Liberalización del sector eléctrico
Comisiones Obreras viene apostando desde hace cinco años decididamente por el impulso a las energías renovables, pues además de contribuir a disminuir los impactos ambientales del modelo energético, aumenta el grado de independencia energética de nuestro país y está permitiendo el desarrollo de un sector industrial autóctono, con generación de un volumen de empleo importante que puede tener, además, condiciones de estabilidad y calidad. En ese sentido, es preciso que se consideren en los precios de la energía los costes ambientales evitados con las energías renovables.
En las últimas semanas, las grandes compañías eléctricas y el Ministerio de Industria y Energía han estado negociando la firma de un Protocolo sobre el sistema eléctrico nacional, que liberaliza los precios que dicho sistema paga a las productoras de energía y que desmonta el actual régimen de precio por kilowatio/hora, que para las renovables se sitúa en 12 pesetas lo que permite una rentabilidad importante a estas fuentes de energía. Por cierto, que la producción eléctrica nuclear queda al margen de este sistema, con precios mínimos garantizados.
Comisiones Obreras ha alertado al Ministro de Industria y Energía no sólo sobre las repercusiones negativas que la firma del protocolo de modificación del sistema eléctrico tendría sobre el carbón nacional, sino también sobre el empleo en el naciente sector de las energías renovables. CC.OO. se ha dirigido a Josep Piqué expresándole su oposición a que las fuentes renovables entren a corto plazo en un sistema eléctrico liberalizado.
La sustitución del marco legal estable, en el sentido que pretende dicho protocolo, dejaría en una situación complicada al sector productor de energía con fuentes renovables en un momento clave para su despegue.
El sector eólico es, sin duda, el que presenta unas expectativas más favorables de expansión, articulando en torno a si un tejido industrial importante, especialmente en Galicia, Navarra y Aragón.
Las energías renovables necesitan para competir con las convencionales que se mantengan las fuentes adicionales de retribución, u otras similares, que establece el Real Decreto 2366/94, estableciendo en cualquier caso un precio mínimo para la energía que suministran a la red.
La gestión de la demanda y el ahorro energético es otro aspecto «olvidado» en este Protocolo, que se está negociando, además, al margen de todos los demás sectores afectados: sindicatos, consumidores, ecologistas e incluso del cada vez más importante sector industrial ligado a las energías renovables.