El anteproyecto de la ley de salud pública que actualmente promueve el Gobierno central exige la reflexión, el análisis y aportaciones del máximo nivel científico, intelectual y profesional. El debate no puede quedar secuestrado por intereses sociopolíticos de corral o por mezquindades corporativistas.
Un eje central de la ley es su voluntad de actuar sistémicamente sobre las conexiones causales entre economía, salud, trabajo, cultura y ciudadanía. O si se prefiere, entre economía sostenible, salud pública, condiciones de trabajo, energía y medio ambiente, valores democráticos... Ahí están los grandes factores condicionantes de la salud de la sociedad europea del siglo XXI: en los sistemas de economía y trabajo, medio ambiente y energía, urbanismo y territorio, relaciones de género, consumo, transporte, en la calidad de nuestra democracia... Esta ley puede ser un ejemplo de una nueva generación de leyes que "piensan la sociedad" -y su transformación- de un modo más complejo (‘sistémico', en concreto), pragmático y radical.
La ley quiere contribuir a desarrolla, aunque ninguna ley sola, ni ministerio solo puede lograrlo. Ni el Ministerio de Economía podría, suponiendo que la salud llegase a ser una de sus prioridades. Nos falta un análisis en profundidad de las relaciones de poder que más influyen en "todas las políticas".
A veces, a las personas y a las sociedades nos cuesta apreciar lo que se hace bien y -todavía más- lo que en silencio hace bien. Los beneficios económicos, sociales y humanos de las inversiones en salud pública son cotidianos, generalizados para el conjunto de los ciudadanos, y a corto y largo plazo. Por ello, a menudo su percepción social es tenue; y las múltiples dimensiones de su valor, de difícil cuantificación. De modo que no suelen contemplarse debidamente en la contabilidad al uso ni registrarse en nuestros sistemas de valores. Dar más valor a lo que discretamente hace bien es un reto político y cultural con múltiples posibilidades.
La salud pública es un sector real de inversión, empleo y creación de riqueza, de cohesión social, de lucha contra las desigualdades sociales, de conocimiento, de "investigación para el desarrollo". Muchos servicios de salud pública exigen tecnología, innovación, inversión, espíritu de empresa, capital humano, impuestos, inspecciones, conciencia social y ambiental, civismo... Y ciertos valores humanos. También muchas otras políticas sociales poseen cualidades similares y exigen inversión en capital humano... Por tanto, la salud pública es un sector importante en toda economía equitativa, sostenible, productiva y respetuosa con el medio ambiente. En la coyuntura actual es sumamente relevante explorar nuevas fórmulas sociales, políticas y empresariales de intervención en los procesos que conectan causalmente economía, trabajo, salud, medio ambiente y democracia. Políticas y empresas que generen otro tipo de beneficios en salud pública, trabajo y medio ambiente. La salud pública no es un lujo. Ante la crisis, más salud pública.
Debemos analizar los fundamentos filosóficos, morales y prácticos que justifican crear nuevos modelos de negocio, legítimos, que actúen sobre las causas económicas, sociales y ambientales de la salud y la enfermedad. Que generen auténticos beneficios sociales. Y, además, legítimos beneficios empresariales. Según los economistas, los mercados no generan incentivos empresariales a la producción de bienes públicos. ¿Por qué? ¿O no es completamente así? Quizá es que los hegemónicos ‘mercados' -los que han funcionado en las últimas décadas- deben cambiar sus reglas, o que necesitamos que ‘alguien' incentive la producción de auténticos beneficios públicos-sociales. Quizá la salud pública y la salud laboral serían más influyentes si más empresas se dedicasen a ellas.
Debemos revisar de forma sistemática y global (internacional) las aproximaciones clásicas y contemporáneas al análisis de los beneficios que el sector de la salud pública genera para la sociedad. Deberíamos proponer nuevos sistemas y fórmulas para visualizar conceptualmente, cuantificar empíricamente y valorar culturalmente los beneficios para la salud pública de las políticas públicas y privadas, servicios y productos.
Los beneficios de la salud pública son reales. Beneficios humanos, económicos (convencionales y no convencionales), ambientales, culturales, mo rales. ¿Son esos beneficios inevitablemente invisibles? En absoluto. La salud es en sí misma riqueza. Este "olvido" no es casual ni es baladí: refleja la marginación a la que ciertas componentes estructurales de los actuales modelos de desarrollo condenan al ser humano. Acaso la principal línea intelectual de conexión entre las ideas sobre las que estoy proponiendo que reflexionemos está en apreciar el carácter cultural de la crisis, en un cierto "así no nos apetece vivir" y "así no nos parece correcto vivir". Lo ético anda por ahí mezclado con lo estético, con lo emocional. Estamos hartos de tanta enfermedad provocada por este "modelo de desarrollo".
Claro que la medicina convencional ayuda a mucha gente, sobre todo a los enfermos que reciben tratamientos verdaderamente eficaces sin merma de su autonomía personal. Pero la respuesta del sector sanitario a la crisis no puede consistir sólo en hallar nuevas fórmulas de financiación para atender a quienes sufren las enfermedades que el propio modelo económico causa. Esto no es una respuesta, es más de lo mismo; es seguir en las rutinas más especulativas y socialmente improductivas. Por razones morales y económicas (coyunturales y de fondo), el sistema de asistencia médica debe dejar de hacer las muchas cosas inútiles y dañinas que actualmente hace y centrarse en hacer mejor -técnicamente mejor y con más humanidad- lo que realmente funciona. Menos es más cuando "más" no sirve de nada. La dependencia económica y cultural que nuestra sociedad tiene de la industria biomédica debe disminuir y a la vez deben seguir emergiendo empresas que generen mayor beneficio social y ambiental.
Para superar las causas de la crisis debemos mirar, ver y valorar mejor lo que se hace bien; en particular, las políticas, servicios y productos que realmente rinden beneficios a las personas y comunidades. Cuantificar y explicar mejor los costes y beneficios humanos, sociales, culturales y económicos de las inversiones en salud pública y medio ambiente -y, por supuesto, también en educación, salud laboral, agricultura ecológica, energías renovables, movilidad- dará más visibilidad y valor a esas inversiones y más confianza para seguir poniendo en práctica otros modelos de desarrollo, otras formas de vivir.
El anteproyecto de ley de salud pública es sumamente respetuoso con las competencias autonómicas y municipales en la materia. Y apenas plantea explícitamente una cuestión fundamental: cómo reforzar la cooperación en salud pública entre comunidades autónomas. Sin embargo, en mi opinión estamos en un momento óptimo -nunca es perfecto- para plantear la cuestión. En nuestro estado autonómico, a veces la toma de decisiones en salud pública parece más propia de una "federación de estados independientes" que de un estado federal. Al menos en los estados federales quienes pierden una votación respetan la decisión democrática mayoritaria. Es hora de activar los mecanismos jurídicos que permiten que nuestras comunidades autónomas cooperen de forma mucho más efectiva y eficiente en salud pública. Sin necesidad de "devolución" alguna. Aunque este extremo es asimismo opinable, por supuesto.
Miquel Porta Serra
Catedrático de Salud Pública, Instituto Municipal de Investigación Médica y Universidad Autónoma de Barcelona
Claves para una política sostenible de salud pública