Las renovables fueron responsables en 2007 del 19,8% de la producción eléctrica de nuestro país, representando el 7% del consumo de energía primaria, un 0,5% superior al 2006 a pesar de la baja pluviosidad y el aumento del consumo. Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), las renovables superaron en producción eléctrica a la nuclear.
El Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010 retomó el objetivo de planes anteriores de que en 2010 el 12% de la producción de energía primaria tuviera un origen renovable. Este objetivo implica que la producción de origen renovable para esa fecha sea de 20 millones de toneladas de petróleo equivalente (tep). En 2007, dicha producción ha sido de 10 millones de tep, con un aumento de 0,8 millones respecto a 2006. Para alcanzar el objetivo, por tanto, hay que incrementar en 10 millones de tep en tres años la producción de energía de origen renovable, lo que supone 3,3 millones anuales, una cifra bastante superior a los 0,8 millones de 2007.
Para conseguirlo, es imperativo fortalecer las medidas de apoyo a las energías renovables y, simultáneamente, impulsar medidas decididas y agresivas hacia el ahorro y la eficiencia energética, que nos ayudarán a cumplir nuestros compromisos con menor esfuerzo. Hay que tener en cuenta que los costes serían sensiblemente inferiores a los establecidos en el PER 2005-2010, que se realizó sobre la base del precio del crudo a 50$ el barril.
El esfuerzo debe realizarse en todas las tecnologías, incluso en aquellas que previsiblemente cumplirán sus objetivos, como la eólica y la fotovoltaica. Habría que hacer especial hincapié en los objetivos de las áreas térmicas, como la biomasa y solar térmica, las cuales suponen un ahorro directo. Además, habría que potenciar la solar termoeléctrica y la cocombustión. Estas cuatro tecnologías suman más del 33% de los objetivos del PER, además de tener un potencial muy prometedor.
Si el marco económico es adecuado, como ha ocurrido con la eólica y la solar fotovoltaica, conseguiremos energía basada en un recurso natural autóctono, y gratuito, con una inversión privada adecuada, una industria creciente y una tecnología nacional competitiva en el mercado internacional. Como dato relevante, cabe señalar que la energía eólica, tecnología en la que España es líder mundial tras Alemania, Dinamarca y Estados Unidos, incrementó en un 29% la potencia instalada en 2007 a nivel mundial y creció en un 16% su producción de energía con respecto al año anterior. Hay que tener en cuenta que el 96% de los aerogeneradores instalados en 2007 fueron suministrados por fabricantes implantados en España y con un 67% de tecnología nacional.
Para seguir en esa línea es fundamental desterrar la incertidumbre regulatoria, con su repercusión directamente proporcional sobre el sector financiero e inversionista.
Beneficios estratégicos de las renovables
Casi todas las renovables tienen un coste de inversión elevado, pero costes de operación muy bajos, lo que les permite entrar en el mercado a un coste menor, ayudando a reducir el precio de la electricidad. Es cierto que, por el momento, se necesitan tecnologías de apoyo –por ejemplo, la hidráulica o sistemas de bombeo– a las renovables, principalmente para cubrir la intermitencia de la eólica y fotovoltaica. Además, se están desarrollando herramientas que ayudarán a reducir esta situación.
Las renovables pueden proporcionar ahorros económicos directos en función de la cantidad de electricidad introducida en el sistema. Expertos en la materia estimaron que la energía eólica había ayudado a reducir en 12,44 euros por MWh el precio de la electricidad entre 1 de enero y el 31 de mayo de 2007, lo cual repercute directamente en una reducción de la factura eléctrica de los consumidores. De manera indirecta, un mayor aporte de energía renovable nos reduce nuestra necesidad de comprar derechos de emisión de CO2 en el mercado de emisiones.
Si se trabaja en la mejora de las redes eléctricas y los métodos de gestión y predicción de generación de electricidad renovable, se facilitaría un mayor aporte renovable, reduciendo los costes de la electricidad, ya que reduciríamos la necesidad de aporte térmico convencional y de derechos de emisión.
No obstante, este es un elemento que las estrategias de grandes productores de electricidad convencional pueden truncar ofertando a precios superiores, ya que el precio final es el que se paga a todos los productores por igual.
Aumentar la participación de renovables añade otro beneficio innegable que otras tecnologías no tienen (tampoco la nuclear): la reducción de nuestra dependencia del exterior. Cuanto mayor sea la aportación de las renovables en el mercado, menores serán los impactos derivados de los aumentos de los precios de los combustibles fósiles o nucleares, lo cual consigue su máximo en un escenario 100% renovable. Las renovables ayudan a estabilizar los precios de la electricidad. Esa estabilidad facilita la seguridad financiera de inversión. Reducir nuestra dependencia externa evita los problemas asociados a la garantía de suministro, ligada a las condiciones políticas y comerciales de los países suministradores y, además, mejora la balanza comercial.
En cuanto a los beneficios medioambientales y para la salud, las renovables no emiten contaminantes, como CO2, SO2 y NOx, y, por supuesto, no generan residuos radioactivos, que permanecen activos durante miles de años.
La tecnología va mejorando y, a corto plazo, resultará posible aumentar la presencia de la energía procedente de fuentes renovables en el sistema energético español, reducir los problemas de operación del sistema y limitar la necesidad de utilizar potencia convencional de generación. Las renovables podrían ser la herramienta de una nueva revolución industrial.
Emilio Manuel Rull Camacho
Área de Medio Ambiente de ISTAS
Un repaso a la legislación. De la crisis del petróleo a la III Revolución Industrial
La segunda crisis del petróleo dio lugar a la Ley 80/1980, cuyo objetivo era mejorar la eficiencia energética de la industria y reducir la dependencia del exterior. De esta manera, comenzó la autogeneración eléctrica y la producción hidroeléctrica de pequeñas centrales. El Plan Energético Nacional 1991-2000 incentivó la cogeneración y la producción con energías renovables. Con la Ley 40/1994 se estableció el régimen especial.
Tres años después, en 1997, se aprueba la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, con objeto de liberalizar el sistema eléctrico, garantizar el suministro con una calidad adecuada al menor precio y minimizando el impacto ambientalcon lo que se concretó el Régimen Especial: tecnologías de generación que utilizan las energías renovables con potencias inferiores a 50MW, los residuos y la cogeneración. Además se garantiza el acceso a redes eléctricas. En 1998, se aprueba el sistema económico para el Régimen Especial por el RD 2818, aunque se tuvo que esperar al RD 436 de 2004 para disponer de la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico.
El primer Plan de Fomento de Energías Renovables se aprobó en 1999 y recoge el objetivo del 12% del consumo de energía primaria en el año 2010 procedente de fuentes renovables.
Durante 2007 se aprobó el RD 661 con el objeto de garantizar la máxima penetración, asegurando la calidad del suministro, e integrar los cambios en la regulación europea sobre cogeneración. Asimismo, y en aras de armonizar con las políticas de la UE, se aprobó la Ley 17/2007 del Sector Eléctrico, que modifica a la Ley 54/1997. Además, se han desarrollado diversas normativas y estudios específicos, como el Estudio Estratégico Ambiental del Litoral Español para parques eólicos marinos o el polémico RD 1578/2008 sobre energía solar fotovoltaica que, como comentan muchos expertos, no cumple todas las expectativas del sector al imponer los cupos, que pueden lastrar la evolución del mercado y la falta de aspectos fundamentales para el despegue del mercado en la edificación.
Los siguientes pasos legislativos para fortalecer este sector estratégico debieran ser el desarrollo de la tan esperada ley de energías renovables, que trasponga la directiva europea que recoge el objetivo del 20% del consumo procedente de renovables para España. Esta norma debería constituirse en un pilar significativo para el cambio de modelo de nuestra economía y de nuestro sistema energético.