Representantes de 190 países de todo el mundo se reunieron el pasado diciembre en la isla indonesia de Bali para sentar las bases de un nuevo tratado internacional de reducción de emisiones de CO2 que sustituyera al actual Protocolo de Kioto. La delegación sindical estuvo formada por más de 80 personas de 22 países diferentes, desarrollados y en desarrollo. Ana Belén Sánchez, técnico de cambio climático de ISTAS/CCOO formó parte de esta delegación
Entre los aspectos a tratar había dos de especial importancia para el futuro del planeta. Primero, que Estados Unidos –que no ha ratificado el Protocolo de Kioto a pesar de ser el principal país más emisor– y países emergentes como China o India se comprometieran a asumir un acuerdo global de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Segunda, que se establecieran mecanismos de transferencia de tecnología y de financiación de modo que los países menos desarrollados pudieran crecer contaminando lo menos posible.
Tras largas y arduas negociaciones, en las que se estuvo al borde de no llegar a acuerdo final en esta Cumbre del Clima, se aprobó la Hoja de Ruta de Bali. Este documento sienta las bases de las negociaciones futuras sobre cambio climático, que deberán concluir en 2009 con un nuevo acuerdo que dé continuidad al Protocolo de Kioto tras 2012 y que garantice una reducción de emisiones suficiente como para impedir una concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera que provoque un calentamiento global del planeta superior a 2 oC, una subida de temperatura a partir de la cual los efectos pueden ser catastróficos.
La Hoja de Ruta de Bali contiene un acuerdo tímido en objetivos de reducción, lejos de lo que han demandado los científicos y la sociedad civil, aunque se han sentado las bases para poner en marcha un nuevo protocolo, pues se acordó crear un nuevo organismo dependiente de la Convención de las Naciones Unidas contra el cambio climático –con todos los países, incluido Estados Unidos– encargado de terminar su trabajo y presentar sus resultados en 2009 en la Cumbre de Copenhague.
Otra virtud del documento aprobado es que se establecen compromisos diferentes para los países desarrollados y en desarrollo, como corresponde al principio de responsabilidad común pero diferenciada. Sin embargo, no fija con claridad la cantidad de reducciones que habría que alcanzar en 2020, lo que sin duda complicará excesivamente las futuras negociaciones.
El texto incluye, además, otras cuestiones que dibujarán el próximo acuerdo después de Kioto. Se trata de la planificación de nuevas medidas de adaptación al cambio climático –en especial para aquellos países más vulnerables–, acciones para mejorar la transferencia de tecnología limpia a los países en desarrollo que permitan crecer en el marco de un desarrollo sostenible y, por último, el diseño de nuevas formas de financiación que permitan llevar a cabo todos los acuerdos anteriores.
La dimensión económica y social del cambio climático está siendo cada vez más valorada, incluso ha habido referencias al empleo, tanto en la intervención de apertura del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, como en algunas intervenciones de los ministros, entre ellos, la de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien demandó de la Conferencia que integrase en el proceso la dimensión del empleo y el diálogo social. No obstante, la dimensión socioeconómica sigue sin tener el protagonismo necesario en las negociaciones de cambio climático, lo que habrá que corregir con urgencia para involucrar al conjunto de la sociedad y a los trabajadores en particular en los esfuerzos y oportunidades que ofrecen las medidas para hacer frente a este desafío.
Ana Belén Sánchez
absanchez@istas.ccoo.es