La gestión del agua en esta legislatura

Agua.

La gestión del agua en España ha vivido en el periodo 2004-2008 un cambio de paradigma con la asunción que ha sido sólo formal por parte del Gobierno de la nueva cultura del agua. Una asunción que ha sido sólo formal, ya que esta nueva forma de entender el agua no se ha integrado aún ni en la gestión cotidiana y en la planificación de los recursos hídricos ni en la cultura de partes importantes de quienes administran el agua y de los principales consumidores, pricipalmente los agricultores

El Gobierno ha incumplido las principales promesas: la aprobación de una nueva ley de aguas que reforme las Confederaciones hidrográficas sobre todo, el importante retraso del programa de desalación

Para conocer los retos que plantea la gestión del agua en la legislatura que comienza es necesario realizar un balance previo de la anterior e incorporar aquellos elementos relevantes, como la persistencia de la sequía, con especial intensidad en el arco mediterráneo.

Un balance con luces y sombras La legislatura del Gobierno en la gestión
del agua presenta bastantes luces e importantes sombras. Entre las primeras, cabe destacar el desarrollo del Plan Hidrológico Nacional y del Programa AGUA (Actuaciones de Gestión y Utilización del Agua), que han avanzado razonablemente en muchos aspectos: gestión de los vertidos, actualización de cánones, deslinde y protección del dominio público hidráulico y racionalización de la normativa de planificación hidrológica integrando las exigencias de la Directiva Marco del Agua y dando comienzo al proceso en las cuencas hidrográficas con participación pública.

Pero frente a estos avances, la gestión del Gobierno se oscurece, pues ha incumplido las principales promesas electorales: la aprobación de una nueva ley de aguas que reforme las confederaciones hidrográficas y, sobre todo, el importante retraso del programa de desalación. Estos son los principales desafíos, junto a la resolución definitiva de los conflictos con las comunidades autónomas en relación con sus competencias en la gestión del agua, que deben ser solventados en esta legislatura.

El Programa AGUA apostaba por sustituir el trasvase del Ebro impulsado por el PP por 650 hm3 aportados por 26 desaladoras. En la actualidad, al parque presente de plantas desaladoras en 2005 sólo se han sumado dos en funcionamiento, dos a punto de inaugurarse y, el resto, en construcción o en proyecto. El hecho es que sólo está disponible el 38% de lo previsto. El Ministerio de Medio Ambiente asegura que en 2009 estarán operativas las demás, con una inversión de 1.945 millones de euros.

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El fracaso parcial del programa de desalación tiene varias causas. Sin menospreciar la irresponsable oposición del PP, que ha llegado a realizar alegaciones medioambientales para dificultar la construcción de instalaciones, la más importante es, sin duda, la combinación de una sobrevaloración de la demanda real de agua que, no olvidemos, es un error y una responsabilidad de las propias confederaciones, con el precio final resultante de sumar al metro cúbico de desalación el coste de las infraestructuras de distribución necesarias, en especial para el regadío.

La planta de Carboneras es un ejemplo paradigmático. Construida por el PP y con una capacidad para desalar 42 hm3 al año y un coste de 254 millones (el triple de lo presupuestado), cuando fue inaugurada por la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, sólo funcionaba al 12%. La ministra afirmó que al final de la legislatura funcionaría a pleno rendimiento, pero la realidad es que sólo desala el 15% de su capacidad. Fuentes de la empresa pública Acuamed afirman que en 2008 la planta funcionará al 35% y en 2009 rondará el 50%. Y, en plena sequía, se habla de transportar agua por barco a Barcelona.

La oposición de muchas comunidades autónomas –independientemente del partido gobernante en ellas– a la propuesta de reforma de las confederaciones hidrográficas del Ministerio de Medio Ambiente ha impedido que se cumpliera la promesa electoral de aprobar una nueva ley de aguas.

La reforma de las confederaciones hidrográficas es una condición imprescindible para poder gestionar los recursos hídricos desde la nueva cultura del agua y es, además, un imperativo democrático. En su seno, y con una estructura superviviente de la dictadura predemocrática, están enquistadas las posiciones y las personas que defienden el monopolio de la gestión del agua. Aún se mantiene la sobrerrepresentación en los organismos de gestión y planificación de las comunidades de regantes, de las empresas eléctricas y de otros sectores, mientras se impide o minimiza la presencia de intereses sociales (sindicatos, patronales, ecologistas…) tan interesados y legítimos como los suyos.

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Sin embargo, la propuesta del Gobierno se ha limitado a dar respuesta a las exigencias de los gobiernos autonómicos en materia de reparto de competencias y no a definir una reforma, tan necesaria como urgente, para convertir las confederaciones hidrográficas en el instrumento que gestione eficaz y realmente los limitados recursos hídricos disponibles en el ámbito del Estado.

Retos

El Gobierno debería tener presente, de cara a la siguiente legislatura que:

  • Es urgente una modernización y una apertura a la sociedad de los organismos de cuenca que incluya una política de incremento de los recursos humanos en la administración del agua a nivel estatal, que impida la proliferación de asistencias técnicas y la continua externalización y privatización de la gestión del agua. 

 

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  • Hay que resolver el conflicto de las distintas comunidades autónomas en relación con sus competencias en la gestión del agua. En especial, para responder a las demandas de los estatutos de autonomía y a la integración en las confederaciones hidrográficas.

 

  • Por último, y en este relativo agravamiento del periodo cíclico de sequía, hay que continuar el proceso de planificación hidrológica, que debe acabar con la aprobación de los planes de cuenca en el año 2009 (proceso en el que CCOO está reconocida como “parte interesada” en todas las cuencas)

 

    • En el año 2008 deben estar sometidos a participación pública los borradores del plan de medidas de cada demarcación definidos en la Directiva Marco del Agua.
    • En 2009 deben aprobarse los planes de cuenca para preparar el nuevo Plan Hidrológico Nacional.


Ángel Muñoa
amunoa@istas.ccoo.es

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