Construir sin destruir
La oportunidad de la rehabilitación de viviendas.
El boom de la construcción en España nos ha llevado a una serie de tendencias y políticas encaminadas a construir cuantos más inmuebles nuevos posibles, con el objeto de ampliar el parque de viviendas en España y a que esta actividad se convirtiera mayoritariamente en una actividad de inversión financiera. Una de las consecuencias directas de estas actuaciones ha sido el abandono de la rehabilitación de las viviendas más antiguas, excepto en casos de necesidad.
Esta tendencia se ha revelado fatalmente errónea, frente a las actuaciones mucho más lógicas de otros estados pertenecientes a la UE. Por ejemplo, el caso de Alemania, en donde las obras destinadas a arreglar edificios ya existentes ronda el 62% frente al 37% de la nueva construcción. En España, el porcentaje que supone la rehabilitación en el sector de la construcción es de un 24%, frente al 41% de media de la UE. Estas cifras nos dan una idea de la situación en que se encuentra el sector en nuestro país y de la oportunidad que supone desarrollar un impulso decidido en esta materia.
La mayoría de las intervenciones del Estado en materia de vivienda se dirigen a entregar subvenciones o transferencias monetarias, ya sean directas o a través del gasto fiscal (indirectas). Las ayudas directas a través de los planes de vivienda del Estado representan el 18,09% del gasto público de vivienda y en las ayudas indirectas representan el 81,9%.
El gasto público en vivienda en la UE es bien distinto: España, Portugal o Grecia destinan menos del 1% del PIB, mientras que otros como Austria, Dinamarca, Francia o Alemania, consignan entre el 1% y el 2% del PIB, y no digamos en otros estados como Holanda, Suecia o Reino Unido, que destinan entre el 3 y el 4% del PIB. Esto nos indica que la inversión pública en España es bastante reducida con respecto al resto de la UE 15.
En datos porcentuales con el total de la actividad, la rehabilitación pasó de suponer el 3% en 2002 al 2% en 2006. Es decir, por cada 100 metros cuadrados de nueva construcción, en 2002 sólo se rehabilitaron 3 metros cuadrados. Cuatro años después tan sólo se rehabilitan 2,3, lo que significa una importante disminución sobre unos datos ya muy pobres de por sí.
Es necesario modificar radicalmente la política pública de vivienda seguida por los diferentes gobiernos en las últimas décadas. Es imprescindible pasar del binomio nueva construcción-propiedad al binomio rehabilitación-alquiler.
Las medidas planteadas en la Ley de Economía Sostenible, posteriormente incorporadas al Real Decreto Ley 6/2010 (convalidado por la práctica totalidad de grupos parlamentarios), mantienen como mecanismo clave de la política pública de vivienda y rehabilitación la concesión de ayudas. En realidad supone una transferencia de rentas desde el presupuesto público (es decir, el de toda la población) hacia el colectivo con ingresos superiores a la media.
Al hablar de rehabilitación en España solamente el 5% del gasto público en vivienda se dirige a ayudas a la rehabilitación, mientras que en Italia, por ejemplo, por ley debe dedicarse el 30% al menos.
Se debe desarrollar una Ley de Bases para la Rehabilitación Urbana Sostenible que elimine la actual dispersión normativa y que posibilite alcanzar estos objetivos y complementarlos con otros cuya dimensión propiciara ciudades mas sostenibles, que generara más empleo, socialmente más confortables y las dotara de una mayor cohesión social y así, avanzar hacia un nuevo enfoque en el patrón de crecimiento económico en nuestro país.
Debe tenerse en cuenta que en España existen alrededor de 25 millones de viviendas y 1 400 000 edificios industriales o de servicios. Las actuaciones de rehabilitación se deberían realizar prioritariamente sobre el 50% del parque total que no están dotadas de ningún tipo de medida de control de gasto energético.
Es necesario plantear una nueva conformación urbana orientada con los objetivos de la sostenibilidad, que permita el desarrollo de actividades urbanas en mejores condiciones, además de ofrecer un transporte público de calidad que motive su utilización, con calidad ambiental y sin interferencias sobre el espacio público, al mismo tiempo que se dotan los espacios suficientes para el transporte sostenible.
Así mismo, se debe incorporar la visión de sostenibilidad medioambiental en el conjunto ciudad-territorio, reintegrando la ciudad a la naturaleza y la naturaleza a la ciudad. Esto implica una gestión diferente de la energía a partir del aumento de la eficiencia de su uso y la generación por fuentes renovables, la utilización de materiales también renovables y la gestión de los residuos para obtener combustibles, reciclados, materias primas y agua.
Para ello es necesario que las acciones que se desarrollen estén orientadas hacia mejorar el comportamiento térmico y acústico de la envolvente de las edificaciones, la incorporación de la cultura de la sostenibilidad en el proceso de la rehabilitación de edificios y la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones y de la accesibilidad.
Es necesario recuperar el papel de la ciudad como lugar de encuentro y desarrollo social e individual de sus habitantes, generando estructuras sociales y culturales integradoras. Este esquema anterior debe ser complementado por el desarrollo de nuevos enfoques:
- Insertar el diseño bioclimático como una premisa básica tanto de la planificación urbana como de los proyectos de edificación.
- Desarrollar los proyectos urbanos y de edificación considerando todas las implicaciones referidas a la sostenibilidad que el uso de ciertos materiales implica y encontrar los procesos que permitan estandarizar usos apropiados.
- Recuperar la fuerza del patrimonio urbano y cultural como base de identidad y proyección de un nuevo proyecto de ordenación territorial desde la modernidad.
- Focalizar el proyecto en sí mismo como un productor de oportunidades económicas dentro de una economía global, como camino hacia una economía sostenible.
- Desarrollo de una infraestructura y una calidad del medio ambiente urbano que promuevan el desarrollo personal y comunitario de los habitantes.
- Los desarrollos deben implicar la intervención de los diferentes agentes sociales y económicos: administraciones, usuarios, organizaciones sindicales y empresariales, desarrolladores y ejecutores; y al mismo tiempo conocimientos provenientes de diferentes campos del saber.
El proyecto residencial forma parte de un proyecto urbano consolidado. Es importante entender que las viviendas no son ni pueden ser piezas autónomas. Cuando funcionan, es decir, cuando son capaces de favorecer la creación de redes sociales y comunitarias, crean ciudad real y lo hacen sobre las bases de un buen proyecto urbano.
La rehabilitación y renovación urbana sostenible debe significar un cambio de concepto en la sociedad en general, no puede ser una actuación puntual sino que tiene que extenderse en el tiempo, al igual que debe calar la idea de que es necesaria la rehabilitación de edificaciones, cada cierto tiempo. No se puede seguir pensando que las edificaciones sin mantenimiento y rehabilitación son para la eternidad, sino que se debe actualizar y mejorar periódicamente, adecuándose a los nuevos avances tecnológicos que propicien comodidad, confortabilidad y garantías de futuro.
Se deben plantear ayudas a la rehabilitación en cuantías atractivas a los propietarios e inquilinos, tanto en subvenciones directas como avales y facilidades de acceso a préstamos, de forma que el gasto público en rehabilitación urbana y de vivienda sostenible se acerque a las medias europeas, incrementando notablemente el gasto actual.
Debe generarse otra cultura en el sector de la construcción, basada en la sostenibilidad y eficiencia energética, al igual que la calidad en el empleo y la prevención de riesgos laborales (considerando de manera específica los posibles riesgos potenciales derivados de la presencia de materiales tóxicos, especialmente el amianto instalado en cualquiera de sus variedades), mediante la formación y la información.
Y finalmente, deberá realizarse una amplia labor informativa de las medidas que se desarrollen para lograr un cambio estructural en la sociedad, que consolide la rehabilitación y el mantenimiento como cuestiones permanentes en la vida de los edificios.