Retos ambientales de la legislatura
La anterior legislatura se caracterizó por un impulso legislativo en materia medioambiental, generalmente basado en el desarrollo de directivas comunitarias (leyes de responsabilidad ambiental, de calidad del aire, de biodiversidad...) y de estrategias y planes de carácter sobre todo global y energético (Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, Estrategia Española de Cambio Climático, Plan Nacional de Asignación 2005-2007 y 2008-2012, Programa AGUA...)
En la legislatura surgida de las elecciones de este año, además del desarrollo y aplicación de estas normas, el Gobierno debería fijarse como prioridad la reorientación de otras políticas sectoriales que necesitan una urgente ecologización, especialmente en lo que concierne a la lucha contra el cambio climático. La “absorción” del Ministerio de Medio Ambiente en el nuevo ministerio es un mal comienzo que va a dificultar –más allá de las palabras- la adopción de medidas respecto a las políticas ambientales que el país necesita.
La política de transporte necesita una ley estatal que determine la planificación en cascada de la movilidad sostenible y una reorientación de la financiación de las infraestructuras y servicios de transporte. En energía, es imprescindible un nuevo modelo que apueste más por el ahorro y la eficiencia de todos nuestros sectores y, especialmente, de los servicios y la edificación, a través de una ley específica y de otras medidas, como un plan de rehabilitación de viviendas con criterios de eficiencia (como el que se describe en este mismo número de Daphnia) o el cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y la normativa de certificación energética. El nuevo modelo debe garantizar un marco legal que dé estabilidad y suficiencia económica a las energías renovables y que les permita aumentar su cuota en el sistema energético y contribuir al desarrollo del tejido industrial.
En el ámbito de las competencias directas del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino se hace necesario, entre otras cuestiones, aprobar un plan integrado de residuos que fije objetivos y medidas para su reducción y para su recuperación. Y respecto a la política de aguas, es preciso acometer la reforma legal de las
Confederaciones Hidrográficas para poder gestionar los recursos hídricos conforme a la Directiva Marco del Agua y a los planteamientos de la nueva cultura del agua, así como acometer el proceso de planificación hidrológica en curso con la adecuada participación social.
Esperamos que la pérdida de peso específico de las competencias medioambientales en la nueva estructuración de los ministerios no sea óbice para que los responsables del Gobierno aborden con firmeza todos estos desafíos que se van a plantear en esta legislatura.