Peso del empleo en los sectores productivos
En 2006, el número de contratos del sector agrario constituyó el 9,47% de todos los realizados en el país. En el último trimestre de 2008, según el Observatorio Ocupacional del Instituto Nacional de Estadística, la rama de actividad de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de Agricultura, Ganadería, Caza y Selvicultura registró 820.400 contratos, frente a más de un millón en el mismo periodo en 1998. En materia de agricultura, la renta agraria de 2008 fue de 23.224 millones de euros, un 4,9% menos que el año anterior. Según los datos del Ministerio de Trabajo, con información recogida en febrero de 2009 por la Federación Agroalimentaria de CCOO, el aumento del paro en este sector supone una subida de 31.515 personas, es decir, un 41,82% sobre el mismo mes que el año anterior, por lo que se registraron 106.876 desempleados más. En relación con los datos de diciembre de 2008, la subida del paro fue del 5,46%, siendo ésta la mayor cifra desde enero de 2005. Esta importante subida del paro en el sector primario obedece a que muchos trabajadores del sector servicios y de la construcción se han inscrito como demandantes de empleo en el sector agrario.
El sector forestal se encuadra en el agrario, aunque es muy minoritario. En 2006 hubo 1.755.779 contratos en el sector agrario, de los que 60.637 correspondieron al forestal, el 0,28% del total de contratos (Tabla 1) realizados en España aquel año. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con el agrario, el sector forestal está creciendo. Su tejido empresarial experimentó un incremento de un 140% en el número de empresas entre los años 2000 y 2006 (ver la clasificación empresarial en la Tabla 2). Este comportamiento podría estar asociado, al menos parcialmente, con las nuevas oportunidades de negocio, como el desarrollo de los biocombustibles o los sumideros de carbono.
El empleo en sectores no productivos
España cuenta con 1.587 espacios naturales protegidos, que constituyen el 11,8% de la superficie del país. El número total de trabajadores de los parques españoles superaba en 2006 las 2.500 personas, de las que un 53 % (1.375) trabajaba en los catorce parques nacionales, con una media de 106 trabajadores por parque. En términos de superficie, esta cifra supone una persona por cada 227 hectáreas de parque nacional. El aumento del número de trabajadores de los espacios protegidos ha sido muy importante en los últimos años. Desde 1998 el incremento ha sido de un 71 por ciento. La variedad de situaciones es muy amplia: hay espacios con una plantilla de más de 200 personas repartidas en diferentes áreas (gestión, uso público, conservación, investigación, vigilancia y mantenimiento) y otros que únicamente tienen adscrita una persona con dedicación parcial.
Si atendemos no sólo a los parques, sino a la Red Natura 2000, la superficie que el Estado español tiene declarada como LIC (Lugar de Interés Comunitario) es un 23,4% del territorio (118.165 km2). En la Red Natura 2000, que es compatible con las actividades agroforestales, es donde además trabajan de forma especialmente intensa los funcionarios con carácter de policía judicial: unos 1.756 agentes del Seprona y unos 5.680 agentes forestales, además de unos 790 profesionales entre agentes medioambientales y personal con competencias en vigilancia del dominio público dependientes del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Lo que nos ofrece una ratio de más de 14.000 km2 por agente, sólo en los LIC.
En cuanto a los trabajadores de extinción, detección y prevención de incendios, en 2008 ascendían a 52.216. Sus situaciones son muy variadas, encontrando desde funcionarios como técnicos y agentes forestales (10%) y bomberos (12%) a personal civil con distintos tipos de contratación (11%), pasando por las fuerzas de seguridad y el personal de cuadrillas y retenes. Este último grupo engloba al grueso de los efectivos (un 57%) y es el que reúne los modelos de contratación más diversos. Y también más precarios, desde fijosdiscontinuos a temporales para la campaña de incendios. Es aquí donde además confluye el conjunto más variopinto de entidades contratantes, desde empresas públicas a privadas pasando por cooperativas locales o comarcales. La ratio media en función de la superficie forestal del país es de 637 hectáreas forestales por combatiente, aunque hay comunidades autónomas que duplican esta proporción, con más de 1.300 hectáreas por trabajador de extinción.
Conclusiones
El mundo rural es muy heterogéneo, está menos articulado que otros medios y obedece, en muchos casos, a importantes inercias. Por desgracia, además, el empleo que genera es a menudo temporal, precario y de baja cualificación.
Para asegurar la sostenibilidad y, por tanto, la permanencia de la agricultura, la Política Agraria Común (PAC) debe asociar las ayudas a criterios como calidad alimentaria y respeto al medio ambiente. El Gobierno, además, debe no sólo impedir el avance de los cultivos transgénicos, sino también fomentar la agricultura ecológica, incluyendo la formación en usos y técnicas y favoreciendo la transformación, conservación, envasado, transporte y distribución –tanto al mercado interno como de cara a la exportación– de los productos. Aún se puede crear mucho empleo en este nicho. También en la adaptación de los sistemas agrícolas y ganaderos a los escenarios de cambio climático para nuestro país. Todo lo anterior requerirá un importante plus de mano de obra, un esfuerzo en formación, y también de I+D+i.
En materia de lucha contra el cambio climático, por otro lado, el mundo rural tiene un importante papel que jugar, lo que le confiere la oportunidad de generación de bienes y servicios (y por tanto de empleo) hasta ahora desaprovechados. Tanto las medidas de mitigación como de adaptación al cambio climático requerirán de trabajo, formación y empleo.
Lo mismo podría decirse de una explotación forestal sostenible. En este contexto cabe señalar, por ejemplo, que la implantación de la gestión forestal certificada y sostenible como la FSC, o las acciones establecidas en la Estrategia Española contra el Cambio Climático relativas a los sumideros de carbono y el aprovechamiento de la biomasa forestal, ofrecen magníficas oportunidades al desarrollo para las áreas rurales en despoblamiento, que en caso de encontrar un marco de apoyo institucional y financiero podrían suponer nuevas fuentes de riqueza y empleo.
Las zonas que se encuentren en la Red Natura 2000 también pueden beneficiarse con la fijación y/o creación de empleo. La Red Natura 2000 es un buen reclamo para el turismo rural. También supone una gran oportunidad para la percepción de ciertas ayudas para agricultores y ganaderos, como las agroambientales o las destinadas a inversiones no productivas que complementen la renta de los agricultores y ganaderos –dedicados a las explotaciones extensivas y de secano– más desfavorecidos por los mercados. La gestión agrícola y ganadera compatible con los objetivos de conservación de Natura 2000 permite legitimar los pagos de la PAC, así como incluir las ayudas percibidas por estos agricultores en la llamada “caja verde” de la OMC. Natura 2000 permite también la obtención de ayudas en gestión forestal de grandes fincas. Y constituye una oportunidad para las zonas rurales deprimidas con sistemas de producción agrícolas tradicionales, y para aquellas que se están despoblando, a la vez que es una oportunidad para pequeñas explotaciones y empresarios.
La conservación del medio ambiente, además, necesita de un contingente de profesionales mayor que el actual. Por un lado, es necesaria una mayor dotación de técnicos en la administración para labores de planificación, inspección y control. Por otro, guarderías más numerosas, con mejor formación y dotación, harán su trabajo de vigilancia y protección de los ecosistemas y las especies de forma más eficaz. A su vez, un incremento de las plantillas para la extinción, pero sobre todo, para la prevención de incendios forestales, con contratos indefinidos, no sólo protegerán mejor a la población, las propiedades y los montes de los efectos de estos siniestros, sino que contribuiría a la fijación de la población rural.
También es imprescindible el reconocimiento social hacia los agricultores, ganaderos, propietarios y empresarios forestales, y fomentar verdaderos espacios de comunicación y participación en un mundo, como el rural, que cuenta entre sus mayores inercias con la de asumir políticas que vienen de fuera, y que se enfrentan a grandes incertidumbres en elfuturo.
Eva Hernández Jorge
Área de Gestión Ambiental de ISTAS
eva.hernandez@istas.ccoo.es