¿Quién debe pagar el déficit tarifario?
El Gobierno ha tenido éxito en su campaña de imagen y todo el mundo conoce el Decreto-Ley 6/2009 (ya convalidado por las Cortes) como el del bono social. Fue además presentado en sociedad como una prueba más de la sensibilidad social del Gobierno para evitar que los usuarios de bajo nivel de renta sufrieran las previsibles subidas del precio de la electricidad. Pero la realidad es bien distinta, aunque haya usuarios que se beneficien de ello.
El citado decreto-ley se publicó tras una complicada negociación del Ministerio de Industria con las empresas del sector que se prolongó más de medio año, con la eliminación del déficit de tarifa como tema central. Era la preocupación principal de las eléctricas que parecían ignorar que en el mismo periodo de tiempo en que se generaba el déficit (2000-2008), las compañías hacían repartos generosos de dividendos entre sus accionistas, retribuían generosísimamente a sus altos directivos y se embarcaban en procesos de compra-venta de acciones con plusvalías escandalosas. Recuérdese que ACS compró y pocos años después vendió acciones de Unión-Fenosa con una plusvalía de 2.100 millones de euros. O que Acciona participó en la pugna por Endesa para después retirarse... con una plusvalía de 1.800 millones. O que Iberdrola, una de las empresas más combativas en este tema, ha pasado en ese periodo de tiempo de ser la segunda empresa eléctrica española a la quinta empresa mundial, adquiriendo en el camino una empresa inglesa y otra norteamericana. Y por cierto pagando por las acciones de esta segunda como si no se hubiera producido el derrumbe de la bolsa. Para cualquier persona que conozca mínimamente el sector, es evidente que su comportamiento en los últimos años es la mejor refutación empírica de las supuestas bondades de los mercados competitivos. No era pues extraña la pretensión de Miguel Sebastián de que las eléctricas arrimaran el hombro y sí cabe lamentar que el Ministerio de Industria negociara con torpeza y permitiera que se retiraran como las grandes vencedoras de la pugna.
La contrapartida obtenida es la creación del fondo de titularización del déficit del sistema eléctrico, el aval de Estado para sus emisiones y la garantía de que el déficit desaparecerá a partir de 2012. No podrá ser superior a 3.500 millones en 2009, 3.000 en 2010, y 2.000 y 1.000 millones respectivamente en los años siguientes.
Es por tanto evidente que los grandes perdedores del acuerdo Gobiernoeléctricas son los usuarios del sector. Pero no todos por igual. Entre ellos cabe distinguir los grandes consumidores industriales, y el resto (pequeña y mediana empresa industrial, sector servicios y hogares). Desde los años 90, cuando la electricidad era considerada un servicio público y los precios de la misma era determinados administrativamente para todos los usuarios, el sector eléctrico ha funcionado como un mecanismo de reasignación de rentas. Los pequeños usuarios siempre hemos pagado por la electricidad mucho más de lo que valía, permitiendo que los grandes sectores industriales pagaran por ella mucho menos.
En la actualidad hay mucha cháchara sobre la trasparencia en la asignación de costes, la aditividad de los mismos y la no discriminación. Pero la transferencia de rentas permanece inalterada. Seguimos pagando más unos para que otros se beneficien.
El día 1 de julio de este año desaparecieron las tarifas integrales (precios fijados por el Gobierno) y fueron sustituidas por precios determinados por mecanismos de oferta-demanda entre productores de electricidad y consumidores. Permaneció como excepción la llamada tarifa de último recurso, a la que pueden acogerse si lo desean los consumidores que tienen menos de 10 kW de potencia consumida. Es decir, la práctica totalidad de los hogares y buena parte del sector servicios y de la pequeña empresa, que representan más del 90 % de los contratos eléctricos, pero sólo un 40 % de la electricidad consumida.
El problema es que durante el primer semestre de 2009 la Comisión Nacional de la Energía estima que hubo un superavit de 1.146 millones de euros por parte de los pequeños consumidores. O dicho sin eufemismos, que los usuarios domésticos depositamos a través de la factura eléctrica 1.146 millones en los bolsillos de los grandes consumidores industriales. Por eso, aunque la subida del precio de la electricidad fue del 2 % en julio de este año y se presentó unánimemente por todos los medios de comunicación como moderada, y aunque se dijo que habría sido menor de no ser por el déficit tarifario, lo cierto es que de no haber prestado nuestro apoyo involuntario al sector eléctrico y a los grandes consumidores industriales, el precio de la electricidad para los hogares hubiera debido bajar.
El horizonte futuro es preocupante. La crisis ha amortiguado los efectos hasta el momento. El precio del mercado mayorista de electricidad ha bajado de 65,5 euros por megavatio en 2008 a cerca de 40 euros en lo que va de año. La pregunta de interés es: ¿que ocurrirá en los próximos años si de verdad se inicia la salida de la crisis? Esto implicará una subida del precio de generación de electricidad, un incremento más que previsible de los costes de acceso (que el Gobierno repercute vía tarifas de acceso prioritariamente a los pequeños usuarios) y una reducción del déficit de acuerdo con el calendario aprobado. O con otras palabras, lo más probable es que los precios que paguemos por la electricidad crezcan de forma importante para que las eléctricas y los grandes consumidores industriales sigan beneficiándose. ¿Vamos a permanecer pasivos?.
Ladislao Martínez López
Es miembro del grupo Ecosocialista de Izquierda Alternativa.