No se conocen qué sustancias se fabrican en España, en qué cantidades, ni para qué se utilizan. No existen registros públicos de producción y uso de sustancias químicas, a pesar de que esta información obra en poder de las administraciones. Eso sí, dispersa, en diferentes formatos y, desde luego, no accesible al público en general.
Aunque parezca sorprendente, también se desconocen las características peligrosas, tóxicas y ecotoxicológicas de la mayor parte de las sustancias comercializadas. De hecho, en la Unión Europea sólo se ha realizado la batería completa de pruebas establecidas en las evaluaciones de riesgo a 141 sustancias.
Sin embargo, la información toxicológica y eco-toxicológica disponible públicamente indica que tanto los trabajadores como la población general estamos expuestos a sustancias de elevada toxicidad presentes en los lugares de trabajo, contaminantes ambientales, los productos y artículos de consumo y los alimentos.
Se han identificado 1500 cancerígenos y mutágenos, 1500 tóxicos para la reproducción (TPR), 3000 alérgenos, 1300 neurotóxicos, 1500 disruptores endocrinos (alteran el sistema hormonal), 400 sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulativas (TPB), 500 compuestos orgánicos volátiles (COV), 92 sustancias que dañan la capa de ozono, etc. No pasa un día que no se publiquen estudios que actualizan el conocimiento sobre la toxicidad de las sustancias y que destacan nuevos efectos ligados a la exposición a tóxicos.
Tampoco existen registros de exposición laboral. Los datos publicados por la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (ENCT) indican que el 27,5% de los trabajadores están expuestos a sustancias peligrosas y este porcentaje crece cada año. Los trabajadores de todos los sectores de actividad están expuestos, aunque el mayor porcentaje lo presentan la construcción (49,1%) y la industria (42,4%).
Por otra parte, se estima que 3,5 millones de trabajadores, de prácticamente todos los sectores de actividad, están expuestos a agentes cancerígenos en sus lugares de trabajo.
Existen varios sistemas de monitorización de contaminantes en agua, aire y biota para responder a los requerimientos de información de la Unión Europea. Sin embargo, estos datos no son fácilmente accesibles, agregables ni comparables.
Según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (PR TR), solo los 2.156 complejos industriales cuyos datos se publicaron en 2008 emitieron al medio ambiente 5.862.298 toneladas de contaminantes (excluido el CO2).
Por otra parte, los datos aportados por las redes de medición de la contaminación de las administraciones autonómicas indican que el 84% de la población española respira aire que supera los índices de protección a la salud recomendados por la Organización Mundial de la Salud.
Tampoco existen inventarios que sistematicen la información disponible sobre la exposición de la población a sustancias tóxicas a través de alimentos, productos y artículos de consumo, materiales de construcción, etc. Tampoco se realizan en España, a diferencia de los países de nuestro entorno, programas de bio-monitorización de contaminantes en la población.
Sin embargo, los estudios publicados muestran la presencia de tóxicos prohibidos hace décadas (DDT, PCB) en el 100% de la población analizada y decenas de sustancias muy tóxicas, incluso en muestras de placentas y líquido amniótico. Cuantas más sustancias se analizan, más se encuentran. Una gran parte de la población presenta concentraciones elevadas de un gran número de tóxicos.
Las mujeres trabajadoras son especialmente vulnerables al riesgo químico, debido a los diferentes efectos que la ex posición a tóxicos tiene en las mujeres: la maternidad, la feminización de actividades de riesgo, las diferencias en atención sanitaria, la falta de investigación sobre los problemas de salud de las mujeres y la doble exposición (trabajo y hogar), entre otras causas. Los trabajadores jóvenes y los inmigrantes también están más desprotegidos frente a los riesgos laborales.
En cuanto a la exposición ambiental a productos químicos tóxicos, aunque todos somos sensibles, los niños y niñas, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de tercera edad son especialmente vulnerables a la contaminación ambiental.
Las enfermedades relacionadas con la exposición ambiental a sustancias químicas se han disparado en los últimos años tanto en España como en el resto del mundo. El cáncer, los problemas reproductivos (infertilidad, malformaciones, enfermedades reproductivas), las alteraciones hormonales (diabetes, problemas tiroideos, cánceres), las enfermedades inmunológicas (dermatitis, alergias) y los problemas neurológicos (problemas de aprendizaje, autismo, hiperactividad, Alzheimer, Parkinson), entre otras enfermedades relacionadas con la exposición a sustancias tóxicas, han alcanzado cifras epidémicas.
No existen registros de enfermedades medioambientales, pero se estima que un 10% de los niños españoles sufre asma y cada año aparecen 900 nuevos casos de cáncer infantil, relacionados, en el 98% de los casos, con factores ambientales, en particular la exposición a tóxicos.
Por otra parte, estimaciones muy prudentes indican que cada año mueren en España 4.000 trabajadores y trabajadoras, al menos 33 000 enferman y más de 18.000 sufren accidentes a causa de la exposición a sustancias químicas peligrosas en su trabajo. La incidencia del cáncer laboral en España sería de 2933 a 13.587 casos nuevos cada año y la mortalidad por cáncer laboral supondría un mínimo de 1.833 y un máximo de 8.214 trabajadores.
Estamos pues ante un grave problema de salud pública, de salud laboral y de salud medioambiental.
La gestión del riesgo químico en las empresas
La gestión del riesgo químico en las empresas presenta cuatro debilidades básicas: la información que disponen las empresas sobre los riesgos de la manipulación de productos y sustancias químicas es muy deficiente, la percepción de los riesgos es insuficiente, la evaluación de los riesgos es inadecuada y no se respetan los principios de la prevención.
Encuestas realizadas por CCOO y por ISTAS a delegados de Prevención y a trabajadores de varios sectores económicos y territorios muestran importantes deficiencias en la información. Un estudio sobre el sector de limpiezas en la Comunidad Valenciana muestra una alarmante falta de información sobre el riesgo químico entre las trabajadoras: el 29% no había recibido información sobre riesgos laborales, el 55% desconocía los síntomas de intoxicación aguda y el 70% los síntomas de intoxicación crónica de los productos que utilizaban. El 73% no había recibido ningún tipo de formación sobre riesgo químico.
Otro estudio realizado en 166 empresas de la Comunidad de Madrid mostró que en el 65,7% de las empresas los trabajadores no han recibido información sobre los efectos de los productos que utilizan y en el 66,9% de las empresas los trabajadores no habían recibido formación sobre cómo manipular con seguridad los productos con los que trabajaban.
Por otra parte, las etiquetas y fichas de datos de seguridad (FDS), principales fuentes de información sobre los riesgos de los productos químicos para trabajadores y empresarios, presentan grandes carencias. Según el proyecto ECLIPS, que revisó FDS en varios países de la UE incluida España, entre un 20 y un 40% de las fichas eran deficientes, correspondiendo los niveles más altos a las deficiencias en la clasificación de la peligrosidad de los productos. Este proyecto explicaba este elevado nivel de errores en la dificultad para aplicar la legislación sobre clasificación y etiquetado.
Las empresas no evalúan adecuadamente el riesgo químico De hecho, la existencia del riesgo químico no aparece reflejada en muchas ocasiones en las evaluaciones de riesgos. Por otra parte, las medidas preventivas utilizadas son preferentemente equipos de protección individual (EPI) a pesar del reconocimiento de que son, en muchas ocasiones, rechazados por los trabajadores por la incomodidad y los riesgos asociados que implica su utilización.
Las medidas preventivas de tipo colectivo, como los sistemas de aspiración localizada y de ventilación, suelen ser habituales en las empresas, pero su mal diseño y mantenimiento los hacen con frecuencia inadecuados para prevenir la exposición. En otras ocasiones, generan otros riesgos como el ruido, a los que son sensibles los trabajadores.
Medidas preventivas, como la sustitución de sustancias y procesos productivos, son valoradas por los técnicos como alternativas posibles en muchos casos, pero al parecer son prácticas muy poco frecuentes en las empresas.
Existen, finalmente, otras dificultades para la mejora de la prevención en las empresas que son percibidas por los trabajadores, como es la actitud de los mandos intermedios y encargados que se preocupan más por la producción que por la seguridad, o la existencia de trabajadores en precario que se ven imposibilitados de reclamar unas mejores condiciones de trabajo
Gestión del riesgo químico por parte de las administraciones públicas.
La información disponible indica que las administraciones públicas no están capacitadas en la actualidad para hacer frente a este riesgo. Su mayor debilidad es la falta de una política integrada. Hay una enorme disgregación de funciones (nueve ministerios tienen competencias específicas en gestión y control del riesgo químico y existen centenares de direcciones, subdirecciones y servicios implicados) que da lugar a la dispersión de competencias, la falta de criterios comunes para establecer prioridades o para inspeccionar y a deficiencias de coordinación. Por otra parte, hay escasez de recursos (sobre todo personal funcionario) ante una creciente carga de trabajo.
Prevenir el riesgo químico es posible
Para ello es necesaria una acción política que logre: