Por una gestión sostenible de los residuos sólidos urbanos en Asturias
Jesús Ángel Alonso Fernández. Secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO de Asturias
Con la excusa del agotamiento en 2015 de la capacidad del actual vertedero de residuos, la Junta de Gobierno de Cogersa (Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias) ha aprobado la construcción de una incineradora para "tratar" 420 000 toneladas al año, lo que supondrá quemar más del 80% de los residuos de origen domiciliario que se producen en Asturias y situar a la incineración como eje central del tratamiento de los residuos.
Por esta política por la que ya se había apostado en junio de 2003, con la aprobación del Plan de Futuro 2002- 2025, obviando el hecho de que la prevención, la reutilización y el reciclaje están por delante de la incineración y el vertido en la jerarquía de prioridades, cambio de orientación denunciado por nuestro sindicato.
Lo que en realidad se agotó ya hace años es la capacidad de gestión y la voluntad política de la mayoría de los integrantes del consorcio para desarrollar una política sostenible en esta materia, manteniendo la tasa de recogida selectiva en un ridículo 10%, por debajo de la media española, e incumpliendo los objetivos mínimos establecidos en la legislación y en el propio Plan Básico de Gestión de Residuos de Asturias 2001- 2010.
Según el último Informe Anual de Cogersa (2008), estamos por debajo de los objetivos establecidos en el Real Decreto 252/2006 sobre revisión de los objetivos de reciclaje. Según esta norma, se deberían de haber recuperado en 2008 alrededor de 116 200 toneladas de materia inorgánica y sólo se recuperaron 51 200, menos del 50% del objetivo. En cuanto a la materia orgánica, ni siquiera se ha intentado.
Plan alternativo
Frente a esta política, el Consorcio Cívico (plataforma integrada por organizaciones ecologistas y sociales) ha elaborado una propuesta de Plan para la Gestión Sostenible de los Residuos de Origen Domiciliario para el periodo 2010-2040, que cuenta con el apoyo de CCOO, ya que coincide plenamente con el modelo por el que apuesta nuestro sindicato desde hace años, explicitado, además, en nuestro último congreso regional.
Según este plan, si cumplimos de aquí al año 2015 con los objetivos señalados en la legislación, junto al desarrollo a partir del año 2020 de una ambiciosa política de prevención y un ligero avance en los objetivos de reciclaje y compostaje, la "fracción resto" que debería depositarse en vertedero (105 000 toneladas al año de media en el periodo contemplado) sería casi un 30% inferior a las toneladas de cenizas y escorias que generaría cada año la incineración de la basura (135.000 T/año), que no tendrían ninguna posibilidad de uso alternativo por su elevada toxicidad.
En nuestra opinión quedan claras dos cosas:
- que la incineradora también necesita de un vertedero para las cenizas y escorias que produciría
- y que la alternativa basada en el cumplimiento de las obligaciones legales genera menos cantidad de restos a depositar en vertedero, al tiempo que produce un importante ahorro de materias primas, contribuyendo a la conservación de los recursos naturales, a la creación de empleo (hasta 10 veces más según la mayoría de los estudios) y, por tanto, al desarrollo de una economía más sostenible.
Costes de la incineradora
El coste de la instalación sería de 250 millones de euros, según Cogersa, pero el precio actualizado y los costes financieros pueden rondar los 400 millones de euros. Tampoco es cierto que no repercutirá en las arcas municipales, ya que cada ayuntamiento pasará de pagar 12,92 euros por tonelada a 56 euros en 2015, salvo que esta subida se traslade a los ciudadanos aumentando las tasas de basuras. La subida se hará sin que haya ninguna distinción entre la recogida selectiva y el resto, lo que desincentivará más las políticas de reciclaje.
Los motivos ecológicos en cuanto a materias primas y emisiones de gases de efecto invernadero; los motivos de salud sobre emisión de contaminantes cancerígenos o los motivos económicos sean por coste directo o de creación de empleo, aconsejan el plan alternativo.