En este verano de 2009, los incendios forestales han sido especialmente virulentos. Hasta el 4 de octubre, y según fuentes del Gobierno, habían ardido 107.481 hectáreas, más del doble de la superficie quemada en todo 2008. D
e éstas, unas 30.000 ardieron en los quince últimos días del mes de julio. Hasta esa fecha habían sido evacuadas cerca de 14.000 personas en distintas poblaciones españolas amenazadas por el fuego. Despedimos la campaña con algo más de 14 mil incendios, una cifra escalofriante, y un parque nacional, el de las Tablas de Daimiel, ardiendo en un fuego de subsuelo con la imposibilidad de extinguirlo debido a la falta de agua y con la seria amenaza de que la UNESCO le retire la categoría de Patrimonio de la Humanidad.
Un año más, España tiene el dudoso honor de liderar el ranking de países de la UE donde más incendios se producen y donde más superficie forestal es pasto de las llamas. El número de víctimas mortales a causa de los incendios forestales se ha elevado a catorce personas. De ellas, nueve eran profesionales de la extinción (dos tripulantes de aeronaves, dos trabajadores de retenes y cinco bomberos) y otras cinco eran personas ajenas al operativo.
Las situaciones límite que se han vivido este verano ponen de manifiesto que los efectivos que luchan contra el fuego son insuficientes o que cuando los GIF (grandes incendios forestales) alcanzan grandes magnitudes terminan por apagarse prácticamente solos. También que las actuaciones en materia de prevención de incendios acometidas fuera de la campaña estival son insuficientes, como lo son los efectivos que participan en las mismas de otoño a primavera. Porque un año más, finalizan las campañas de extinción y gran parte del personal que ha defendido los bosques pierde sus empleos hasta la próxima temporada, dejando la extinción de incendios forestales como algo estacional y no permanente.
Según el Instituto Nacional de Estadística, las pérdidas económicas atribuidas a los incendios forestales en los últimos 48 años se estiman en 24.958 millones de euros actuales, lo que supone una media de 3.490 euros por hectárea de superficie forestal afectada.
Sólo un 16% de los montes españoles tiene planes de gestión, lo que evidencia que queda mucho por hacer en materia de puesta en valor de nuestros montes y terrenos forestales que conduzcan al sector forestal a ser un sector estratégico dentro del nuevo concepto de economía sostenible. Este porcentaje de montes ordenados y con planes de gestión es tan exiguo que nos induce a pensar que la situación estructural del monte español, agravada por el incremento actual del número de grandes incendios, puede provocar una continua deserción de nuestros sumideros de carbono hacia el lado de las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Resulta paradójico que nuestro país, de cara al compromiso post-Kioto, defienda postulados alineados con la compensación de emisiones mediante la función de sumideros de carbono de nuestros bosques, cuando éstos se pierden un verano tras otro.
Es del todo urgente que las administraciones tomen nota y se comience de manera inmediata a adoptar medidas más ambiciosas que luchen eficazmente contra esta lacra, máxime cuando los expertos alertan que un fenómeno como el del cambio climático incidirá de manera negativa en las consecuencias de los incendios forestales en el territorio nacional.
Francisco J. Cabezos
Secretario de Medio Ambiente de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO.