La cuenta atrás ya ha empezado. Un nuevo modelo productivo, más sostenible y equitativo, requiere un cambio de modelo energético. Una de las claves está en las energías renovables. No sólo aportan energía limpia, también generan miles de empleos
La necesidad de cambiar el patrón de crecimiento no es una consecuencia de la crisis financiera, sino del riesgo de que a la crisis económica se le superponga una crisis energética con un impacto ambiental, social y económico mucho más grave. Así pues, tres crisis están interactuando entre sí. En primer lugar, la crisis de suministro que ya ha anunciado la Agencia Internacional de la Energía que, después de haber estudiado los 800 mayores yacimientos petrolíferos del mundo, ha comprobado que el ritmo de descenso de las reservas se ha duplicado de 2007 a 2008 y que la crisis de suministro que la agencia había previsto para 2020 se adelantará a partir de 2010.
Unida al consumo masivo de hidrocarburos, estamos inmersos en una crisis climática debido al aumento de la temperatura del planeta por el incremento de las emisiones de CO2. Se están produciendo cambios irreversibles, como el deshielo de los polos y la apertura de la ruta marítima entre Asia y Europa por el Ártico. Estos hechos van a tener el efecto paradójico de acelerar aún más el cambio climático con la explotación de los recursos del Polo Norte. El impacto económico del aumento de la temperatura del planeta puede suponer una pérdida del 5 al 20% del PIB mundial y, para evitar, esta enorme depresión sería necesario reducir las emisiones de CO2 más del 50% antes de 2050, dedicando el 1% del PIB cada año al desarrollo masivo de energías renovables y al ahorro energético.
Estas dos crisis se superponen a la actual crisis del modelo de crecimiento que, en el fondo, es una crisis de la economía especulativa frente a una economía productiva que necesita urgentemente cambiar de especialización. Pero acabar con el modelo de economía especulativa obliga a cambiar el concepto de crecimiento, que ya no deberá basarse en las cifras obsesivas del PIB sino en la preocupación por la sostenibilidad ambiental y la eliminación de las desigualdades. Para ese cambio, las inversiones en un nuevo modelo energético van a ser claves.
La interacción de estas tres crisis llevan a la conclusión de que el siguiente boom económico va a ser el de las tecnologías energéticas, y las energías renovables están en una situación óptima porque son la tecnología energética de más rápida aplicación. La velocidad del cambio tecnológico y la rapidez de instalación de la nueva potencia renovable la hacen más competitiva que ninguna otra fuente en el corto plazo que resta para la próxima crisis de suministro. Sólo EEUU y China han reaccionado ante este escenario. EEUU ha aprobado una ley de energías limpias y un paquete de estímulo a las renovables por más de 92.000 millones de dólares y China va a dedicar su segundo plan de reactivación económica a triplicar sus objetivos de eólica y fotovoltaica.
Se requiere un cambio de política para anticiparse a una próxima crisis energética y este cambio ha de sustentarse en dos principios. Es ne cesaria otra ética de la energía que impulse una cultura del ahorro frente al despilfarro. Nuestro sistema energético no puede seguir incentivando el mayor consumo ni las compañías distribuidoras seguir compitiendo por la mayor facturación. Esto es un disparate carísimo. En segundo lugar, hay que establecer un impuesto al CO2. El crecimiento de las emisiones es un castigo para las generaciones venideras y una fiscalidad para el CO2 hoy no debe ser recaudatoria sino el soporte de una nueva cultura energética que apueste por una economía baja en carbono. El Banco Europeo de Inversiones prevé que esta economía limpia atraerá hasta un billón de euros en inversiones hasta 2020, sobre todo en las ciudades, y la Organización Internacional del Trabajo calcula en 20 millones de empleos el potencial de las renovables en todo el mundo.
España presenta los peores ratios en dependencia energética, emisiones de CO2 e intensidad energética y en los tres últimos lustros estos ratios no han mejorado: importamos más gas y petróleo, somos el país más alejado de Kioto y nuestra economía es la que más energía consume por unidad de producto de la Unión Europea. Es la consecuencia de haber priorizado un modelo energético especulativo en el que todo el esfuerzo se ha dirigido hacia las operaciones corporativas alrededor de las principales empresas energéticas nacionales. El resultado ha sido la generación de plusvalías, que ha hecho que en 2008 las eléctricas hayan incrementado sus ganancias un 86%, que buena parte del sistema tenga propietarios extranjeros y que se hayan reducido las inversiones previstas para los próximos años en cerca de 30.000 millones de euros.
La energía en una economía moderna debe afrontar los retos de reducir la dependencia e intensidad energética y las emisiones de CO2. Las energías renovables son el instrumento de política energética más eficaz para enfrentarse a estos tres retos y constituyen la mejor oportunidad de negocio, creación de riqueza y empleo. La Agencia Europea de Medio Ambiente ha calculado que la eólica en tierra puede cubrir 20 veces la demanda eléctrica de Europa y 2,3 veces la de España y EPIA, la asociación fotovoltaica europea, calcula que el sol puede cubrir ya hasta el 12% de la demanda. El mix energético español está cambiando: en el primer trimestre de 2009 las renovables han supuesto el 30% de la generación total y en 2008 fueron más del 70% de la nueva potencia instalada, y durante este año la eólica ha cubierto hasta el 11% de la demanda y la fotovoltaica el 4%.
Un análisis coste-beneficio nos indica que el coste económico que supone el consumo de hidrocarburos a cada ciudadano que viva en España es veinte veces superior al coste de las renovables. Y lo más importante es que las renovables, por su mayor gasto en I+D, el mayor margen de reducción de costes y su mayor productividad por trabajador, reúnen todos los factores de competitividad que requiere el cambio de patrón de crecimiento.
La nueva Directiva 2009/28/CE establece el objetivo obligatorio para España del 20% de consumo final de renovables para 2020, lo que supone que tendremos que multiplicar por tres en los próximos diez años todo el esfuerzo realizado en los últimos veinticinco. La directiva marca la hoja de ruta de las renovables a través de un conjunto de medidas para suprimir las actuales barreras que impiden su crecimiento, como son el constante cambio normativo, la complejidad de la tramitación administrativa o las dificultades de su conexión a red. España debe hacer la transposición de la citada directiva a través de una ley de renovables antes de diciembre de 2010 y presentar el plan de acción nacional de renovables 2011- 2020 con los nuevos objetivos y medidas de apoyo antes del 30 de julio de 2010. El cumplimiento de la directiva es una magnífica oportunidad para crear riqueza y empleo, para cumplir los compromisos de reducción de emisiones que saldrán de la cumbre de Copenhague y desarrollar una nueva especialización productiva que cambie el patrón de nuestra economía.
Desde 2006 las renovables están en una permanente situación de restricciones y riesgo regulatorio por el que España ha pasado de un modelo para hacer renovables a un modelo para hacer las menos posibles. La barrera fundamental es la falta de reconocimiento en la política económica y energética de las externalidades económicas, sociales y ambientales que aportan. Sólo por el hecho de que cada kilovatio renovable ahorra importaciones energéticas y emisiones de CO2, las renovables deberían ser consideradas estratégicas para el futuro. Es urgente una política que devuelva a la gestión energética la coherencia que necesita para anticiparse a la crisis climática y de suministro que el mundo va a afrontar a partir de 2010.
Javier García Breva
Director General de Solynova. Experto en políticas energéticas.