A por el negavatio administrativo
El ahorro y la eficiencia energética en las administraciones públicas.
El ahorro y la eficiencia energética (AEE) no es únicamente una cuestión medioambiental. AEE significa también una mejora de la balanza comercial de nuestro país (para los más economicistas); una disponibilidad de los recursos ahorrados para gastos e inversiones en otros sectores más necesarios, como la ley de dependencia, tanto en generación de empleo como aumento de bienestar (para los que los temas sociales les pesa más); y una energía segura para todos, frente al apagón que se produce en los momentos, cada vez más frecuentes, de gran demanda para una menor oferta.
Pero tampoco significa reducir la producción o del número de empleos, sino la apuesta por una mayor productividad y una mejora en la calidad del empleo y del medio ambiente dentro y fuera de nuestros puestos de trabajo.
Es un reto incuestionable, no sólo porque nos lo exigen directivas europeas sino por el hecho objetivo de que no se puede aumentar la producción energética sin generar impactos ambientales negativos unidos a conflictos sociales. ¿Quién quiere una nuclear o una planta de ciclo combinado en su pueblo? ¿Y una nueva subestación en su barrio? ¿Y unos nuevos tendidos por sus campos o calles? ¿Existen energías alternativas para un consumo sin fin?
Todo ello nos lleva a la necesidad de producir el negavatio administrativo, la negación de la producción, la eliminación del despilfarro, el ahorro de lo superfluo y la eficacia energética en el consumo en nuestra Administración. Un difícil concepto éste del ahorro en una sociedad postulada hacia el consumo desenfrenado.
Tenemos capacidad para hacerlo y es mas barato que cualquier instalación productora verde, o no tan verde.
El mayor consumo estimado se realiza en el alumbrado público (farolas y otros artefactos luminarios), que representa casi el 40 % del total, semáforos (el 2%) y la depuración y abastecimiento de agua, que superan el 50%. Por ello se debe dar una especial importancia a los consumos de estos apartados, teniendo siempre en cuenta que el alumbrado público es para dar seguridad y visibilidad a la movilidad urbana y no para alumbrar estrellas con farolas tipo globo ni para animar a la ciudadanía a leer o coser en horario de noche. Es imprescindible fomentar el ahorro y no derrochar la energía con que se potabiliza, transporta y luego se depura una de las materias primas más necesarias como finitas de nuestro mundo, el agua.
También se debe actuar en ahorro y eficiencia en las edificaciones de las administraciones, en las compras públicas (todavía muy poco verdes) y en la movilidad al trabajo, que aún se basa en el ineficientemente transporte privado con vehículo motorizado.
¿Quién lo tiene que hacer? Son las propias administraciones las competentes y responsables. Muchas de ellas ya han promulgado normativa al efecto, pero son patentes las carencias en la legislación básica a todos los niveles, ya sea por su inexistencia o por una falta de evaluación que obligue a todas ellas a realizar planes de ahorro y eficiencia en los edificios, actividades y compras públicas.
En esta materia son las administraciones las que deben ser ejemplarizantes, como dice la última resolución de 14 de enero de 2010 de la Secretaría de Estado de Energía, por el que se aprue ba el plan de activación de la eficiencia energética en los edificios de la Administración General del Estado. Hasta la fecha, los departamentos, ministerios, consejerías y dependencias de medio ambiente parecen que no están pensados para actuar sobre la propia Administración, sino sólo sobre las empresas privadas y ciudadanía.
En este campo cabe diferenciar dos tipos de acciones. De un lado, la gestión energética y el cambio de comportamiento. De otro, las tecnológicas. En las primeras, las inversiones son escasas y sus objetivos fácilmente obtenibles mediante la planificación, información, formación y capacitación. Las segundas sólo vienen a través de las inversiones económicas. Por ejemplo, el ahorro del 9% en 2012 que pretende el Plan de Acción del Ministerio de Industria está basado en mejoras de gestión y campañas de sensibilización, sin reducir el confort de los usuarios y sin necesidad de inversiones económicas. Para 2016, con medidas tecnológicas, se pretende llegar hasta el 20%.
Los cambios de hábitos entre los trabajadores se potencian con planes de sensibilización específicos y cercanos y otros de formación eminentemente prácticos y no generalistas. En este sentido, la cooperación con los sindicatos es imprescindible, hecho que hasta la fecha no es nada frecuente.
Contamos con un empleado público ya sensibilizado. El 81,4% manifiesta que se derrocha mucho o bastante, identifica los puntos claves del problema (iluminación, calefacción, aire acondicionado, otros aparatos eléctricos y transporte), que tienen una fuerte relación con las condiciones de salud y seguridad, así como los impactos ambientales que genera el despilfarro energético. Pero necesita formación y una capacitación. Sensibilizar no es lo mismo que actuar.
Hay que evitar que el empleado público caiga en la desmotivación, sepultado en informaciones poco claras o concretas. Se necesita eficacia informativa, transparencia, traslado de las necesidades y de los logros, para mantener o recuperar la motivación. Y para ello los sindicatos somos el vehículo más indicado, motivo por el cual desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO estamos tratando de impulsar la figura del delegado de medio ambiente.
Para las acciones más tecnológicas se puede contar con la nueva figura normativa del gestor energético en edificios, que los nombrará el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía y que se encargaría del plan y resultados de las instalaciones consumidoras de energía; y de las empresas de servicios energéticos, que se encargarían de diseñar, desarrollar, instalar y financiar proyectos de eficiencia energética, cogeneración y aprovechamiento de energías renovables (solar, eólica, etc.) con el objeto de reducir costes operativos y de mantenimiento y mejorar la calidad de servicio de sus clientes.
¿Qué han hecho las administraciones públicas hasta la fecha? Poco, casi para desmoralizarse. Las inversiones han sido puntuales y escasas, las evaluaciones de los planes o programas han brillado por su ausencia y los canales para la participación, formación e información a los trabajadores paupérrimos.
Pero no nos podemos permitir el desánimo, ni sindical ni individualmente. CCOO ha estado siempre por delante de las administraciones públicas y debemos seguir estándolo, solicitando nuestra participación activa en la realización de los planes, en su puesta en marcha y desarrollo y, por supuesto, en su evaluación.
Francisco Javier Cabezos
Secretario de Medio Ambiente de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC)
Luis Molina
Colaborador de la FSC