La gestión de los residuos urbanos en Cataluña, un buen punto de partida
Un conseller de la Generalitat de Cataluña aseveró, al inicio de su mandato, que la gestión de los residuos era el principal problema que debería afrontar el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda que comenzaba a dirigir. Esta idea podía ser cuestionable, ya que en nuestra comunidad se produjeron otros conflictos en su ámbito de responsabilidades que acabaron generando gran preocupación (episodios severos de sequía, mala calidad del aire en grandes ciudades, importantes incendios forestales, etc.).
Pero la inquietud de este político (por cierto, uno de los mejor valorados por los sectores ambientalistas) ante los residuos se podía definir como razonable, dado el volumen de desechos a tratar en Cataluña: unos 18 millones de toneladas por año (sumados los urbanos, los de origen industrial y los de la construcción). En función del tratamiento que reciben estos materiales se producen impactos sobre el entorno, pero también sobre la actividad económica y, por tanto, sobre el empleo y las condiciones de trabajo. Se trata de una cuestión que ha de formar parte de las políticas públicas, y también del trabajo de una fuerza social y sindical como CCOO.
Uno de los principales retos con los que nos enfrentamos aquellos que impulsamos un cambio en el modelo de gestión de residuos es la falta de percepción de la gravedad de este problema por una parte de la sociedad. Es precisamente el reconocimiento de esta necesidad lo que puede permitir buscar y aplicar las correcciones necesarias. Para muchos, no existe tal dilema: la basura que continuamente es depositada en los contenedores desaparece sin más. ¿Dónde está el problema, pues?
Situación estatal
La tarea de recopilar datos oficiales sobre generación y tratamiento de residuos resulta extraordinariamente compleja. Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos tienen competencias, y en muchas ocasiones escasa voluntad política de ejercitar la transparencia y la participación, conceptos básicos en una democracia avanzada, avalados y defendidos por directivas europeas y normas de nuestra legislación. Desde hace años, nuestro sindicato viene reclamando el acceso a esta información por diversos motivos. Un observatorio de ámbito estatal podría ser una buena herramienta para recibir, tratar y difundir estos datos de manera práctica y ágil, permitiendo conocer la evolución del empleo, su calidad, los impactos ambientales, los costes del sistema y su repercusión sobre los usuarios, las inversiones previstas, las transferencias, etc.
En el Estado todavía existen instalaciones en funcionamiento que incumplen con la normativa vigente. Especialmente llamativos son los vertederos "alegales" (por no decir directamente ilegales), utilizados por algunas administraciones locales, y que son generadores de fuertes impactos ambientales. Es preocupante la contaminación de suelos que producen, pero especialmente la emisión de gases de efecto invernadero (el metano tiene veinte veces más capacidad para retener calor que el CO2) y de sustancias peligrosas, como las dioxinas (sin control alguno en caso de incendio, los cuales se suceden periódicamente como ha ocurrido este año.
El caso catalán
Es posible afirmar, desde un punto de vista objetivo y contrastable, que la situación de Cataluña es diferente y algo más positiva. Los resultados de la gestión de residuos se sitúan entre los mejores del Estado, en prácticamente todos los flujos de desechos. También se muestra de manera específica en el caso de la basura urbana, protagonista de este modesto redactado.
Según la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC), nuestros municipios generaron el año 2009 más de 4 millones de toneladas de basura doméstica. El 37'6% fue recogido selectivamente, porcentaje similar al de zonas europeas con políticas medioambientales avanzadas. La media estatal es de un 17%.
Los canales para recuperar materiales evitando su entrada en plantas de incineración o en vertederos son diversos. Existen cinco contenedores en la vía pública: envases, vidrio, papel/cartón, materia orgánica (todavía en fase de implantación) y rechazo. Pero hay que añadir el resultado de la aportación directa a las deixalleries (puntos limpios o eco-parques en otras comunidades), de las recogidas comerciales y de la retirada directa de muebles.
El porcentaje real de aprovechamiento es entre un 2 y un 3 por ciento menor, debido a la presencia de lo que se conoce como impropios (material no depositado en la forma o lugar adecuados) y a la dificultad para reciclar ciertos productos. Pero a todo esto hay que añadir el efecto del tratamiento de los materiales de rechazo en plantas de tratamiento mecánico-biológico, lo que permite reducir casi en un 10 % las entradas a vertederos e incineradoras, generando biogás y recuperando materiales que se reintroducen en los sistemas productivos. Como resultado, año a año se reduce el vertido.
Estos resultados suponen un avance respecto a situaciones anteriores. A mediados de los años 90, la recogida selectiva rondaba un pobre 2% en Cataluña. Existían incineradoras con funcionamiento muy deficiente, y vertederos con problemas de contaminación de acuíferos. En cambio, durante la presente década se ha suprimido la planta incineradora de Montcada i Reixach y se han clausurado y regenerado diversos vertederos, como el del Garraf, de enormes proporciones y ubicado en zona protegida.
Es remarcable la estabilización de la generación de residuos per càpita, a lo largo de los últimos años, que ahora se encuentra en 1'54 kg. por persona y día.
Las instalaciones de tratamiento cumplen de manera general con las exigencias legales, aunque se han dado episodios de malos olores y de contaminación del entorno. Los sistemas de valorización energética se están adaptando a la nueva directiva, incluso antes de que ésta sea traspasada a nuestra normativa. Un estudio de J.L. Domingo y M. Schumacher (ambos catedráticos de la Universidad Rovira i Virgili), publicado en colaboración con ISTAS-CCOO, indica que la presencia de dioxinas en los habitantes de la zona más industrial de Tarragona (donde existen un gran polo químico y dos incineradoras) se ha reducido de manera importante en los últimos años. Las mejoras tecnológicas de las instalaciones industriales pueden estar relacionadas con este hecho, aunque se trata de un asunto complejo que merece cautela y estudio en profundidad.
Retos pendientes
A pesar de esta buena situación de partida, es posible avanzar mucho más en la sostenibilidad ambiental de la gestión de los residuos urbanos. El propio desarrollo del Programa de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña 2007-2012 plantea actuaciones que pueden mejorar significativamente los resultados.
Este programa, al igual que una gran cantidad de información de interés medioambiental, está accesible en la página web de la ARC (www20.gencat.cat/ portal/site/dmah). Como características más destacadas se pueden citar las siguientes:
- Obligación de implantar la recogida selectiva de restos de comida y fracciones vegetales en todos los municipios.
- Tratamiento integral y máximo aprovechamiento de todo lo que no pueda ser recogido selectivamente (rechazo).
- Planificación de las instalaciones con criterios de proximidad y suficiencia de cada territorio.
- Aplicación de cánones al uso de la incineración (5 ƒðƒnpor tonelada) y del vertido (el doble), que se incrementan en función del tipo de gestión y se destinan a promover la recogida selectiva y el reciclado.
El objetivo para 2012 es llegar al 48% de valorización material (con el horizonte del 50% en 2020) y al 10% de reducción en origen, mejorando lo establecido por la nueva directiva europea.
El debate
Este programa, así como otras acciones que lo desarrollan, han contado con un consenso destacable por parte de las administraciones implicadas, independientemente de su vinculación política. Ahora bien, contó con la oposición de Fomento del Trabajo (que en cambio sí aprobó un programa similar sobre residuos industriales) y de grupos ecologistas. Curiosamente, mientras la patronal argumentaba que los objetivos resultaban demasiado exigentes y que implicarían nuevas cargas fiscales, los segundos defendían lo contrario.
Desde CCOO nos hemos dedicado, ya desde hace años, a participar activamente en el seguimiento de estas políticas y a realizar propuestas concretas, especialmente reivindicando la participación de los trabajadores. Nuestro posicionamiento sindical ha consistido en defender ideas como las siguientes:
- Inclusión de programas de formación específicos para los operarios/as del sector de los residuos, para permitir su capacitación, sensibilización y eficiencia.
- Tratamiento de los materiales recogidos en la vía pública (papeleras, barredoras, etc.) para permitir su aprovechamiento.
- Valoración en los pliegos de condiciones de las contratas del uso de energías renovables, de la optimización del agua, de los sistemas de gestión ambiental certificados, y de las motorizaciones más eficientes.
- Potenciar la minimización y la recogida de productos especialmente peligrosos (derivados del amianto, pilas, aceites, etc.) a través de campañas específicas y del despliegue de deixalleries.
- Impulso decidido a las medidas de reducción en origen.
Pero una de nuestras funciones ha sido apostar por la aplicación de las acciones aprobadas para reducir los impactos de los residuos municipales. Los cambios producidos en la gestión de los residuos de Cataluña tienen su origen en un grupo relativamente reducido de políticos progresistas y de técnicos convencidos. Las resistencias al cambio son tan descomunales (intereses económicos, comodidad, falta de voluntad política, miedo...) que sin el compromiso de entidades sociales y de fuerzas políticas no habría sido posible.
Uno de los precursores de la evolución de estos programas que, en mi opinión, no ha tenido todavía el reconocimiento que se merece, es Jordi Renom. Desde estas líneas quiero poner en valor su quehacer, que empezó en la Entidad Metropolitana del Medio Ambiente de Barcelona a principios de los 90 y que prosigue ahora en la ARC. Sin personas como Renom no tendríamos resultados como los presentes en Cataluña, ni referencias para el resto del Estado.
José Manuel Jurado
Responsable de Medio Ambiente de la CONC