Incendios forestales, ¿la eterna asignatura pendiente?
En los dos últimos años los incendios forestales en nuestro país han sido menos numerosos que los registrados de media en el decenio 1998-2007 y han calcinado menos superficie forestal. Para el mismo periodo (del 1 de enero al 6 de noviembre), frente a la media de 18.000 incendios forestales del decenio 1998-2007, en 2007 se produjeron 8.787 y en 2008 se han registrado 11.112. La superficie de monte afectada también ha sido significativamente menor. En 2007 ardió casi la mitad de superficie forestal que la media del decenio (75.697,67 hectáreas frente a 127.143,41), y en 2008 la superficie afectada ha sido de 38.523,53 hectáreas, menos de un tercio de la media del decenio.
Pero esto no significa que el problema de los incendios forestales esté en vías de desaparecer, sino que los dos últimos años constituyen una excepción, si atendemos a la evolución de la ocurrencia de estos siniestros, como muestran las gráficas.
A corto plazo no cambiarán las circunstancias que determinan las causas estructurales de los incendios forestales: la tendencia creciente de despoblamiento del medio rural, el envejecimiento de su población y el descenso de las actividades económicas en el campo, el modelo de propiedad de los montes –dos tercios en manos privadas–, y el incremento de la biomasa en un país donde tan sólo el 14% de la superficie forestal está ordenada con planes de gestión –la mayor parte, montes públicos–. Lo que se traduce en la existencia de grandes masas forestales sujetas a la amenaza del fuego, y es previsible que volvamos a asistir a años con numerosos incendios forestales que afectarán a una gran superficie.
El informe Evolución de los incendios forestales en España y de la situación de los trabajadores de prevención y extinción presentado por ISTAS/CCOO el pasado mes de julio, analiza la evolución de diferentes aspectos relativos a la lucha contra los incendios forestales en los últimos cuatro años.
Entre los resultados de dicho informe, se pueden destacar los siguientes:
✔ Las inversiones para la lucha contra los incendios forestales han experimentado un incremento general de un 46,42% en los últimos cuatro años. La media de inversión a nivel estatal es de 32,64 euros por hectárea forestal. El esfuerzo inversor supone que por cada 1.000 euros de PIB, se han destinado a la lucha contra los incendios forestales 8,37 euros de media en 2008. Las comunidades con mayor esfuerzo inversor son Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Andalucía y La Rioja. En el otro extremo se encuentran País Vasco, Madrid, Cataluña, Baleares y Canarias.
✔ Desde 2005 se ha producido un incremento del personal que lucha contra los incendios forestales de un 30,34% y se ha pasado de unos 30.000 profesionales (según fuentes de la Dirección General para la Biodiversidad) a más de 51.000, según los datos que ha podido obtener ISTAS. Pero la media de superficie forestal –unas 637 h– a cubrir por los combatientes contra el fuego es muy alta y lo es aún más si se analizan los casos de algunas comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura, con más de 1.000 hectáreas por combatiente.
✔ La situación de los trabajadores del Estado y de algunas comunidades autónomas como la andaluza, la castellano- manchega, la castellano-leonesa y la aragonesa ha mejorado en los últimos años en términos de estabilidad laboral, formación o prevención de riesgos laborales, pero las mejoras no son suficientes. En la comunidad gallega CCOO denunció en mayo de este año la necesidad de un refuerzo técnico y profesional para las labores de extinción.
✔ Se siguen detectando numerosas carencias en materia de prevención de riesgos laborales, con trabajadores que no han recibido la formación adecuada o que tienen turnos y horarios excesivamente largos, pasando por casos en los que la equiparación de los combatientes es deficiente o no es la adecuada.
✔ Aún se desconoce el origen de aproximadamente el 20% de los incendios forestales. Si bien se han producido importantes mejoras para facilitar la investigación en las fiscalías, se detectan graves carencias. Algunas comunidades autónomas se inhiben de emplear sus propios medios –como el Cuerpo de Agentes Forestales– para investigar la causa de los incendios forestales. Es el caso de la Comunidad de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. Estas dos últimas y Cantabria y Castilla y León, además, contratan el servicio de empresas privadas para la investigación de incendios, algo imposible de asumir desde el punto de vista sindical y de defensa de la función pública.
Comisiones Obreras demanda que la política para la lucha contra los incendios forestales se base en la prevención, es decir, en la ordenación de los montes, una inversión adecuada en los mismos y su explotación sostenible. Es imprescindible para ello impulsar al sector forestal, con inversiones muy superiores a las actuales. Sería determinante, además, que se ampliasen a todo el año los trabajos de prevención de incendios con presupuestos y personal incrementados, asegurando que todos los colectivos implicados en la lucha contra las llamas realicen su trabajo de forma segura, así como mejorar la investigación de estos siniestros, para que se conozcan sus causas y se destierre la aparente impunidad de la que hoy goza el que prende fuego al monte.
Eva Hernández
evahernandez@istas.ccoo.es
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