¿Quién teme a la fotovoltaica?
Una pregunta sin respuesta: ¿por qué se impiden las pequeñas instalaciones productoras de electricidad conectadas a la red eléctrica? Si atendemos a la mínima racionalidad resulta incomprensible que, desde la Administración, se pongan piedras para avanzar por este camino.
Veamos de forma simplificada cómo funciona el sistema eléctrico español. La electricidad de un sistema eléctrico nacional no se almacena sino que se consume a la vez que se produce. Esto obliga a disponer de una red mallada en la que la energía generada en las centrales eléctricas se introduce en el sistema cuando se necesita y se consume instantáneamente. El control se realiza midiendo determinadas variables -como la tensión y la frecuencia- y decidiendo en cada momento qué centrales suben o bajan su producción o incluso cuales deben parar en un momento dado, para esto hay un sistema de prioridades en el que las renovables tienen preferencia. La oferta por tanto está subordinada a la demanda.
Como es lógico, si la entrada de energía dependiera de unas pocas centrales el sistema sería muy inestable puesto que cualquier fallo haría peligrar el conjunto. Parece entonces que cuantas mas centrales tengamos funcionando más estabilidad tendrá el sistema.
A todo esto hay que añadir las pérdidas de energía que se producen en la red. Si, por ejemplo, en un momento dado hay gran demanda de electricidad en la zona industrial de Cataluña y las centrales que están suministrando se hallan ubicadas en Galicia, habrá que desplazar una gran intensidad de corriente y, claro, una parte se pierde en calor. Por tanto, también es mejor que las centrales productoras estén dispersas en todo el territorio, para así poder suministrar energía a los usuarios mas cercanos con menos pérdidas.
Ahora consideremos las tecnologías existentes. Sabemos que las grandes centrales son instalaciones complejas, a veces no exentas de riesgos, y que deben ser manejadas por técnicos expertos. Pero también existen otras alternativas de las que poco se habla y que responden a otro modelo, como las instalaciones fotovoltaicas: unos paneles de silicio con un inversor y conectados a la red eléctrica con un contador. Su complejidad es menor que la de la caldera de calefacción o el ascensor que actualmente mantiene y del que asume la responsabilidad cualquier comunidad de vecinos. Es mas sencilla que una lavadora y su instalación está, desde el punto de vista técnico, al alcance de cualquier ciudadano que disponga del espacio suficiente en su tejado, terraza o jardín. Además, apenas requiere mantenimiento. De hecho, se viene utilizando desde hace muchos años en sitios a donde no llega la red eléctrica, como refugios de montaña, etc.
Si analizamos el sistema de primas a las energías renovables no parece que sea mal negocio montar una central fotovoltaica. De hecho, el pasado año se desbordaron todas las previsiones y, este año, el Gobierno ha tenido que implantar un sistema de cupos que está ahogando al sector porque las rentabilidades no son tan tremendamente apetecibles como lo eran hace un año. Aún así se instalan tantos huertos solares como se puede, a toda velocidad y con acusaciones de corrupción incluidas.
En cuanto a las subvenciones, se trata de promover las renovables ¿no? Pues bien, el Gobierno central y los autonómicos hablan de subvencionar las instalaciones fotovoltaicas en tejado pero "aisladas", o sea sin conectar a la red. Esto complica considerablemente el invento, puesto que obliga a utilizar baterías de almacenamiento y, aunque tiene todo el sentido cuando lo que se pretende suministrar está realmente aislado de la red, en medio del campo, carece de toda lógica si se dispone de red eléctrica en las proximidades, ya que el mejor recipiente para la energía es, sin duda, la propia red que, dicho sea de paso, hemos pagado entre todos antes de privatizarla.
Entonces ¿cual es el problema? Que, como tantas veces, se está legislando para los grandes. Que si un ciudadano tiene los medios y la voluntad de realizar una pequeña instalación de, digamos 5 kW, que podría cubrir perfectamente sus necesidades y verter la energía sobrante a la red, debe realizar prácticamente los mismos tramites que un huerto solar de 5 MW y cumplir los mismos requisitos que si se tratase de una empresa eléctrica. Algo no funciona bien.
Quizá hay que preguntarse quien gana y quien pierde con esto; basta revisar el sistema de tarifas para ver que la mayor carga recae siempre sobre el pequeño consumidor que no tiene capacidad alguna de negociación y debe aceptar las subidas del suministro eléctrico sea cual sea su situación económica, esté o no sufriendo la crisis. Esto se agravará con la liberalización total del mercado eléctrico en el que los precios ni siquiera estarán sometidos al control del Gobierno. ¿Quien no recuerda cuando se nos decía que con la liberalización de las telecomunicaciones bajarían los precios y se trataría mejor al consumidor gracias a la competencia? ¿Qué competencia? ¿No pasará lo mismo con la electricidad, que debería ser un servicio público esencial?
La solución no es difícil si hay voluntad política. Se podría subvencionar esas pequeñas instalaciones que quedarían fuera del sistema de primas a las renovables. Con un sistema de doble contador se mediría la energía auto-consumida y la vertida a la red. La diferencia se pagaría a un precio de intercambio, tal como hacen las empresas eléctricas entre ellas. Entonces ¿qué impide promoverlo ¿Miedo a la independencia energética del pequeño consumidor?
Reclamemos pues que a cada comunidad de vecinos, a cada ayuntamiento, a cada empresa, que a cada ciudadano en definitiva se le facilite la producción de energía limpia y que pueda verterla a la red sin grandes complicaciones y recibiendo un precio justo por ello. Ganaremos todos.
Ana Marco
Ingeniera y colaboradora de ISTAS