La incineración, más problema que solución

Las políticas para la reducción de los residuos urbanos y para conseguir niveles óptimos de recuperación y reciclaje de los diferentes materiales que componen la basura han fracasado estrepitosamente. Según el Plan Nacional Integrado de Residuos (2006), el reciclado de materiales es de sólo un 10% del total de los residuos, a lo que hay que añadir una recuperación del 13% en tratamientos de materia orgánica (compostaje y biometanización). El resto va a vertedero (68%) o a incineración (9%).

¿La construcción de más incineradoras sería un acicate para fomentar el reciclaje y la reutilización o, por el contrario, constituirían una dificultad añadida para bloquear esas opciones? No hay muchas razones para fiarse del control de las emisiones en las plantas incineradoras La medición de dioxinas, por ejemplo, se hace de forma muy esporádica unas cuatro veces al año y por empresas contratadas por el titular de la instalación en fechas normalmente prefijadas de antemano

Los datos de Eurostat en 2008 para España mejoran los índices de lo recuperado hasta un 14 y 20% respectivamente, pero siguen siendo desoladores. Esto se explica, en parte, porque la recogida selectiva de los residuos urbanos sólo alcanza el 14%, lo demás (el 86%) se recoge mezclado.

En ese contexto, la mayoría de los responsables municipales y autonómicos de dichas políticas ha optado por depositar los residuos en vertederos (68%) o incinerarlos en instalaciones (9%). Son los sistemas más "fáciles" de gestionar, pero también son los que ocasionan impactos ambientales significativos, tienen un rendimiento económico global más negativo, incluyendo la pérdida de materiales que podrían volver al ciclo productivo, y generan menos empleo en el sector.

Los vertederos tienen, además de la emisión de olores y la ocupación de territorio, dos serios problemas ambientales: la formación de lixiviados y la emisión de metano, que es un potente gas de efecto invernadero. Y los dos tienen que ver con la presencia de materia orgánica en ellos. El primero puede mejorar con la impermeabilización y buena gestión de la instalación y el metano con su captación para producir biogás, pero lo importante es reducir la cantidad de restos orgánicos que se llevan a estas instalaciones. La normativa ya obliga a que la cantidad de materia orgánica en vertederos será como máximo del 35% en 2016, pero hay que ir mucho más allá y establecer objetivos más ambiciosos, porque los ejemplos de muchas experiencias ponen de manifiesto que se pueden conseguir niveles de recuperación mucho más elevados.

La opción del vertedero es una opción de final de tubería que nunca puede considerarse óptima, pero sus impactos se pueden reducir si, como se está realizando en Cataluña, se minimiza el vertido retirando la fracción biodegradable y compactando en balas de residuos la fracción resto.

Emisión de contaminantes

Las incineradoras por su parte, además de emitir CO2, presentan otros problemas de contaminación atmosférica. Debido a la variada composición química de los diversos materiales que entran en los hornos se forman sustancias de alta toxicidad. Además de gases ácidos y metales pesados, se emiten contaminantes orgánicos persistentes (COP) como las dioxinas, los furanos, los PCB y el hexaclorobenceno. Muchos informes de diferentes instituciones coinciden en señalar su carácter extremadamente peligroso para la salud por su potencial bioacumulativo y su carácter de disruptor hormonal.

Los defensores de la incineración señalan que cumplen con la legislación de emisiones, pero hay que tener en cuenta que precisamente por ese carácter persistente y bioacumulativo en la cadena animal y alimentaria no existe ningún nivel de exposición seguro a esos contaminantes orgánicos. El Convenio de Estocolmo sobre COP (2001) señala que las incineradoras de residuos, en sentido amplio, son tecnologías que tienen un alto potencial para emitir dioxinas y otros contaminantes orgánicos, y se firmó por España para reducir precisamente la presencia de esos contaminantes.

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Además, no hay muchas razones para fiarse del control de las emisiones en dichas instalaciones. La medición de dioxinas, por ejemplo, se hace de forma muy esporádica unas cuatro veces al año y por empresas contratadas por el titular de la instalación en fechas normalmente prefijadas de antemano, por lo que las condiciones de la combustión y de los filtros se pueden preparar previamente. Por eso cuando se han realizado monitoreos "por sorpresa", como en Madrid, han aparecido niveles de este contaminante 15 veces superiores a los límites legales. Esta medición se está empezando a hacer en otros países en forma "casi continua". Esta debe ser una exigencia clave para las instalaciones que ahora están en funcionamiento.

La presencia de estos contaminantes se produce no sólo en las emisiones atmosféricas sino también en las cenizas resultantes del proceso de combustión. Las cenizas pueden ser de fondo en la base del horno y volantes que quedan atrapadas en los filtros y en las llamadas emisiones fugitivas de la chimenea. Los contaminantes orgánicos atrapados en estas cenizas son difíciles de gestionar y necesitan transportarse y depositarse adecuadamente en vertederos especiales para residuos peligrosos. No es una opción adecuada su uso como material inerte en la construcción o para la fabricación de cemento. Algunas experiencias realizadas en este sentido en otros países han demostrado su peligrosidad.

¿La incineración dificulta el reciclaje?

Hay quien manifiesta que los países europeos que reciclan más que nosotros también incineran más y que esto no es obstáculo para esos altos niveles de recuperación de los residuos. Pero ¿esto es realmente así?

Flandes, en Bélgica, además de reducir su generación de residuos, ha aumentado el reciclaje y el compostaje de sus residuos urbanos hasta un 75%, manteniendo el porcentaje de incineración en un 20% y reduciendo mucho el depósito en vertedero. Alemania tiene también un alto porcentaje de reciclaje y compostaje (un 65%) con incineración del 35%, pero hay una fuerte presión de las incineradoras por hacerse con residuos para quemar, hasta tal punto que Alemania importa un total de 2 millones de toneladas de residuos para incinerar. Existe, pues, una fuerte competencia de esas instalaciones con el reciclaje. En el momento que flojeen las políticas y medidas para incentivar la recuperación de los materiales de la basura, la industria de la incineración se evitará la importación de los residuos mencionados.

Otros países europeos, por el contrario, incineran mucho y no reciclan tanto como se piensa. Holanda (39% incineración, 32% reciclaje y 27% compostaje) o Dinamarca (54%, 24% y 18% respectivamente) no están aumentando la recuperación de materiales por la necesidad de suministrar combustible a las incineradoras.

La pregunta es si en España, donde no hay una suficiente conciencia para la prevención y el reciclaje y donde los planes, políticas y medidas concretas de las administraciones competentes para recuperar porcentajes elevados de los residuos son escasos e inoperantes ¿la construcción de más incineradoras sería un acicate para esas medidas y políticas avanzadas o, por el contrario, constituirían una dificultad añadida para bloquear esas opciones?

Hay que tener en cuenta que en España las instalaciones de incineración se construyen normalmente a través de inversiones realizadas por ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas, concediéndose después la explotación de la misma a una empresa mediante un contrato a largo plazo en el que la administración garantiza el suministro de combustible (basura) a la planta y una compensación económica por tonelada incinerada. Además, la empresa percibe también la prima correspondiente por cada kilovatio hora generado dentro del llamado régimen especial de generación eléctrica.

Esto tiene el efecto real e inevitable de que mientras a un ayuntamiento le puede interesar que la cantidad de residuos a tratar en vertedero se reduzca para que este tarde más tiempo en colmatarse, en el caso de las plantas incineradoras la entrega de basura está sujeta a un contrato de suministro, que dificultará tanto más las posibles políticas de reciclaje cuanto mayor sea la capacidad de tratamiento de la instalación.

La mayor parte de los planes de residuos autonómicos proyectan incineradoras para muy elevados porcentajes de los residuos urbanos que se producen en esos territorios. En Guipúzcoa, por ejemplo, una incineradora de 215 000 toneladas necesitaría el 43% de los residuos que se generan; en Galicia se incrementaría la capacidad de incineración hasta 550 000 toneladas, lo que representa el 47% de su basura, en Navarra sería de 200.000 toneladas para el 68%; y en Asturias la incineradora prevista tendría capacidad (420 000 toneladas) para nada menos que el 80% de sus residuos.

La opción del reciclaje puede impulsarse hasta niveles muy elevados si verdaderamente hay voluntad política y medidas concretas (hay muchas experiencias y en muchos sitios, como se pone de manifiesto en este número de Daphnia). Además, según un estudio publicado1 recientemente, si los países europeos alcanzaran un nivel de reciclaje del 70% se podrían crear 500.000 nuevos empleos. Este es el nivel de reciclaje alcanzado en Flandes (Bélgica). Pero para ello no parece buena idea que haya compromisos contractuales con el sector privado de la gestión de residuos que les garanticen una parte importante de los residuos como combustible.

Una política sostenible de residuos no puede estar condicionada por empresas de gestión de residuos, sector en el que, como suelen decir nuestros compañeros del sector de Actividades Diversas, muchas veces lo más limpio es la basura; uno de los muchos ejemplos puede ser el caso Brugal. Aquí, como en todos los demás ámbitos, necesitamos políticas publicas avanzadas social y ambientalmente.

Carlos Martínez Camarero
Responsable del Departamento Confederal de Medio Ambiente de CCOO

(1) More jobs, less waste, Potential for job creation through higher rates of recycling in the UK and EU, September 2010, Friends of the Earth.

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