua contaminada por metales pesados o plaguicidas..." Por eso la asociación de afectados no va mal encaminada, ya que los factores laborales y ambientales sobresalen, como la propia Torres sentencia: "¿Qué ocurre cuando a un trabajador se le pagan 20 córdobas (un dólar) por tonelada cortada? Esta persona se va a matar trabajando para poder ganar un sueldo mensual. Realmente es allí el círculo perverso: bajo salario, en condiciones muy precarias, donde se trabaja con temperaturas de hasta 50 grados, una deshidratación sostenida e ingesta de agua muchas veces contaminada."

La acampada de la esperanza

Desde marzo de 2009, cientos de miembros de ANAIRC están acampados en los jardines ubicados cerca de la catedral de Managua, a escasos 500 metros de las oficinas del Grupo Pellas. A la sombra de unos escuetos árboles, los afectados montaron sus hamacas y sus casas de cartón. Confían en que su humilde pero inquebrantable estampa ejerza suficiente presión mediática y social para lograr convencer a la millonaria familia Pellas y poder negociar con ellos algún tipo de indemnización.

La constancia de esta organización ya dio sus primeros resultados en 2004, cuando se aprobaba una ley que por primera vez catalogaba la IRC como enfermedad profesional. Esta decisión no vino exenta de controversia, ya que el ex presidente de Nicaragua la vetó parcialmente. Denis Meléndez, del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, lo dibujó así: "Públicamente se insistió que el contenido del veto parcial del presidente de la República tenía motivaciones económicas, que había presión empresarial, y que finalmente éste cedió motivado por sus preferencias de acera, y que no es, precisamente, la de los sectores más vulnerables del país."

A pesar del lastre presidencial, esta nueva ley ha permitido que ANAIRC obtuviera cerca de 5000 pensiones por riesgo laboral para sus asociados enfermos. Aún así, los muertos y la angustia no disminuyen y los afectados por esta dolorosa patología tienen que enfrentar la pobreza, la falta de condiciones sanitarias, el desorbitado precio de los medicamentos y la incomprensión empresarial y gubernamental.

Como respuesta se han orquestado campañas internacionales de solidaridad. Numerosas organizaciones sociales en Nicaragua y otros países han prestado su apoyo a los afectados y un grupo de universitarios organizó un boicot internacional al ron Flor de Caña.

Morir dignamente

En muchas entrevistas a peones del ingenio se han descrito las condiciones en las que vivían. Un asalariado declaró que la jornada laboral podía extenderse a las 12 horas y que "trabajaba en medio de la ceniza porque antes de cortar la caña los campos se queman. El calor era insoportable, pero lo peor era que no teníamos uniformes que nos protegieran del sol, y el agua que podía traer conmigo era poca, así que tomaba de los ríos y de los pozos del ingenio, porque no sabía que estaban contaminados." Afirma que con esfuerzo se pueden llegar a cortar entre 7 y 8 toneladas de caña por jornada. Se perciben 60 centavos de dólar por cada una, aunque este asunto empeoró con la aparición del intermediario que permitió a la empresa subcontratar la mano de obra.

A las infrahumanas condiciones de trabajo, se le suma como posible factor de riesgo el consumo de agua contaminada proveniente de los pozos del ingenio. En agosto de 2007, un estudio realizado por el Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, determinó que muchos acuíferos en el occidente de Nicaragua tenían restos de agroquímicos tales como lindano, toxafeno, DDT, DBCP y DDE.

Si las condiciones en el campo fueron muy duras, no más sencillas están siendo las largas jornadas de protesta a la intemperie de Managua. Los trabajadores acampados han soportado amenazas, campañas mediáticas, agresiones y hasta el rechazo de ciertos sindicatos y compañeros del ingenio, aparentemente orientados por la empresa. Incluso el vicario de la catedral de Managua, junto a miembros de Cáritas y otros feligreses, se personaron en el improvisado campamento alegando que las tierras en donde se hallaban radicados son de la iglesia.

Meses atrás, la Asamblea Nacional creó una comisión multisectorial para estudiar y buscar soluciones a la problemática de la IRC. Se especuló con la aprobación de una ley que regulara tanto el uso de agroquímicos como la subcontratación de la fuerza de trabajo. También se habló de un protocolo para que los afectados recibieran pensiones, atención médica y alimentos. Pero ha pasado el tiempo y nada ha cuajado. La patronal azucarera siente amenazados sus negocios y no ve con buenos ojos este tipo de iniciativas. En el otro vértice del triángulo, el gobierno sandinista de Daniel Ortega se ha mostrado displicente con los afectados y condescendiente con la patronal.

Para los enfermos por IRC, el camino que se avecina será largo y empinado. Los meses pasan en el espontáneo acantonamiento de los jardines de Managua. Solos, en condiciones lúgubres y miserables, aguardan estoicamente las soluciones reales que alivien el dolor, tanto el físico en los enfermos como el moral de quienes perdieron a sus seres queridos.

Vicent Boix
Autor del libro El parque de las hamacas
http://www.elparquedelashamacas.org